El proceso se inició en septiembre de 2015, pero se demoró hasta esta instancia, según la denunciante por “una maniobra dilatoria de la Justicia para encubrirlo y darle más tiempo en sus aspiraciones políticas. En un momento se extravió el expediente, en otro otorgaron una prórroga a pedido de la defensa, es todo muy extraño”, dijo Débora Ramirez a Salta 12.

El ex intendente es pre candidato a diputado provincial por el “Partido Identidad Salteña”. En este juicio está acusado por violencia de género y abuso de autoridad. 

Ramírez denunció también que en su momento no la dejaron constituirse como querellante, por lo que ahora se encuentra “sólo en calidad de víctima representada por la fiscalía”. La causa la lleva el fiscal de General Güemes, Pablo Rivero.

“En ese momento había presentado una licencia con certificado médico de 15 días por la pérdida de un embarazo y lo que hizo el intendente fue aprovechar la situación para desplazarme”, contó Ramírez.

“Segura estaba abandonando su cargo y ya anteriormente me había pedido la renuncia porque quería dejar a alguien de su confianza en mi lugar”, agregó.

Ramírez aseguró que la Carta Orgánica Municipal de General Güemes es clara y que no es el intendente quien tiene el poder para remover o nombrar a una jueza de faltas, sino el Concejo Deliberante.

Sin embargo, “Segura sacó una resolución para reemplazarme. Cambió las cerraduras, cambió a todo el personal y retiró expedientes del juzgado. Además, me reemplazó por el secretario de Gobierno (Dante Giménez Guevara) y estableció que para reintegrarme yo tenía que someterme a una junta médica, con revisiones ginecológicas, clínicas y psiquiátricas”, dijo la jueza.

A su vez, señaló que cuando concluyó su licencia y quiso reintegrarse le prohibieron la entrada al Juzgado, “Segura ordenó que se pusiera un vallado policial para que no ingresara nunca más. Por lo que me apersoné con un escribano para que certificara y todo eso consta en el expediente”.

“Me generó mucha impotencia que ponga como excusa mis aptitudes psíquicas por haber perdido un embarazo. Fue mucha violencia la que viví”, manifestó.

En ese momento, Débora Ramírez presentó un amparo que le resultó favorable en noviembre de 2015. La jueza en lo contencioso administrativo, Silvia Longarte, dejó sin efecto la resolución y ordenó restituirla en el cargo, pero esta medida no fue acatada sino hasta que asumió en la intendencia Alejandra Fernández.

Justamente, la actual jefa comunal de Güemes declaró como testigo el lunes, porque cuando sucedieron los hechos era concejala de la ciudad.

Se estima que el juicio finalizará hoy, luego de la reproducción de alegatos de las partes. Ramírez espera que el fiscal de la causa pida la pena máxima y se ordene que Segura sea inhabilitado para ejercer cargos públicos.