El proyecto para el financiamiento de las cooperadoras asistenciales obtuvo la media sanción anoche en la Cámara Baja y de esta manera será el Senado quien definirá si finalmente se utiliza parte de los impuestos a los juegos de azar para evitar que desaparezcan estas instituciones de asistencia directa que manejan en total un presupuesto superior a los 400 millones.
De qué se trata el proyecto
El dictamen que finalmente se aprobó por amplia mayoría (solamente el diputado Héctor Chiban votó en contra) dispone que se creará un “Fondo Solidario de Asistencia Social” que tendrá por objetivo atender distintas situaciones asistenciales según el orden de prioridades establecido en el proyecto: Programa Copa de Leche, Alimentos, Medicamentos, necesidades prioritarias y extremas.
Dicho Fondo no deberá ser inferior al 4 por ciento de lo recaudado por la provincia mensualmente por el impuesto a las actividades económicas, también conocido como Ingresos Brutos.
Si bien el proyecto original disponía que los fondos surgiesen de dicho tributo, los diputados optaron por financiarlo destinando el 5 por ciento de lo que se paga en concepto de premios de juegos de azar y la totalidad de los premios no cobrados. Si esta cifra queda por debajo del 4 por ciento antes mencionado, el Estado provincial aportará el monto restante para llegar a ese mínimo.
Hasta el momento, las cooperadoras reciben fondos provenientes de un impuesto específico sobre el 2 por ciento de los sueldos que paga un empleador. Este año se estima que la recaudación total por ese concepto se ubique cercana a los 434 millones de pesos.
Con la firma del Pacto Fiscal entre Nación y provincia en el 2018, quedó establecido que a fines de noviembre de este año dicho tributo a las cooperadoras desaparecería, por ese motivo, al quedarse sin recursos, sus cierres sería inevitable.
El papel que cumple la cooperadora actualmente, principalmente la de capital que cuenta con casi 300 empleados, obligó a los legisladores a buscar alternativas para garantizar su funcionamiento.
El proyecto tratado ayer lleva la firma de los diputados Mario Vilca, Nicolás Taibo y Lucas Godoy, todos del bloque justicialista.
Nuevo reparto y más controles
En la iniciativa aprobada en la Cámara Baja, ese Fondo Solidario se repartirá utilizando el coeficiente de la coparticipación provincial, por lo que se verán beneficiadas las localidades del interior, ya que actualmente la distribución se hace sobre la base del domicilio fiscal de los contribuyentes y la gran mayoría están radicados en Capital, que por lo tanto es la que recibe un monto considerablemente mayor con respecto a las otras ciudades.
Además, se dispuso que los fondos girados a las cooperadoras se deben utilizar en un plazo no mayor a los 90 días, considerando que se trata de atender situaciones urgentes, por ese motivo varios diputados cuestionaron que la cooperadora de capital tenga inmovilizados fondos en un plazo fijo.
Otro de los puntos en el que hicieron hincapié los diputados es en el control de la ejecución de fondos. En estos tiempos electorales las cooperadoras siempre quedan en el foco de la sospechas por las denuncias de uso clientelista de sus recursos.
Ante esto se resolvió que la Sindicatura General deberá controlar mensualmente las rendiciones que envíen las cooperadoras y cada tres meses el ministerio de Gobierno deberá mandar a la Legislatura un informe al respecto. De no cumplir con las rendiciones, se les suspenderán a las cooperadoras los envíos de fondos.
Igualmente la Auditoria mantendrá, tal como lo establece la Constitución Provincial, sus funciones de control sobre los gastos de las cooperadoras, por lo que se implementará una doble revisión.
Más fondos
Con este nuevo sistema de recaudación para las cooperadoras, se calcula que los montos a repartir se elevarán. En lo que va del año, hasta julio, Capital recibió 156.686.535 pesos, lo que representa un promedio de más 22 millones mensuales y que proyectado a diciembre significarán 268 millones.
En tanto, a la cooperadora de Orán le llegaron 12.975.973 millones de pesos en los primeros siete meses; a Tartagal, 9.298.511 y a Rosario de Lerma, 5.020.625.
Las cooperadoras asistenciales fueron creadas por la Ley 5335 en 1966 con la finalidad de asistir las necesidades prioritarias sociales y sanitarias en cada municipio, si bien son entes autárquicos, en la práctica se constituyen en apéndices de la intendencia. Igualmente con el paso de los años se convirtieron en instituciones de referencias para la asistencia social.
El proyecto de ley pasó al Senado en revisión, que deberá expedirse lo antes posible, considerando que en dos meses el impuesto a las cooperadoras pasará a la historia.
