A veinte años de su implementación, peligra la continuidad del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Neuropsiquiátrico Estéves, de la localidad bonaerense de Temperley. Los trabajadores del Centro Comunitario Libremente, corazón de este programa de desmanicomialización, denunciaron que el Ministerio de Salud de la gobernadora María Eugenia Vidal no realizó los pagos del subsidio correspondiente al año 2018 y al primer semestre del año 2019. La deuda generada pone en riesgo el programa que desinstitucionaliza a las mujeres que atraviesan situaciones de padecimiento mental y están internadas en el hospital monovalente. El personal del Centro advirtió que la situación se ha vuelto crítica tras el retraso de entre ocho y diez meses en el pago de alquileres de las casas en las que viven las externadas, del corte de servicios y la falta de pago a los trabajadores que las asisten en las tareas comunitarias.

El PREA fue lanzado en 1999 por el Ministerio de Salud bonaerense para ser implementado en los cuatro neuropsiquiátricos monovalentes de la provincia: Colonia Cabred, de Luján, el Taraborelli de Necochea, el Alejandro Korn y el Estéves, de Lomas de Zamora. Entre las herramientas fundamentales del programa están las casas de convivencia, las viviendas que alojan a pacientes que estuvieron internados en algún centro de salud por un trastorno psiquiátrico.

Cómo funciona

El Centro Libremente, ubicado en la avenida Meeks 1044, es el encargado de articular la externación del centro de salud Estéves, destinado sólo a mujeres. Cuenta con 20 casas convivenciales en las que actualmente viven 74 usuarias, en grupos de entre cuatro y seis personas. Y si bien el programa busca que desarrollen la mayor autonomía posible, de acuerdo a cada necesidad, las mujeres son asistidas por un equipo profesional conformado por más de 30 personas, entre psicólogos, médicos, enfermeros y profesores de talleres. Entre los objetivos del dispositivo asistencial está promover entre las externadas la finalización de estudios primarios y secundarios, y la capacitación en oficios, que les permita la reinserción social y la autonomía personal.

"La situación es crítica porque no se pagan los alquileres de las casas y los dueños no hacen las reparaciones. El centro y las casas se están deteriorando y eso empieza a repercutir también en las pacientes. Por la falta de presupuesto no hay mantenimiento,  y eso genera deterioros estructurales y funcionales que  afectan la calidad de vida de las usuarias y el trabajo con la comunidad.  Nos cortaron el servicio de Internet en el centro y estamos trabajando con nuestros celulares", contó una de las trabajadoras a este diario. 

Y remarcó que "el programa ha pasado por situaciones de retraso en los 20 años de existencia, pero nunca con esta cantidad de tiempo. Es muy preocupante porque el programa es modelo para el desarrollo de otros programas en el país. Es un modelo de externación sustentable, en el que la cuestión no es que se vayan sino cómo se van. Porque hay reformas como la que ocurrió en Estados Unidos que generó una población vagabunda en las ciudades. Nosotros tenemos un porcentaje de reinternación bajísimo teniendo en cuenta que trabajamos con patologías graves. Los hospitales monovalentes están en transformación, y el programa nuestro es el modelo para la transformación, es la letra viva de la ley de Salud Mental", advirtió.

Qué dice la ley

El programa va en el mismo sentido que la ley de Salud Mental, que fija que las internaciones prolongadas lejos de mejorar la vida de las personas las dificulta, las complejiza y multiplican la enfermedad. En ese sentido, lo que se busca es que las internaciones sean lo más breve posible y las recuperaciones en entornos familiares cuando es posible, o por medio de dispositivos alternativos como las casa de convivencia, que, en pequeños grupos arman modelo familiar.

Para eso, es necesario personal que los asistas y les dé soporte. El recorte actual hace peligrar esa asistencia que es sostenida a pulmón por los y las trabajadoras: enfermeras y enfermeros, psicólogas y psiquiatras que tienen que concurrir a los domicilios para brindar atención, y a los que no se les paga la movilidad.

En un comunicado del Centro que tiene sus puertas abiertas a la comunidad, y al que concurren alrededor de 300 personas por semana para participiar de los diversos talleres, entre ellas las externadas, señalaron que "al retraso de un año y medio en el pago del subsidio, se suma el recorte del 10% realizado en el año 2017 por el Gobierno Provincial y la desactualización del mismo por la inflación acumulada".

La trabajadora que se desempeña en el Centro remarcó que "cuando dejás de pagar se empieza a caer todo alrededor. Nos cortaron servicios, hay muchas casas en riesgo por las altas tarifa y falta mantenimiento, en una población que de por sí ya es muy vulnerable".