Carlos González Quintana fue suspendido por seis meses
Sancionan a un abogado por pedir una cautelar ante la CIDH por Santiago Maldonado
Visita de Nora Cortiñas y Chuzo González Quintana (de pie con bufanda marrón) a la Pu Lof en Resistencia Cushamen en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido. Visita de Nora Cortiñas y Chuzo González Quintana (de pie con bufanda marrón) a la Pu Lof en Resistencia Cushamen en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido. Visita de Nora Cortiñas y Chuzo González Quintana (de pie con bufanda marrón) a la Pu Lof en Resistencia Cushamen en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido. Visita de Nora Cortiñas y Chuzo González Quintana (de pie con bufanda marrón) a la Pu Lof en Resistencia Cushamen en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido. Visita de Nora Cortiñas y Chuzo González Quintana (de pie con bufanda marrón) a la Pu Lof en Resistencia Cushamen en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido. 
Visita de Nora Cortiñas y Chuzo González Quintana (de pie con bufanda marrón) a la Pu Lof en Resistencia Cushamen en agosto de 2017 cuando Santiago Maldonado aún estaba desaparecido.  
Imagen: Alejandra Bartoliche

Al igual que otras personas vinculadas al caso Maldonado que sufren persecución, el abogado Carlos "Chuzo" González Quintana fue sancionado severamente por el tribunal de disciplina del Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba con su suspensión en el ejercicio profesional por seis meses. Fue acusado de "haber utilizado la hipótesis de la desaparición forzada de persona para conseguir medidas cautelares contra el Estado nacional". El Colegio se refiere a su accionar, junto a su colega Fernando Cabaleiro, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para lograr que el Estado buscara a Santiago mientras aún permanecía desaparecido tras haber sido reprimido junto a la comunidad mapuche en Cushamen. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, junto a otros organismos de derechos humanos expresaron su "enérgico repudio" por la sanción contra su "compañero". Ambos letrados habían sido denunciados por el gobierno de haber conformado una asociación ilícita, y por falsa denuncia y traición a la patria también por sus pedidos a la CIDH.

En un comunicado con el que están juntando firmas de apoyo a González Quintana, la Mesa de Trabajo expresó que "se sabe que las medidas cautelares no son 'en contra de' sino 'a favor de', que no tienen carácter sancionatorio sino preventivo y protectorio en favor de quien las solicita". Y agregó que "esta sanción además de arbitraria y antijurídica es un claro ejemplo disciplinador no solo dirigido a nuestro compañero sino a los operadores jurídicos que ostentan su perfil profesional, situación que nos recuerda a otras épocas cuando miles de compatriotas hacían cola ante los representantes de la OEA para denunciar la desaparición de sus familiares porque los tribunales de justicia miraban de manera cómplice para otro lado". 

En realidad, González Quintana y Cabaleiro habían pedido medidas de protección a la CIDH luego de la feroz represión de enero de 2017 contra la comunidad del lonko Facundo Jones Huala, y cuando desapareció Santiago hicieron lo mismo en ese expediente ya abierto, para que el gobierno al menos reconociera su situación en lugar de negar que alguna vez Maldonado haya estado allí. "Es increíble esta resolución cuando dice que fue determinante, supuestamente, la participación de Chuzo en el otorgamiento de la medida cautelar, como si eso fuera un delito, cuando fue otorgada por una persona que estaba desaparecida, que lo dija Bullrich u Otranto vaya y pase pero es tremendo y gravísimo que lo diga un tribunal de ética del ejercicio de la abogacía", dijo Cabaleiro a Página12. Los abogados enviaron la resolución del Colegio cordobés al expediente abierto en junio de 2018 y que ya analiza la CIDH por la persecución a varias personas que tuvieron intervenciones clave en el caso, tales como ellos mismos y los testigos mapuches.

"Este repudiable fallo, que será recurrido en todas las instancias nacionales e incluso internacionales, obedece a una evidente presión política por parte del gobierno nacional, quien en la cabeza de la ministra Bullrich pretende seguir controlando la suerte que pueda correr el caso Maldonado y todas sus implicancias accesorias, persiguiendo política, mediática y judicialmente a nuestro compañero abogado, a quien pretenden aleccionar por el trabajo que desarrolla tanto en su provincia como en otros territorios del país", anticipó el comunicado. 

González Quintana despliega una persistente actividad en defensa de los recursos naturales y de los pueblos originarios. Quienes lo apoyan, destacaron que nunca tuvo un antecedente disciplinario y le aplicaron el máximo de la pena prevista en la ley. "El ataque a los profesionales del derecho que asusten a las víctimas de violencia institucional en contextos represivos, como es el caso Maldonado, constituyen hechos de una enorme gravedad que ponen en jaque al sistema democrático y al servicio de justicia, situación que solo traerá como consecuencia el desamparo de los débiles y el manto oscuro de la impunidad, desplegado sobre los responsables materiales e intelectuales de este y otros hechos semejantes a los que asistimos de manera cotidiana".

La Mesa manifestó que González Quintana "hizo lo que tenía que hacer ante la noticia de una desaparición, acudió a los organismos internacionales ya que los tribunales de Esquel habían demostrado no ser confiables para investigar hechos de violencia estatal en territorio mapuche, se ajustó prolijamente a las pautas protocolares de la CIDH y encuadró la denuncia en la figura de desaparición forzada de persona, algo que aún sostiene la familia Maldonado". 

Y concluyó que "el tribunal de ética del Colegio de Abogados de Córdoba ha sancionado a un defensor de los derechos humanos, convirtiéndose en un tribunal de disciplinamiento y no de disciplina (...) en los '70 desaparecían abogados por presentar habeas corpus, en la actualidad los judicializan y sancionan disciplinariamente, no quieren abogadxs que defiendan a los movimientos ambientalistas, no quieren abogadxs que defiendan a las familias de los muertos del gatillo fácil y la violencia policial legitimada por la propia ministra con su doctrina Chocobar, que defiendan a trabajadorxs o a comunidades indígenas que recuperan sus territorios ancestrales". Por todas estas razones, invitaron a organizaciones de todo tipo a repudiar esta sanción que pretende aleccionar al abogado, en esta nota que firma la Mesa junto a H.I.J.O.S., Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los DDHH de Córdoba y Ex Presos Políticos de la Patria Grande. 

 

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ