Por primera vez desde que en Uruguay está legalizada la interrupción del embarazo, la justicia impidió a una mujer la realización de un aborto. El argumento fue el pedido que en ese sentido hizo el presunto padre. El fallo abrió una polémica en ese país y levantó una ola de repudios desde las organizaciones políticas y de mujeres que promovieron la despenalización. Margarita Percovich, ex senadora e impulsora de aquella ley, explicó a PáginaI12 que “la decisión de la magistrada es claramente inconstitucional porque se arroga derechos que no existen en nuestro país y no cumple con la normativa existente”. El caso fue apelado a un tribunal de alzada y terminará en la Corte Suprema de ese país.
La jueza de Primera Instancia de la ciudad de Mercedes, capital del departamento uruguayo de Soriano, Pura Book Silva, dispuso suspender el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de una chica de 24 años que lleva diez semanas de gestación y que había iniciado el trámite para abortar de acuerdo con la normativa que rige desde 2012. Uno de los argumentos centrales que utilizó Book Silva para detener la decisión legal y voluntaria de la mujer fue que el presunto padre “está dispuesto a hacerse cargo de su hijo”. Aquella fue la transcripción exacta que aparece en la sentencia judicial del 21 de febrero.
“Realmente es insólito lo que sucedió en Mercedes. Con toda la problemática de la violencia de género que sufrimos en el país, para impedir un aborto legal una jueza toma como justificativo que el padre ´se va a hacer cargo´, como si esa promesa tuviera algún sustento y, en realidad, es más parecido al juramento a la bandera hacen los niños en la escuela”, expresó Liliana Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay.
En octubre del 2012, el Congreso de la República Oriental del Uruguay sancionó la Ley 18.987, comúnmente conocida como Ley de Aborto Legal, aunque el nombre no sea el adecuado. En este país, el aborto no está despenalizado sino que se reglamentó no sancionar a la mujer que, hasta la 12 semana de gestación, decida voluntariamente interrumpir el embarazo. Para ello, debe cumplir con ciertos requisitos que incluyen acudir a una consulta médica ante una institución del Sistema Nacional de Salud, además de tener una reunión con un equipo interdisciplinario que deberá informar a la mujer de los riesgos de elección y explicar las políticas de adopción y de apoyo económico para maternidad. Pero la decisión final siempre recae en la voluntad de la mujer. “Incluso la ley prevé que el varón participe de las consultas con el ginecólogo y el equipo interdisciplinario. La ley es precisa: ni él, ni los especialistas ni tampoco terceros pueden inferir en la elección de la mujer embarazada”, explicó a PáginaI12 Abracinskas.
En contraposición a la normativa, la jueza Book Silva considera en su fallo que el presunto padre –quien presentó el recurso de amparo en el juzgado de Mercedes– “intentó por todas formas posibles hacer reflexionar a la demandada (la joven embarazada) para que depusiera su actitud”. Es decir, de respeto por la voluntad de la mujer, nada.
Además de impedir la decisión (legal) de la joven, el fallo encierra una disputa ideológica. Para la magistrada, la vida comienza en el momento de la gestación. En varias ocasiones lo nombra como “niño” o “hijo” e incluso Book Silva ordenó en la sentencia judicial designar un Defensor Oficial para el feto que cuenta con menos de once semanas. Si bien voceros de la cartera de Justicia del Uruguay descartan aquella decisión de la jueza, organizaciones sociales y movimientos feministas elevaron un comunicado en el cual expresan la arbitrariedad del pedido. “En nuestro país y en la normativa internacional no hay una sola disposición que refiera al derecho del no nacido como sujeto de derecho. El genitor no tiene ningún derecho en esta situación y por tanto carece de legitimación procesal para solicitar amparo. Además, el concebido no ha nacido viable y vivido 24 horas naturales, por lo que no es persona ni su progenitor ejerce la patria potestad todavía”, indicaron en el documento firmado por agrupaciones como Cotidiano Mujer, Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay, Rujap, MYSU y Ciedur.
“Hay varios errores en el fallo. En primer lugar, el feto no es persona. Y las justificaciones que se expresa en la sentencia no cumplen ni con las leyes actuales, ni con la Constitución Nacional. Además, recibe un reclamo de alguien que no tiene derecho a demandar ni exigir y termina fallando a favor por sobre la mujer embarazada. Esperemos que ahora la Suprema Corte de Justicia corrija esta sentencia”, aseguró Percovich.
Ayer por la mañana, Daniel Benavidez, abogado de la joven embarazada, presentó la apelación del fallo decretado por Book Silva. El letrado aseguró que siente “una profunda indignación personal y profesional” por la resolución de la magistrada. Además aseguró que esta sentencia judicial vulnera el derecho de la defendida ya que “hay una ley vigente que no se puede obviar”. Tras presentarse el recurso de apelación, la causa judicial continúa de la siguiente manera: el presunto padre tiene tres días para entregar el descargo correspondiente, luego el expediente dispuesto por la jueza se elevará al Tribunal de Apelaciones de Familia del departamento de Soriano.
La “demandada”, de 24 años, aún tiene más de catorce días –la normativa prevé la interrupción del embarazo hasta 12 semanas y seis días de gestación– para abortar. Pero se siguen sumando adversidades: además del miedo de ser condenada por incumplir la sentencia de Book Silva, el ambiente que se rodea la joven no facilita su voluntad. “La ciudad de Mercedes cuenta con un 100 por ciento de ginecólogos locales que son objetores de conciencia, así que no realizan el procedimiento dispuesto por ley”, aseguró Abracinskas. La directora de Mujer y Salud, una organización que genera campañas y acciones en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, también explicó que “en muchas localidades del interior, las mujeres tienen dificultades para abortar. No siempre viajan médicos de Montevideo para tratarlas ni ellas tampoco tienen los medios suficientes para poder realizar la suspensión del embarazo”.
“Todavía tenemos personas con una cabeza del siglo XVIII. Facultades de Derecho que forman a jóvenes para reducir las penas a los hombres acusados de violencia de género y médicos que quieren evitar los abortos, por eso se escudan en la objeción de conciencia. Con estas medidas no sólo vivimos un retroceso sino que también hay una intención real de grupos de poder que buscan quitar los derechos adquiridos por la ciudadanía”, concluyó la ex legisladora Percovich.
Informe: Jeremías Batagelj.
