En una carta enviada el mes pasado a los trabajadores de la estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), a la que accedió PáginaI12, el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, aseguró que “la empresa está atravesando una situación muy delicada”. Pese a la fuerte suba que registró la tarifa eléctrica en los últimos años, la compañía acumuló una deuda por más de 4000 millones de pesos con sus proveedores y viene incumpliendo el Convenio Colectivo de Trabajo. “Si todos quisieran cobrar todo al mismo tiempo y rápido, el resultado sería simple y dramático: nadie cobraría, porque la empresa no podría afrontar sus compromisos. Esta es una empresa pública. No tiene arriba un ´señor Burns´ que gana mucho dinero”, agrega Gadano en una insólita referencia al malvado personaje Charles Montgomery Burns, que en la serie televisiva Los Simpsons es el propietario de la planta de energía nuclear de Springfield.

“Respecto de nuestras finanzas: como ustedes saben, la empresa está atravesando una situación muy delicada. (…) Eso es así porque nos hicimos cargo con fondos propios de parte de la última etapa del PEV (Proyecto de Extensión de Vida) de Embalse, y también porque Atucha II generó en los últimos meses muchísimo menos de lo que esperábamos”, aseguró Gadano, quien a su puesto de subsecretario le sumó a fines de marzo el cargo de presidente de NA-SA, la empresa responsable de administrar las tres centrales nucleares de potencia que tiene Argentina.

Gadano reconoce en la carta no solo deudas con los proveedores sino también el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. “Después de casi un semestre en déficit operativo hemos vuelto a generar más recursos que los que necesitamos para funcionar, lo que significa comenzar a reducir la deuda con proveedores y comenzar a pagar los conceptos incluidos en el Convenio Colectivo para este año. Nos gustaría saldar rápidamente la bonificación anual, pero la situación no nos permite hacerlo”, sostiene. Ese atraso se produjo porque a comienzos de este año la empresa reprogramó en seis cuotas, sin actualización por inflación, el pago de la Bonificación Anual 2018 que los trabajadores deberían haber cobrado en enero. Además, esa bonificación se calcula con los salarios de diciembre y el año pasado el aumento concedido en paritarias fue de 28 por ciento frente a una inflación de 47,6 por ciento.

“Estamos en deuda con proveedores que corren serios riesgos económicos, lo que puede implicar situaciones muy complicadas incluso para los trabajadores de esas empresas. Tenemos que honrar nuestras deudas y hacerlo de una manera solidaria. Dicho esto, es importante que sepan de nuestro compromiso para pagar la bonificación cuanto antes. Y es lo que, de manera gradual, comenzamos a hacer desde este mes”, sostiene el funcionario en su nota.

Luego Gadano llama a “desterrar” de la empresa una serie de prácticas como “el uso de los recursos para fines personales, el ocultamiento de información a otras áreas con fines de beneficio personal o sectorial, el trabajar en compartimientos estancos para no beneficiar a otros sectores, el fraude laboral, el abuso de los beneficios otorgados en los Convenios Colectivos, el abuso de poder y el despilfarro de recursos”.

La misiva de Gadano despertó un fuerte malestar entre los trabajadores de la compañía. De hecho, la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (Apuaye), uno de los sindicatos que representa a los empleados de NA-SA, le envió al subsecretario una respuesta donde cuestiona en duros términos como se viene gestionando la empresa. La crítica principal es por la decisión de haber puesto fondos propios para terminar la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse.

“No entendemos su visión empresaria. Resulta ponderable que NA-SA cuente con tarifas retributivas que le permitan cumplir con su rol en forma sustentable, logrando como empresa estatal no depender del Estado Nacional para desarrollar sus objetivos. Pero consideramos equivocado participar con fondos propios en el PEV de Embalse. La importancia de la tarea ameritaba que el accionista –Estado Nacional- como en cualquier empresa, completara el financiamiento de las inversiones necesarias que realizó desde su comienzo”, dice el texto firmado por el ingeniero Jorge Arias, presidente de Apuaye, y Héctor Coacci, tesorero de la entidad.

La asociación profesional sostiene que fue esa decisión, como el propio Gadano también reconoce, la que sumergió a la empresa en una situación financiera difícil. “Fueron derivados a otros fines fondos que deben estar asignados con carácter prioritario a cubrir en forma adecuada todos los gastos inherentes a la generación nucleoeléctrica y a cumplir en tiempo y forma con las obligaciones vigentes con el personal que representamos”, remarca Apuaye.

Con respecto al supuesto abuso de los beneficios otorgados en los Convenios Colectivos, Apuaye responde que “que los convenios colectivos de trabajo vigentes en toda empresa no son impuestos por las organizaciones sindicales sino que son producto de un acuerdo de partes. Esto significa que no son consecuencia de la actitud de algunos trasnochados sino de las máximas autoridades tanto de la empresa como de los gremios, con la participación del Ministerio de Trabajo de la Nación”.