La Cámara de Diputados aprobó la norma para atender la crisis
La Emergencia Alimentaria con media sanción
Fue aprobada por 222 votos a favor y sólo una abstención. Prevé la reasignación de partidas presupuestarias por 10 mil millones de pesos. Ahora pasará al Senado.
Imagen: Joaquín Salguero

La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de Emergencia Alimentaria tras la crisis que desató la política económica del Gobierno de Mauricio Macri hasta el 31 de diciembre de 2022 y que le permite al Ejecutivo la reasignación de partidas presupuestarias por 10 mil millones de pesos en lo que queda del año para atender la urgencia y cumplir la reglamentación, que ahora deberá atravesar por el Senado para convertirse en ley. Fue una sesión corta en la que oficialistas y opositores respetaron los acuerdos previos: Cambiemos dio quórum, bajó al recinto y acompañó el proyecto redactado por casi toda la oposición (FpV-PJ, FR, Red, Movimiento Evita, partidos provinciales y diversos monobloques) que fue respaldado por 222 votos y la sola abstención de una diputada del interbloque del FIT.

A lo largo de 3 horas, en el recinto no se vivieron zozobras ni hubo cruces ni discusiones fuertes, aunque tampoco faltaron críticas a la política económica y la negación del gobierno de Macri frente al hambre que sufren sectores vulnerables de la población, que buscó morigerar la tardía reacción del oficialismo parlamentario de acompañar la ley ante el abroquelamiento de toda la oposición. Un escenario que contrastaba con un Congreso vallado y aislado en medio de un impresionante dispositivo policial para contener la movilización de los movimientos sociales que impulsaron la emergencia (Ctep, Barrios de Pie, CCC y Frente Popular Darío Santillán), que siguieron la sesión frente al Palacio legislativo y se retiraron pacíficamente tras la votación.

La iniciativa prorroga por ley y hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por decreto 108 de 2002 del Poder Ejecutivo y dispone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas de créditos presupuestarios vigentes al momento de la promulgación de la presente ley, correspondientes al Programa 26 (Políticas Alimentarias) y el Plan Nacional de Protección Social, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, como así también del Programa Pro Bienestar del PAMI.

Un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó al 31 de agosto en 20.977 millones de pesos este programa, por lo cual el incremento del 50 por ciento destinado a la emergencia alcanzará a 10.489 millones de pesos hasta fin de año. Un dinero que el Gobierno deberá acumular para cumplir la ley con la reasignación de partidas presupuestarias que realizará el jede de Gabinete, Marcos Peña, y ejecutará el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley. A partir de enero de 2020, el nuevo gobierno deberá actualizar las partidas trimestralmente en base al Indice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Indec. 

La única excepción de una sesión “ordenada”, fueron algunas pequeñas modificaciones en una lista que incluyó a 18 oradores, uno por cada bloque y con 5 minutos para expresar su postura. “Estamos ante una situación compleja y delicada. Es evidente que hay una emergencia, que hay un problema de hambre en Argentina. Es una ley que como mínimo necesita nuestro país y puede ayudar a poner un piso a la caída social”, sostuvo Daniel Arroyo (Red por Argentina) al abrir el debate. “En los últimos 20 días se ha complicado más por el aumento de los alimentos y porque se ha parado gran parte de la actividad económica”, continuó Arroyo y agregó: “hoy tenemos que atender lo básico, que haya alimentos en los comedores, en los merenderos y en los comedores escolares. Estamos frente a una emergencia y la emergencia exige lo básico”.

Héctor “Toti” Flores (CC), fue el único orador por el oficialismo previo a los cierres, buscó minimizar “la magnitud de la situación planteada” y justificó la política de Cambiemos: “la gestión que más ha avanzado en la búsqueda de salidas a este problema central que tenemos desde 2002. La emergencia social se fue prorrogando como política de Estado”, dijo, pero admitió que “no se resolvió el problema de la pobreza estructural que este Gobierno, con las obras que está haciendo, venía logrando. Y lo hizo en los dos primeros años de gestión”.

La respuesta llegó casi inmediatamente a través de los diputados que trabajan junto a los movimientos sociales. Leonardo Grosso (Movimiento Evita) planteó su “sensación contradictoria”: confesó sentir “algún grado de satisfacción porque se empieza a dar una respuesta institucional a un problema que es acuciante, que las organizaciones sociales vienen planteando hace más de un año y que llega tarde”. “Estamos en el mediodía y hay un montón de gente que no tiene para almorzar. Hay gente que esta noche no va a tener para cenar. Unas 3.600.000 personas están por debajo de la línea de indigencia. La mitad de los niños son pobres. Uno de cada tres niños, niñas o adolescentes, para cumplir con su canasta básica alimentaria, tienen que asistir a un comedor comunitario”, insistió.

El salteño Pablo Kosiner (Bloque Justicialista) insistió sobre el tema y planteó una modificación al proyecto para que el aumento de las partidas sea coparticipable con las provincias de acuerdo al decreto en que se basa la emergencia. Pero el oficialista Luciano Laspina no aceptó la modificación y argumentó que eso estaba especificado en el artículo que hace referencia al decreto.

Tampoco se admitieron las propuestas de Marcos Lavagna (Consenso Federal), de incorporar al Ministerio de Agricultura en el Consejo que hace referencia el decreto, que las escuelas se mantengan abierta los siete días de la semana para atender los comedores, porque la mayoría de ellas dependen de las provincias.

“Todos registramos el aumento de los alimentos y lo que sucedió después de la devaluación post PASO. Los problemas sociales no se resuelven con políticas sociales; se resuelven con políticas económicas. Lo que estamos haciendo acá es dar paliativos para superar la emergencia, pero estamos convencidos de que los problemas sociales se resuelven cuando la Argentina retome un rumbo de crecimiento económico, se generen más puestos de trabajo, vuelva a existir la movilidad social ascendente, que es lo que al menos nosotros claramente aspiramos”, dijo Agustín Rossi (FpV-PJ) en el cierre. Rossi también reivindicó el rol de los intendentes y de los movimientos sociales como contención ante la crisis: “No me gusta para nada la estigmatización que se hace de las organizaciones sociales, que han cumplido un rol de 2002 en adelante”.

El cierre del debate fue para el oficialismo. “Con errores y aciertos, hemos atendido la política social; no todo lo que alcanza, porque va al compás de los sinsabores que la economía va produciendo”, se justificó el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, luego de celebrar que la sesión no se haya salido de madre. El gobierno que se negó a declarar la emergencia alimentaria por Decreto de Necesidad y Urgencia, ahora quiere sacar urgente el tema de la agenda política en medio de la campaña electoral.

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ