En tiempos de desprecio del conocimiento como base para sustentar una opinión, es imperativo abordar las cuestiones con el análisis crítico ignorado siempre por un gobierno que promueve el prejuicio. Por ello examinaremos, desde la técnica jurídica, el jubileo intentado por el Estado en beneficio de la empresa Correo Argentino SA (en adelante CA). Nos basaremos en gran parte en el excelente dictamen de la fiscal Gabriela Boquin.

CA está en concurso preventivo, que es un procedimiento judicial en donde el deudor insolvente, bajo el control del Juzgado, propone un plan de pago (llamado acuerdo preventivo) a sus acreedores. Consiste en una quita y una espera de la deuda. Si la mayoría de los acreedores le da su voto afirmativo a este plan, el juez lo declara obligatorio para todos. Y si el deudor lo cumple, se salva de la quiebra, que es el remate de sus bienes y muerte de su empresa.

Sucedió que, en este caso, el Estado Nacional era el acreedor principal por el 32,65 por ciento de la deuda. Si no daba su sí, no había aprobación de acuerdo. Y el CA entendiendo muy bien esto se “auto-chicaneó” el proceso.  Hacía propuestas ruinosas que sabía que el Estado no consentiría nunca. En la mejor de éstas, el Estado se tenía que resignar al cobro del 7,7 por ciento de lo que le debían. Con esta argucia, CA “fue tirando” a lo largo de 15 años bloqueando la posibilidad de acuerdo. Así no les pagaba a nadie, ya que no había acuerdo aprobado que tenga que cumplir. Una vez se le declaró la quiebra, pero la consiguió revertir. Mientras tanto, CA se dedicó a través de testaferros a comprarles los créditos a sus acreedores más chicos, unos 231 que iban entre los 1000 a 4000 pesos cada uno. Luego, estos testaferros unificaron representación y construyeron una mayoría simulada y manipulada que votaba en contra de sus propios intereses (consentían en cobrar en un plazo de 34 años deudas tan pequeñas) pero así contrarrestaban el voto del Estado.

Y un día cambió el gobierno. Y éste mandó a un funcionario (que no tenía ni la competencia ni las facultades legales para asumir tal rol) a que vote en nombre del Estado la nueva propuesta de acuerdo preventivo que CA iba a hacer. Y CA la hace y es peor que la vieja del 7,7 por ciento. Ofrece directamente pagar el 0,84% de la deuda. Como nuestro representante es un león en la defensa del Estado, se opone. CA se siente “intimidado” y la mejora a un 1,18 por ciento. Y ahí el león mutó de felino salvaje a uno doméstico y la aprueba. 

Para el Estado, esta aceptación conlleva la pérdida –según cálculo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones– de 4277,6 millones de pesos en la actualidad. O de más de 70 mil millones a marzo de 2033, fecha prevista para la última cuota.

Hasta aquí el Concurso Preventivo. Vayamos ahora al Derecho  Constitucional, Administrativo y Penal. El acreedor es el Estado, que tiene por objeto promover el Bienestar General. De allí la obligación de fundamentar sus actos administrativos, explicando en cada caso, de que manera está defendiendo el Bien Común. Y le resultará un poco imposible justificar esta pérdida de recursos que afectaría a toda la comunidad. Pero tenemos más. El perdón de deuda intentado viola la Ley de Ética Pública, ya que hay conflicto de intereses. El funcionario que intentó esta medida lesiva para el Estado y obsequiosa para el CA depende del Poder Ejecutivo que es desempeñado por un miembro de la familia propietaria del grupo económico SOCMA, controlador (a través de Sideco) del CA. En el orden del derecho penal, surgen conductas que encuadran en los tipos de estafa u otros del título de los delitos contra la administración pública.

En conclusión, los procedimientos taimados para burlar la ley que se hicieron años atrás en la esfera privada desde el CA reciben ahora el rescate de la esfera pública. La caballería estatal le apareció en su auxilio por el flanco derecha. Arriesgamos, por la ramplonería técnica con que se hizo la maniobra, que todo será declarado nulo. Y en sede penal, habrá que ver si esta intentona criminosa será también invitada (o no) a la fiesta persecutoria que hoy se celebra en la Av. Comodoro Py. Con tanto éxito que los medios– la cubren más que a los festivales de esta pobre temporada estival. 

* Doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno. Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda.