El caso por fraude y negocios incompatibles con los peajes
Las tímidas medidas para investigar a Macri
Mientras se demora el avance de la causa que involucra al Presidente, en el juzgado sostienen que las concesiones van a caer si se comprueban las irregularidades.
El expediente puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Macri.El expediente puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Macri.El expediente puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Macri.El expediente puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Macri.El expediente puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Macri.
El expediente puede transformarse en un gran dolor de cabeza para Macri. 
Imagen: Leandro Teysseire

Fraude al Estado y negocios incompatibles con la función pública. Estos son hasta el momento los delitos que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa por las irregularidades en la renegociación de las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, en beneficio de empresas socias del presidente Mauricio Macri. “En caso de comprobarse el fraude en perjuicio de las arcas estatales, se caen las concesiones”, le advirtió a PáginaI12 una importante fuente allegada a la investigación.

La denuncia, que había sido presentada por diputados de la oposición, cobró impulso con la sorpresiva apertura de la pesquisa por parte del fiscal Carlos Stornelli durante la feria judicial de invierno. Luego, tres días antes de las elecciones primarias, fue llamada a declarar una ex funcionaria de Vialidad, quien en calidad de testigo contó cómo fueron las maniobras del Poder Ejecutivo para extender los contratos sin llamado a licitación y para reconocerle a la empresa Ausol S.A. una suma de 500 millones de dólares, supuestamente a cambio de que desistiera de una denuncia millonaria contra la Argentina ante el CIADI. El punto nodal es que una de las principales accionistas de Autopistas del Sol era, precisamente, el Grupo Socma (Sociedades Macri), cuyos papeles subieron un 400 por ciento desde la asunción de Macri como presidente y gracias a la extensión ilegal del contrato hasta 2030. Cuando vendió las acciones a mediados de 2017, Socma ganó casi 20 millones de dólares.

En el despacho del juez de instrucción número 6 hacen hincapié en que es muy posible que --como señalan los denunciantes y la testigo Julieta Ripoli-- esa demanda ante el tribunal internacional haya formado parte de una puesta en escena de la empresa en connivencia con los funcionarios macristas en Vialidad. El objetivo: sacarle al Estado esos 500 millones de dólares. Un fraude millonario contra el bolsillo de los argentinos, por lo que, de comprobarse, las concesiones de los peajes no podrían estar ni un minuto más en manos de Ausol y GCO.

Hasta el momento, las medidas de prueba solicitadas por Stornelli --de excelente relación con Mauricio Macri-- fueron muy tímidas. En el tercer piso de Comodoro Py especulan que el fiscal declarado en rebeldía por el juez Alejo Ramos Padilla dio el pequeño paso sólo como “una suerte de reaseguro” ante el posible resultado adverso para el oficialismo en las elecciones, algo que finalmente ocurrió el pasado 11 de agosto. Entre esas medidas, el juez ya ordenó dos pedidos de informes, con el foco puesto en determinar cómo fue la demanda de la empresa ante el CIADI. Una de las solicitudes ya fue hecha al Procurador del Tesoro. Precisamente allí es donde está la primera piedra en el camino del expediente. Es porque el actual abogado del Estado es nada menos que Bernardo Saravia Frías, ex letrado de la familia Macri y miembro de la mesa judicial de Cambiemos. Por otro lado, ya fue enviado un exhorto a Washington, donde se encuentra la sede del tribunal internacional, para pedirle al organismo toda la información sobre la demanda que encabezó contra nuestro país la empresa española Abertis, controlante de Ausol y GCO. Para los investigadores se trata también de una parada difícil. “El CIADI está en suelo norteamericano y todo lo que esté relacionado con EE.UU. y este gobierno es complicado. Dudo que colaboren tan fácil”, explicaron.

Mientras tanto, en medio del proceso electoral, no habrá mayores movimientos en el expediente que puede transformarse en uno de los principales dolores de cabeza para Mauricio Macri, para el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y para el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, los tres en la mira de la investigación.

En el manejo de los tiempos políticos que caracteriza a Comodoro Py, “la documentación podría llegar completa recién dentro cuatro o cinco meses” y recién ahí podría haber avances. Para ese momento, todo indica que Macri ya no será el presidente de la Nación.

Con la asunción del gobierno de Macri en 2016 y ante los inminentes vencimientos de los contratos (Ausol vencía en 2020 y GCO en 2018) las empresas hicieron un reclamo administrativo para renegociar integralmente las condiciones de los acuerdos. El Gobierno habilitó la renegociación y prorrogó las concesiones hasta 2030, por diez y doce años, respectivamente. El punto central es que esa prórroga fue ilegal, ya que no sólo fue sin intervención del Congreso y por decreto, sino que debería haberse llamado a una nueva licitación. En el nuevo contrato, los beneficios otorgados por el Estado a Ausol y GCO fueron inusitados: dolarizaron las tarifas, que alcanzaron aumentos exorbitantes en los último tres años; garantizaron el flujo de tránsito (si no pasa una determinada cantidad de autos por hora, el Estado paga la diferencia); establecieron al menos dos aumentos tarifarios por año ajustados por inflación; y quitaron la obligación de levantar las barreras si pasa una determinada cantidad de tiempo de espera de los usuarios.

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