Luis María Blaquier, el empresario y ex funcionario que saltó a la fama el mes pasado cuando quedó detenido por romper el telegrama oficial mientras fiscalizaba para las PASO en José C. Paz, ahora fue citado a indagatoria para el 25 de septiembre en una causa en la que se investiga su papel como director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El juez Sebastián Casanello, en base a una investigación del fiscal Franco Picardi, lo convocó como sospechoso de haber intentado beneficiar a las empresas Arcor y Cablevisión, de las que había sido director hasta diciembre de 2015. Como ejecutivo de Arcor había aprobado la venta de obligaciones negociables que luego propició comprar como director en el FGS. El fondo también suscribió ese tipo de deuda del Grupo Clarín, donde su lugar lo ocupó su hermano Gonzalo. Es un caso emblemático de la función que, todo indica, cumplieron decenas de CEOs dentro del Gobierno, con intereses a ambos lados del mostrador.

Según dictaminó el fiscal Picardi, hay dos conflictos superpuestos: uno es de intereses, ya que cuando Blaquier se incorporó al FGS y participó de la aprobación de la compra de obligaciones negociables de Arcor y Cablevisión no informó que había sido director de ambas hasta diciembre de 2015. De hecho, dejó esos lugares porque se incorporaba a la administración de Mauricio Macri. La otra cuestión es que había, según analizó la fiscalía, opciones de inversión más convenientes. Por esto, los dos delitos que Picardi señaló como posibles son “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes a su cargo”. Las primeras denuncias sobre este tipo de maniobras fueron promovidas por Gabriel De Vedia, ex titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (Ufises).

El FGS es un fondo que opera como reaseguro del sistema jubilatorio. Se compone de acciones de empresas, dinero, plazos fijos y títulos públicos y realiza inversiones. Funciona como un resguardo del sistema previsional. Se creó en 2007 para amortiguar el impacto de las variables económicas sobre el régimen jubilatorio y a modo de fondo de reserva. Inicialmente, se nutrió de recursos de las AFJP. Un informe reciente de la Auditoria General de la Nación (AGN), como informó este diario, mostraba cómo algunos empresarios allegados al Gobierno, que habían integrado compañías y fondos de inversión, ya antes de la llegada de Macri al poder preparaban el terreno para los negocios con el FGS. Otros nombres que fueron denunciados en expedientes aparte son el ex secretario de Finanzas Luis Caputo y el titular de la Anses, Emilio Basabilvaso.

En el caso de Blaquier, el fiscal Picardi había señalado puntualmente que “en su carácter de subdirector Ejecutivo de Operación del FGS, se interesó en la adquisición de ON (obligaciones negociables, es decir, títulos de deuda corporativa) de Arcor y Cablevisión, con miras a la obtención de un beneficio de un tercero, incumpliendo los deberes que le eran impuestos en su carácter de funcionario público”. Precisaba que, según actas del FGS, el 8 de junio de 2016 el FGS suscribió 10 millones de dólares de obligaciones negociables clase A, ofrecidas dentro de una emisión individual por 500 millones de dólares y en el marco de un programa global de emisión de hasta mil millones. El 29 del mismo mes y año el FGS suscribió 12 millones de dólares de ON clase 9 ofrecidas en una misión individual por 300 millones de dólares en un programa de emisión de hasta 800 millones. Para el tipo de operaciones, los montos no son tan llamativos. Pero cuando Picardi analizó la conveniencia y razonabilidad encontró que eran empresas elegidas arbitrariamente ya que había otras inversiones más rentables. La explicación estaba, a su entender, en los vínculos de Blaquier con las firmas en cuestión.

En Arcor, recuerda el llamado a indagatoria, Blaquier fue designado director en la asamblea del 26 de abril de 2014, participó ese año y el siguiente en reuniones de directorio donde se resolvió pedir prórroga del programa de obligaciones negociables a la Comisión Nacional de Valores y luego, justo a fin de octubre de 2015, cuando se vislumbraba un posible cambio de gobierno, autorizó el programa para la emisión que suscribiría después el FGS, con él mismo como director. En el Grupo Clarín, Blaquier era director. “El hermano del encausado, Gonzalo Blaquier, fue designado como director titular no independiente de esa firma por el acta de asamblea del 25 de abril de 2016, justamente en reemplazo de Luis María”, recuerda el texto de Casanello. Pero agrega, con una cita del fiscal, que además de sostener la vinculación con Cablevisión por medio de su hermano, también había tenido una sociedad llamada Fontinalis Partners junto con Ralph Booth, accionista del grupo Clarín.

“Los estrechos vínculos de Blaquier con el resto de las personas integrantes del comité de inversiones del FGS y con las empresas emisoras de las ON en cuestión, la presencia de irregularidades en el trámite de aprobación para la suscripción de dichos títulos, la existencia de opciones de inversión más rentables en el mercado que las ofrecidas por Arcos y Cablevisión, las bajas calificaciones de riesgo otorgadas a las ON de las empresas por parte de la agencia de calificación Moody’s, y el beneficio que la inversión por parte del FGS les reportó a las empresas, abona la hipótesis delictiva aquí planteada”, decía el documento de Picardi. Así avanza, al ritmo de los nuevos vientos políticos, otra causa sobre las nuevas formas de corrupción que –todo indica— caracterizaron a la administración de Mauricio Macri, con negocios personales mezclados con la política dentro de la propia estructura del Estado.