Sobre la condena a Ricardo Lona
Romper el cerco de la injusticia
El fallo implicó un avance en el juzamiento a los civiles que participaron del terrorismo de Estado, que todavía ostentan poder económico, judicial, clerical y mediático. 
María José Castillo (de violeta) fue querellanteMaría José Castillo (de violeta) fue querellanteMaría José Castillo (de violeta) fue querellanteMaría José Castillo (de violeta) fue querellanteMaría José Castillo (de violeta) fue querellante
María José Castillo (de violeta) fue querellante 
Imagen: Flor Bustamante Arias s

El pasado 8 de octubre el Tribunal Oral Federal de Salta Nº 2 dio a conocer los fundamentos del fallo dictado el pasado 24 de setiembre, donde con el voto mayoritario de los jueces Juan Carlos Reynaga y Gabriela Catalano (con la disidencia del juez Gabriel Casas) se condenó a Ricardo Lona a la pena de 15 años de prisión por ser partícipe secundario del homicidio de Miguel Ragone, autor del encubrimiento del homicidio de Santiago Catalino Arredes y de la tentativa del homicidio de Margarita Martínez de Leal y autor de prevaricato.

Con este fallo, emerge el Nunca Más y atraviesa barreras. Porque (al fin) el Poder Judicial decidió romper la valla que impedía juzgar a uno de sus miembros. Porque Dicky Lona, como le llaman en el ámbito tribunalicio, es (o era) uno de ellos, formaba parte de la gran familia judicial salteña. Es quien extendió sus brazos de abajo a arriba, a lo largo y ancho del Palacio de Justicia, de tal manera que su omnipresencia se huela en cada espacio del edificio de la calle Deán Funes.

Pero, al fin de cuentas, no le alcanzó, porque la tozudez de la Memoria la Verdad y la Justicia, con rostros de Madres, Abuelas, HIJOS, Familiares pudo más que los 40 años de impunidad.

Aunque nunca alcanza, porque llega tarde y fragmentado, para cicatrizar dolores, este fallo viene a consolidar y ampliar el proceso de juzgamiento por los graves crímenes sucedidos en nuestro país durante el último terrorismo de Estado. Porque sabemos, la dictadura fue cívico-militar, entonces alcanzar a los civiles es una tarea ardua, porque ellos y ellas son personas que representan el poder económico, judicial, clerical y mediático. Pero el horizonte fue marcado y caminamos hacia él, no sin obstáculos, pero con pasos firmes.

En este proceso, que duró más de una década, en el que se condenó a Ricardo Lona a 15 años de prisión por haberse probado su participación en el secuestro y asesinato de Ragone (y de dos víctimas más que estaban circunstancialmente en el lugar aquel 11 de marzo de 1976 ), el Tribunal, consideró que el imputado (ahora condenado) “Ricardo Lona como juez federal en esta provincia de Salta, contribuyó previo acuerdo, al plan criminal del terrorismo de Estado, lo que se evidenció en la clara voluntad de no investigar el secuestro y posterior desaparición del ex gobernador de la provincia Miguel Ragone.”

Consideraron los jueces que resultaba ingenuo creer que la actuación, o más bien la falta de ella, de Lona se debía a inoperancia, simple torpeza o que fuera accidental.

Ya que lo que se necesitó claramente y a cuya convicción llegaron los doctores Reynaga y Catalano, era a un miembro del Poder Judicial que asegurara impunidad, que se comprometiera a no investigar y a entorpecer cualquier pesquisa que se intentara realizar y eso es lo que consiguieron en cabeza de Lona.

“La prueba analizada demuestra que la participación de Ricardo Lona fue funcional y en complicidad a los objetivos de la dictadura militar, ya que desde su función como magistrado federal (…) procuró brindar un manto aparente de legalidad a la presunta investigación iniciada en esta causa.”

“… Quedó probado que no sólo en esta causa y en estos hechos Lona desplegó tales conductas, contrarias a las que se deberían adoptar en casos como el presente en su carácter de juez instructor, sino que en la mayoría de los expedientes incorporados como prueba (expedientes históricos de victimas el terrorismo de Estado), se pudo verificar una reiteración de ese comportamiento, constatándose similitudes al presente en el sentido de que asumía una competencia en causas en donde había personas desaparecidas, secuestradas o privadas de su libertad invocando la ley 20.840, y luego no investigaba el hecho o no impulsaba las medidas necesarias para su esclarecimiento o para hacer cesar esas detenciones ilegales o actos de torturas llevados a cabo en tales circunstancias y, finalmente, o se excusaba como ocurrió en estos autos o bien ordenaba el archivo de las actuaciones, o directamente omitía investigar y resolverlas”.

Es que Lona tuvo a su cargo a más de sesenta detenidos y detenidas políticas de la dictadura por aplicación de la ley 20.840. Ley que fue montada (a partir de 1974) para perseguir a quienes eran sindicados como oponentes al régimen que se estaba instaurando. Y fue quien se encargó de aplicarla para disciplinar y controlar a la población en connivencia con las fuerzas de seguridad y militares.

Lona es un criminal más de lesa humanidad. Con sus acciones y omisiones, con su connivencia con otros criminales, fue causante de graves crímenes que nos duelen a todos, a la humanidad toda, y cuyas consecuencias la sentimos hasta hoy. Nos duelen los y las que nos faltan. Nos duele aún la tortura.

Hoy ese dolor cede. Hoy ese dolor trasmuta en Justicia. Hoy la Justicia decidió morder sus propios zapatos.

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