La fiscala de Violencia de Género, Claudia Geria, informó en la reunión del Consejo Asesor de Fiscales que solo llegaron nueve pulseras electrónicas y que en lista de espera hay 400 casos. 

Estos dispositivos se usan en Salta desde 2017 mediante el sistema de Unidad de Monitoreo para Víctimas de Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. 

También faltan los botones antipánico que prevé el decreto provincial de Emergencia por Violencia de Género, ese dato se desprende de la información aportada por organizaciones de mujeres, víctimas y abogadas a Salta/12, porque los organismos oficiales no supieron dar las cifras específicas, a pesar de que se hicieron consultas a las áreas de prensa de los Ministerios de Gobierno, Justicia y Derecho Humanos; Seguridad y al Ministerio Público Fiscal.

"Los últimos datos que tuve es que no había botones antipánico. Ahora no tengo compañeras que los estén usando pero las que tuvieron botones se sentían presas y a veces no funcionaba la señal”, sostuvo ante Salta/12 la militante de la Fuerza de las Mujeres, Sofía Fernández. La referente consideró que “los violentos deberían tener las pulseras con GPS”. Resaltó que es necesaria la implementación de la ley Micaela, en todos los organismos del Estado.

La abogada especializada en perspectiva de género Patricia Aguirre explicó que los botones y las pulseras son dispositivos fundamentales, para controlar el cumplimiento de la prohibición de acercamiento de los violentos a las víctimas pero que son insuficientes como medida de protección.

“Desde hace un año y medio vengo viendo tanto en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género como en las Fiscalías que el servicio de emergencia 911 responde a los oficios que no tiene los dispositivos y que arbitren otras formas de proteger a las víctimas. Esa respuesta del 911 me parece liviana, desvincula la responsabilidad que tiene el estado salteño”, afirmó la abogada.

La especialista recordó que la provincia está en emergencia por violencia de género y el decreto se prorrogó hasta 2020. Analizó que esa disposición “cumple un rol solo formal porque en lo fáctico a la víctima no se la protege. El estado tendría que arbitrar todos los medios para que no existan faltantes y si se requiere un millón de botones, tienen que estar disponibles”.

“Aun teniendo los dispositivos hay un espacio de minutos en los que la víctima está a la deriva y a la voluntad del agresor, en la mayoría de los casos termina en femicidio. En ese ínterin nadie puede proteger a la mujer. Dada la gravedad de los casos que llevo como abogada, debo decir que los botones ni las pulseras son suficientes para proteger a las mujeres, mucho menos en los casos de extrema gravedad”, dijo Aguirre.

La abogada explicó que la mayoría de los hombres que ejercen violencia de género, “violan la perimetral” y que esto suele terminar en femicidios. Por eso, consideró que las desobediencias judiciales en los casos de violencia de género deben dejar de ser consideradas solo como delitos a la administración pública y que el Código Penal debe reformarse si es necesario.

En Salta, fiscales y jueces no suelen ordenar detenciones ante las desobediencias judiciales, se “da vía libre al agresor para que siga actuando como quiere porque la mujer denuncia (la violación de la perimetral) si es que tiene la suficiente valentía o si ha quedado viva y está asesorada”, planteó Aguirre.

El año pasado en Salta hubo ocho femicidios, según datos del OVcM.