A raíz de distintos relatos que recibió de parte de mujeres de las fuerzas de seguridad, la diputada provincial del partido SI, Alicia Gutiérrez presentará el próximo jueves un proyecto para crear el Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías (CIPGEN). Este organismo deberá "garantizar la asistencia y acompañamiento integral a las mujeres que se desempeñan en la Policía de la Provincia y en la Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia, que resulten víctimas de discriminación y violencia de género en el ámbito laboral". Pero es más amplio: también deberá intervenir cuando la violencia sea en el ámbito doméstico, si quien la ejerce también es parte de las fuerzas de seguridad.
La legisladora argumentó la obligación del Estado de garantizar para "las mujeres que revisten como agentes en las fuerzas de seguridad los derechos amparados en diversos instrumentos legales que propenden a eliminar la discriminación contra la mujer y la violencia de género". Recordó que "en los últimos tiempos, las mujeres policías han visibilizado las situaciones que padecen cotidianamente dentro de las fuerzas de seguridad". Y recordó que en muchas provincias se autoconvocaron en redes de "autoprotección ante las conductas patriarcales y machistas que padecen en estas instituciones".
El Centro deberá tener una directora, delegadas en cada nodo regional y una referente por cada unidad regional de policía.
Entre las injusticias e inequidades, detalló las que sufren "a la hora de tomar licencias, acceder a asensos, realizar las mismas funciones que sus compañeros varones a igual capacidad, hasta gravísimas situaciones de acoso sexual y toda otra forma de violencia de género".
Gutiérrez plantea que el CIPGEN "ponga en marcha los mecanismos de contención, acompañamiento y todos los dispositivos necesarios", además de "brindar asesoramiento jurídico y contención psicológica" a quienes realicen les presentaciones, asesorarlas sobre los trámites administrativos o judiciales a seguir, acompañarlas en esos pasos, y hacer seguimiento de las actuaciones administrativas. Entre las funciones que se proponen, el organismo deberá "instar al Ministerio de Seguridad" para que "implemente los mecanismos necesarios que permitan el cese inmediato de la violencia laboral: Aconsejar traslados, otorgar licencias, readecuar las tareas e insertar las incidencias en los legajos laborales respectivos".
El Centro está pensado para "llevar registros de todos los casos en los que intervenga" y sobre "el estado de las actuaciones administrativas y causas judiciales, solicitar informes sobre las medidas adoptadas por las competencias correspondientes, y asentar en dicho registro el resultado· final de los sumarios administrativos y/o disciplinarios y en su caso de las resoluciones judiciales". A partir de todo ese material, deberá "desarrollar y proponer proyectos para garantizar las condiciones de acceso, permanencia, promoción y condiciones de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres pertenecientes a las Fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias". Todo esto se hará en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Centro deberá tener una directora, pero también delegadas en cada nodo regional y una referente por cada unidad regional de policía y por cada unidad penitenciaria, "para asegurar la atención inmediata de la víctima".
