Casación reconoció la superpoblación de la cárcel de Marcos Paz y prohibió nuevos ingresos
"Un escenario atroz para las personas presas"
La Sala II de la Cámara de Casación hizo lugar a un habeas corpus colectivo y exigió el resguardo de los derechos de los detenidos. Los jueces observaron que en celdas individuales hay más de un detenido y que se eliminó el espacio destinado al gimnasio. Marcos Paz tiene cupo para 1472 personas, pero en este momento hay más de 2800.
El gimnasio convertido en pabellón para presos comunes en Marcos Paz.El gimnasio convertido en pabellón para presos comunes en Marcos Paz.El gimnasio convertido en pabellón para presos comunes en Marcos Paz.El gimnasio convertido en pabellón para presos comunes en Marcos Paz.El gimnasio convertido en pabellón para presos comunes en Marcos Paz.
El gimnasio convertido en pabellón para presos comunes en Marcos Paz. 

Sobrepoblación, duchas por turnos, falta de calefacción y cloacas, presos sin trabajo, celdas individuales con dos personas, comida con suero, canchas de fútbol y gimnasios transformados en pabellones para poner más internos, guardias desbordados que descargan su malestar con los presos, detenidos que se organizan en asambleas. Este explosivo diagnóstico generó el pedido de un habeas corpus colectivo por parte de la Procuración Penitenciaria y la comisión de Cárceles de la Defensa Pública en amparo de las personas detenidas en la cárcel de Marcos Paz. La Cámara de Casación hizo lugar al pedido y prohibió el ingreso de nuevos internos a esa unidad penitenciaria del sistema federal, que mantiene encerradas a más de mil personas por arriba de su capacidad real. El fallo emitido por la Sala II de ese tribunal denunció la sobrepoblación y cuestionó la declaración de emergencia que hizo el Gobierno frente al aumento de la cantidad de presos, que se debe a las políticas de mano dura tales como la ley de flagrancia y a la persistencia de la prisión preventiva para imputados sin condena, el 57 por ciento de la población carcelaria.

"Es deber de los Estados no sólo garantizar la dignidad de las personas sujetas a su control durante la detención, sino que existe un deber de dar explicaciones sobre lo que sucede con los detenidos y una especial función de garantía por parte del Estado en el resguardo de derechos con motivo de la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de la libertad", escribieron los camaristas Alejandro Slokar y Angela Ledesma en la resolución con la que revocaron el fallo de la Cámara Federal de San Martín, que había rechazado el habeas corpus colectivo en favor de los presos.

Hubo dos elementos detonantes, la incorporación de camas cuchetas en celdas destinadas a un sólo detenido y la eliminación del sector donde los internos realizaban actividad física. Los jueces de la Sala II de Casación habían realizado el 3 de junio una visita a la cárcel de Marcos Paz, donde verificaron que "las modificaciones observadas han cambiado el modo en que los internos cumplen su privación de la libertad". El cupo de plazas de ese penal es de 1472, pero en este momento hay 2832 personas. La Justicia estableció la necesidad de realizar un peritaje para conocer la capacidad real del lugar, pero la medida aún no se ha realizado. También quedó comprobado que "fueron instaladas camas dobles en celdas individuales, se realizaron modificaciones en el gimnasio de la Unidad Residencial V del Complejo y se efectuaron traslados de detenidos provenientes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires".

La fiscalía expresó que "si se implementa una política criminal con mayor endurecimiento de penas, el Estado debe tomar previamente las medidas necesarias para hacerlas compatibles con el debido respeto de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales". El fiscal Javier De Luca constató que en el gimnasio transformado en sector de alojamiento colectivo "residían 95 personas, a partir de la instalación de camas tipo cucheta en grupos de cuatro, alineadas una junto a otra, con espacio mínimo e insuficiente para el tránsito (...) En el mismo recinto se agregaron por construcción de albañilería 12 duchas que presentan irregular funcionamiento y también se incorporaron dos mingitorios sin puerta, de suerte que ninguno posee resguardo de privacidad. El recinto cuenta con un techo de chapa, solo dispone de cuatro ventiladores, careciendo de ventilación suficiente y calefacción. La instalación eléctrica resulta deficiente, con cables expuestos y evidente precariedad en enchufes y empalmes. El otrora espacio de recreación exterior se encuentra reducido a la improvisación de un patio de tierra, donde fue observado el tendido de ropa".

Quienes invocaron el habeas corpus colectivo fundamentaron que "la situación observada se inscribe en una dinámica de gran encierro importada en muchos países de la región, en donde más de la mitad de los presos no están condenados sino en prisión preventiva, siendo que de esta mayoría de inocentes el grueso lo componen aquellos encerrados por delitos contra la propiedad y distribuidores de tóxicos en pequeña escala, masiva segregación que conduce al reemplazo de la denominación cárcel por la de 'depósito humano' o incluso 'vertedero', que se gestiona con una lógica de población enemiga y no ofrece promesa alguna de reforma sino de mera inoculización".

En su voto, Slokar hizo lugar al amparo al considerar que "encarcelamiento masivo, superpoblación, ausencia de cupo carcelario cierto, estándares internacionales ignorados y responsabilidad del Estado evadida, constituyen un escenario atroz para la integridad de las personas presas y en forma refleja para el tejido social, pues la comunidad toda padecerá las consecuencias de tanto desatino frente a decisiones públicas que, es sabido, deben adoptarse de inmediato". En igual sentido se pronunció Ledesma, al decir que "la presente acción se ha iniciado hace más de cuatro años y que la medida cautelar de no innovar fue peticionada el 29 de noviembre de 2018, esto es, hace más de seis meses, lo que implicó que el transcurso del tiempo operara en desmedro de la pretensión cautelar formulada. De modo que corresponde resolver este caso atendiendo especialmente a la necesidad dar una solución que implique una pronta respuesta al planteo articulado sin más demoras".

Así, aunque el juez Guillermo Yacobucci votó en disidencia, Casación determinó que "el Servicio Penitenciario Federal deberá adoptar de manera progresiva en el plazo de 120 días las medidas necesarias para la reubicación de los internos alojados en las celdas en cuyo interior se incorporaron camas adicionales y los ubicados en el gimnasio correspondiente a la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz", y ordenó que mientras se cumple con el plazo "se extremen las medidas para reducir la precariedad de la situación actual de los internos mediante la provisión de todos aquellos servicios y bienes que hagan al estricto respeto de sus derechos hasta tanto se fije el cupo, cuya pericia fuera dispuesta". Los camaristas, además, exhortaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos "para que de manera inmediata adopte las medidas necesarias en orden al resguardo de lo dispuesto" en el fallo.

PáginaI12 comprobó recientemente las condiciones de detención en Marcos Paz, en su visita al preso político Daniel Ruiz, que encabeza los reclamos de sus compañeros de encierro del pabellón 5. "La comida viene con suero para los que tienen abstinencia de paco, pero se lo sacamos y la volvemos a cocinar. Cuando empezamos a hacer asambleas nos mudaron a un pabellón sucio y con ventanas rotas, lo arreglamos solos por nuestra dignidad. El encierro saca lo peor pero también lo mejor de las personas. El Gobierno y los penitenciarios te quieren desestabilizar, pero vamos construyendo afinidad". Así resumía Ruiz la vida tras las rejas de Marcos Paz.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ