La cruzada del presidente norteamericano Donald Trump contra los inmigrantes entró en una nueva etapa con la publicación de los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, que vuelan de un plumazo las políticas de su sucesor, Barack Obama. Se trata de un giro radical que habilita a expulsar a quienes hayan llegado hace menos de tres años al país.

La inédita persecución a los inmigrantes ilegales, que afectará a once millones de personas, la mitad de ellos provenientes de México, contempla la contratación de 15 mil nuevos agentes. “Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sujetos de los nuevos procedimientos, incluyendo la expulsión de Estados Unidos”, marca una de las directivas. Hasta ahora, la ley sólo permitía perseguir a quienes hubiesen cometido un delito grave.

El nuevo sistema, inclusive, no contempla la libertad condicional del detenido, a la que solo se accederá "excepcionalmente y solo en los casos donde, después de un atento estudio de las circunstancias, se considere necesaria por razones humanitarias o por un significativo beneficio público”.

El objetivo general de la administración Trump es acelerar las deportaciones, sorteando las salvaguardas legales que impedían la expulsión inmediata, que se aplicaba solo a quienes tuviesen menos de dos semanas en el país y no estuvieran a más de 160 kilómetros de la frontera. A partir de las nuevas directivas, se anulan los límites geográficos y se aplica a quienes hayan residido hasta dos años en territorio norteamericano. Las únicas excepciones serán los menores de edad, quienes pidan asilo y quienes demuestren que su estatus migratorio es legal.

Un apartado de la nueva norma permite el procesamiento de los padres de los niños inmigrantes, que desde los años 80 supera los tres millones de personas.

Los 15 mil nuevos agentes de Seguridad Interior se sumarán a un cuerpo con plenos poderes, ya que John Kelly, el secretario del área, otorgó facultades “para arrestar al extranjero sospechoso de haber violado las normas de inmigración” o que represente un “riesgo para la seguridad pública”, criterios que quedarán a consideración de cada funcionario. 

Mientras tanto, Washington iniciará una investigación para “identificar y cuantificar todas las fuentes directas o indirectas de ayudas federales y de asistencia al Gobierno mexicano”, con el propósito de destinar dichos recursos a completar el muro fronterizo con México, una de las promesas más controvertidas de la campaña electoral del actual presidente, Donald Trump.