A diez años del fallo Arriola
La puesta en escena del gobierno en su lucha contra el narcotráfico
Imagen: NA

El gobierno nacional se obstina en simular un éxito en el combate al narcotráfico, con indicadores que solo pueden convencer a un sector del electorado deseoso de conocer el éxito de alguna política de gobierno, aunque sea ficticio. 

Ante fallidas promesas de “pobreza cero” y “unir a los argentinos” siempre y cuando voten “bien”, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires, entre otros afines, dilapidan cuantiosos presupuestos en publicitar indicadores destinados a crear la sensación social de “lucha frontal contra el narcotráfico” y “combate a las mafias”. 

Los datos publicitados suelen relevar un supuesto aumento en las incautaciones de sustancias prohibidas, que muchas veces no resisten un análisis cuantitativo respecto de gestiones anteriores y exponen una foto segmentada de una realidad que se oculta.

Un potencial aumento en los índices de incautaciones no significa, por sí mismo, una disminución en el circulante total de sustancias. Para ello, los datos no debieran ser considerados en toneladas, sino en el impacto porcentual que significan tales incautaciones respecto de la totalidad del circulante de sustancias fiscalizadas.

En otras palabras, el aumento de incautaciones podría estar relacionado, por ejemplo, un aumento del circulante de drogas en nuestro país producido por una mayor negligencia o permisividad en el control fronterizo y policial, la elección del narcotráfico de asentarse en el territorio debido a cierta connivencia institucional, o un incremento del mercado interno de consumo, entre otras variables posibles. Dudosamente podría observarse, en ello, éxito alguno en la gestión de gobierno.

Por su parte, suele difundirse otro indicador de simulación “éxito” vinculado al aumento de precio en algunas sustancias, como ser la cocaína. Por una regla económica básica, cuánto menos disponibilidad de un producto, más se encarece, atribuyendo esta baja de disponibilidad a estrategias policiales de reducción de la oferta. Sin embargo, esta conclusión es fácilmente desmitificable.

Nuestro país no es productor de cocaína, por lo cual la sustancia es un producto importado desde los países andinos. Y como todo producto importado, su cotización es en divisa internacional. Ante un proceso devaluatorio de nuestra moneda nacional de un 500 por ciento durante la gestión de gobierno actual y un proceso inflacionario que ubica a nuestro país dentro de los tres países con mayor inflación en el mundo, pareciera obvio que el valor de un producto se encarezca; por más ilegal que sea.

Según datos de la SEDRONAR, el 43.4 por ciento de los adolescentes entre 12 y 17 años considera fácil acceder a marihuana en 24 horas y un 27.6 por ciento a la cocaína, incrementándose en estos últimos años los consumos de la mayoría de sustancias, de un 3,6 por ciento en el año 2010 a 8,3 por ciento en la actualidad. 

Todo lo cual, ratifica que la sociedad tiene una gran disponibilidad de las mismas y las políticas de gobierno han fracasado rotundamente en desalentar los consumos, por más que se esfuercen simulaciones exitistas basadas en indicadores sensacionalistas de toneladas incautadas, difusiones cinematográficas de casillas humildes destruidas y análisis económicos desprovistos de la más elemental aritmética.

Finalmente, otro indicador de “éxito” que denota cierta pasión propagandística en la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es la cantidad de detenciones y procesamientos por delitos de drogas durante su gestión. 

Más allá del absurdo de considerar el encierro masivo de ciudadanxs, la utilización desmedida de la prisión preventiva y el hacinamiento carcelario, como políticas dignas de ser valoradas en una sociedad democrática, lo que ocultan estos datos es que la prisionización afecta a lxs mismxs de siempre sin impactar en los altos eslabones del tráfico y lavado de activos

Según datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el 52 por ciento de las causas iniciadas por la justicia federal responden a figuras de tenencia de drogas, a pesar de que la Corte Suprema ha sentenciado hace 10 años que es inconstitucional su represión en el recordado fallo Arriola

Las detenciones de la policía en la vía pública, suele darse contra determinados grupos sociales -generalmente, varones, jóvenes, de bajos ingresos, sin antecedentes penales, sin tener armas ni estar cometiendo delito alguno- que tienen escasa cantidad de sustancias para su propio consumo.

Además de consumidores, el olfato policial suele encontrar otra buena parte de su clientela en mujeres, mujeres trans y travestis, que son criminalizadas por la comisión de delitos no violentos relacionados a las drogas, como ser la venta minorista y el transporte de sustancias como “correos humanos”. 

Los delitos de drogas son la primera causa de detención de mujeres en Argentina y la tercera en varones, con un aumento sostenido en la utilización de la prisión preventiva. En un contexto de feminización de la pobreza creciente, los obstáculos para acceder al mercado de trabajo formal y la participación en economías informales como formas de supervivencia familiar, mujeres, mujeres trans y travestis son las víctimas predilectas de ser captadas por las redes criminales para ser descartadas posteriormente ante el poder punitivo.

Estos abordajes criminalizantes y propagandísticos como los desarrollados hasta la actualidad, no han traído más que fracasos anunciados a nivel mundial, creciendo exponencialmente los consumos de sustancias, incrementando el negocio ilegal en manos del crimen organizado, afectando innumerable cantidad de derechos humanos de la población usuaria y corrompiendo la institucionalidad de nuestros países, entre algunos de sus efectos adversos. 

Es lo que se denomina “el fracaso de la prohibición” y la realidad por la cual avanzan abordajes regulatorios de las sustancias hasta en los países que fueron mentores del prohibicionismo a nivel mundial. Abordajes más sensatos, humanitarios y realistas, aunque no sean tan redituables en términos de demagogia punitiva electoral.

Es tarea de Todxs agendar esta deuda de nuestra democracia. 


Mariano Fusero es presidente de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos

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