El gobernador Miguel Lifschitz dio en la tecla cuando sentenció que el presidente Mauricio Macri estaba financiando el costo fiscal del paquete de medidas de emergencia, con dinero de las provincias. Es más, hay un número concreto que hizo su ministro de Economía Gonzalo Saglione: Son unos 30 mil millones de pesos de todas las provincias contra unos 18 mil millones que efectivamente salen de las arcas de la Nación. Que además tiene la ventaja del plus que la da la devaluación sobre los dólares que ingresan por liquidación de exportaciones. "Algo que nosotros no tenemos", se quejó Saglione al lamentar la extinción del Fondo Sojero que dispuso en su momento la administración central. Afinando el lápiz, Santa Fe dispondrá de 2500 millones menos y reclama otros 5800 millones por el déficit de la Caja de Jubilaciones que sí recibieron otros estados provinciales.
Con todo, aún se puede escuchar a dirigentes de alto rango del socialismo recordando que "tanto el kirchnerismo como el macrismo discriminaron por igual a Santa Fe", en una línea argumental que tiene más ver con la supervivencia del propio PS que con una sincera búsqueda de la salida de la grieta. A juzgar por los resultados de la demoledora PASO nacional, el espacio para el progresismo no peronista es prácticamente nulo. De ahí, la fuerte interna que el propio socialismo ha empezado a transitar, alimentada por la derrota en Santa Fe donde sí había una verdadera opción por fuera del Cambiemos y el peronismo. Del procesamiento de esos resultados y las acciones futuras, dependerá que la siga habiendo en un futuro.
El ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione repitió que la cláusula gatillo "no existe para ningún trabajador del ámbito privado".
De los 5800 millones de pesos que no giró la nación piensa el gobierno provincial sacar el auxilio para los municipios y comunas para los que la cláusula gatillo de actualización salarial, se ha convertido en una trampa mortal. Es obvio que esa herramienta de negociación con los gremios del Estado es, no sólo de estricta justicia para con los trabajadores, sino que además es el lugar por el que se lograron descomprimir los conflictos. Pero con la acelerada crisis provocada por el macrismo, se ha convertido en una especie de crédito UVA para las distintas administraciones santafesinas.
A los gremios que nuclean a los estatales ya les preocupa tanto las declaraciones de los actuales funcionarios, como la mirada que dejaron trascender los que se harán cargo de la administración central a partir del 10 de diciembre. El ministro Saglione repitió esta semana en los medios que la cláusula gatillo "no existe para ningún trabajador del ámbito privado" y todos "han visto afectado sus salarios por la escalada inflacionaria". Pero el tema es que ni siquiera existe en todas las provincias y aunque recién ahora desde el entorno de Perotti hay declaraciones formales que ponen en duda la vigencia de la cláusula gatillo (ver página 3), sí se filtraron anécdotas como las del gobernador Juan Schiaretti preguntando "¿es cierto que aún mantienen la cláusula gatillo? Es una locura". Esa es la frase que le atribuyen al gobernador de Córdoba.
Por eso los gremios empiezan a sospechar a pesar de las promesas de parte del gobernador Lifschitz y su ministra de Educación Claudia Balagué. El tema es de tal impacto que resulta difícil imaginar que un gobierno que se va asumiera el costo de suprimir tal beneficio para allanarle el camino al gobierno que viene.
Los docentes particulares nucleados en Sadop apuntaron a que comparar la situación con los sueldos del sector privado "es impertinente porque la cláusula gatillo forma parte de los acuerdos paritarios y no puede ser el propio Estado el que se retracte de esos acuerdos", señaló el secretario general Martín Lucero. Para el sindicalista, la activación de la cláusula gatillo desde el mes de junio "es el mejor ejemplo de lo retrasados que quedan los salarios respecto de la inflación y por eso es esencial para la docencia santafesina". Y concluyen que en una situación de crisis económica y en medio de una brutal devaluación "la provincia debe más que nunca cumplir con los compromisos contraídos".
El interbloque de concejales peronistas espera reconocimiento por no haber permitido que la ciudad se endeudara en 200 millones de dólares.
En Rosario, el paquete de ajuste anunciado por la intendenta Mónica Fein para sortear la crisis hasta diciembre y ahorrar unos 600 millones de pesos, tampoco fue recibido de buena manera por la oposición. Los concejales del PRO, como si su partido no tuviese responsabilidades por la economía nacional, aseguraron que "el gasto corriente de la municipalidad es alarmante desde hace mucho tiempo" y señalan que estas medidas que lanzó Fein "se debieron implementar antes, porque hace tiempo que advertimos que la municipalidad gasta mal". Es más o menos lo que le achacan los equipos de Perotti a Lifschitz, aunque con otra autoridad. En este caso le señalan que a pesar de observar la estrepitosa caída de la recaudación producto de la sostenida merma en la actividad económica, la administración provincial "siguió gastando como si ese dinero siguiera ingresando". Y ahí apuntan a que el déficit provincial podría trepar a los 20 mil millones de pesos para cuando Perotti ingrese a la Casa Gris.
La crisis nacional se metió de lleno en la transición provincial y también en la local, donde a pesar del silencio del intendente electo Pablo Javkin, los números empiezan a preocupar para el año que viene.
Eso sí, el interbloque de concejales peronistas de Rosario espera el reconocimiento por no haber permitido en su momento que la ciudad tomara un crédito de casi 200 millones de dólares. Nadie cree que llegue.
