Las preocupaciones en torno al decreto que flexibiliza las condiciones para importar basura
Alerta por la importación de residuos de otros países
Ahora se podrán importar desechos reciclados sin un certificado que asegure que no son peligrosos. Al riesgo que eso implica, se suma que afectaría el trabajo de los recicladores, quienes verían reducidos sus ingresos.
La importación de desechos reciclados provocaría la baja del precio de los materiales que se recuperan los cartoneros.La importación de desechos reciclados provocaría la baja del precio de los materiales que se recuperan los cartoneros.La importación de desechos reciclados provocaría la baja del precio de los materiales que se recuperan los cartoneros.La importación de desechos reciclados provocaría la baja del precio de los materiales que se recuperan los cartoneros.La importación de desechos reciclados provocaría la baja del precio de los materiales que se recuperan los cartoneros.
La importación de desechos reciclados provocaría la baja del precio de los materiales que se recuperan los cartoneros. 
Imagen: NA

Un polémico decreto del Gobierno habilitó la importación de basura y residuos de otros países para ser reutilizados en el país, algo que estaba expresamente prohibido desde 1991 cuando se sancionó Ley de Residuos Peligrosos. La nueva norma flexibiliza las restricciones para el ingreso de “desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrios”, entre otros, sin necesidad de ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental como se exigía anteriormente. Ambientalistas y cartoneros criticaron la medida: “Nos deja abiertos a ser el basural del mundo”, advirtieron.

El decreto 591/2019  lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Producción, Dante Sica. La norma recientemente publicada en el Boletín Oficial modifica los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de “sustancias y objetos”, procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.

La norma modificada prohibía el ingreso de manera taxativa cuando no estuviera garantizada la inocuidad de los residuos. Dejaba en claro que en ese caso tanto el transporte, la introducción o la importación “de todo tipo de residuo, desecho o desperdicio procedente de otros países” estaba totalmente prohibido. El artículo 2 del modificado decreto reglamentario extendía la prohibición a todos los desechos “procedentes del reciclado o recuperación material de desperdicios que no sean acompañados de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen”. Algo que a su vez debía ser ratificado por las autoridades ambientales argentinas.

Los especialistas en materia ambiental juzgaron la medida como preocupante, por su carácter regresivo en materia de derechos ambientales, y sospechoso por el momento en que salió publicada, casi de manera secreta, en medio de un caótico contexto político y económico tras la derrota del oficialismo en las PASO. 

El riesgo de flexibilizar los requisitos 

Pero la mayor preocupación gira en torno a si la modificación le abriría la puerta de entrada a los residuos peligrosos. “La norma es preocupante porque elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen, entonces cómo podemos estar seguros de que no ingresen residuos peligrosos”, advirtió el abogado ambientalista Enrique Viale. Para el especialista, que sigue de cerca la legislación de gestión de residuos, además de flexibilizar los requisitos para el ingreso de basura, el decreto es de una “torpeza absoluta” para un país como Argentina que está muy lejos de alcanzar buenos estándares en el reciclado de sus propios residuos.

“Hablan de cartón y reciclables, cuando las grandes ciudades de nuestros país no reciclan 100 por ciento sus residuos. En vez de impulsar el reciclado atentan directamente contra las cooperativas de cartoneros que viven de la venta de material reciclado”, agregó Viale, que explicó que la importación va a bajar el precio de los reciclados.

El abogado ambientalista consideró a los cartoneros como los “mayores ambientalistas” del país, unos “héroes anónimos”, que recuperan 600 toneladas de residuos por día con la separación que hacen de los materiales reciclables. La apertura de las importaciones de material reciclado repercutiría directamente en el precio de estos insumos, algo que impactaría en la economía de las cooperativas.

Viale agregó además que el decreto representa una “regresión ambiental” y entra en contradicción con el artículo 41 de la Constitución que se considera un logro en la lucha por los derechos ambientales. “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”, reafirma el artículo 41. 

Por otro lado, el abogado remarcó el costado “sospechoso” de la norma. “Un gobierno que nos tiene acostumbrados a la ausencia absoluta de política ambiental de repente publica un decreto muy misterioso, en silencio y totalmente inconsulto. Nos hace dudar si no hay algún negocio ya pactado por detrás”, dijo el abogado por último, que evalúa junto a otras organizaciones judicializar la medida.

Cómo afecta a los cartoneros

Desde las cooperativas de cartoneros no tienen dudas: la medida va a bajar drásticamente el precio de los materiales que se recuperan de la basura, algo que afectará tanto a las cooperativas como a los cartoneros independientes.

“El decreto traslada una demanda de las grandes empresas para bajar el costo de los materiales y de las grandes potencias mundiales que no saben qué hacer con su basura a la espalda de los cartoneros. En el día a día, que baje el precio de los reciclables significa que un compañero o compañera que revuelve la basura tenga menos dinero para darle de comer a sus hijos”, opinó Nicolás Caropresi, dirigente nacional del MTE y la Ctep, que agrupan a la mayoría de las cooperativas.

 

Caropresi remarcó que el hecho de que se importe basura evidencia la falta de una “política de reciclado hacia adentro”, algo que los trabajadores de la economía informal demandan desde hace varios años para incluir formalmente el trabajo de los recuperadores.  

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