Ayer a las 7 de la mañana, miembros de la Policía de Salta, incluido un grupo de Infantería, desalojaron a la Comunidad indígena El Milagro en el municipio de Salvador Mazza, del departamento San Martín. Cuarenta familias quedaron en la calle por orden del juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Nelson Aramayo.

La decisión fue luego de la presentación del título de propiedad por parte de Silvia Estela Gorena, la titular registral del predio donde vivían estas familias.

“Nos corrieron por estar en la orilla de la quebrada”, relató la cacica Francisca Aramayo. El lote se ubica detrás del hospital del municipio fronterizo. “Era un basural y nosotros lo limpiamos”, contó.

La comunidad dijo que el intendente Raúl Méndez aún no se acercó a ofrecer una solución: “Esperamos que por lo menos nos brinden un apoyo y que nos devuelvan las cosas”, agregó la cacica. Dijo que durante el desalojo rompieron bienes de las familias y que “desaparecieron garrafas y cocinas”.

En referencia a la orden del juez Aramayo, los vecinos consideraron que se tendría que “reparar” y “dejar sin efecto la medida”. “No se desaloja cuando hay menores”, añadieron.

Son cuarenta las familias que desde ayer están en las calles que bordean el lote, entre ellos más de sesenta niños, y hay mujeres embarazadas.

La orden se originó en la presentación que hizo la docente y propietaria de MLS Terrenos, Silvia Estela Garone. En respuesta a esta presentación el juez ordenó el desalojo de las familias que vivían hace ocho meses en el lugar.

“No tiene papeles”, aseguraron desde la comunidad. Acusaron que la ausencia del intendente se debe a que “es amigo de Silvia”. “Nosotros hablamos con él y nos respondió que él no se puede meter con la Justicia”.

Sin solución por el momento 

El presidente del Concejo Deliberante y actual candidato a intendente, Héctor Ortega (PV), se acercó al lugar y dijo que están brindando la asistencia necesaria. En diálogo con Salta /12 contó que hace dos meses intentaron llegar a un acuerdo ante la presentación de Garone, pero “no hubo solución”.

En relación a ello, afirmó que la propietaria “tiene unos papeles que presentó ante el juzgado, sobre esos terrenos y de otros más”, y “legalmente están corroborados”.

Ortega sostuvo que “se está buscando un lugar para que se puedan reubicar”. Sin embargo, adelantó que “no se podría decir cuándo”.

“Lamentablemente esta situación se da por la desidia de nuestras autoridades”, manifestó el concejal. Consideró que “no hay una planificación” en cuanto a vivienda y que eso ocurre tanto a nivel local, como provincial y nacional. “Nunca vino gente de Tierra y Hábitat acá” y “creo que el municipio se ha movido solo y mal”, expresó.