Por Agustín FontenlaDesde Barcelona
La semana posterior a la publicación de la condena a los líderes indepedentistas va camino a concluirse con una disminución de los disturbios, pero con un mayor enfrentamiento político. El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, no respondió una llamada del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y afirmó que, para iniciar un diálogo con el líder independentista, este debía condenar la violencia sin ambigüedades.
El presidente de la Generalitat había anunciado en la mañana que llamaría a Sánchez para fijar una reunión y abordar la crisis. Cuando se enteró de la negativa del mandatario socialista a través de un documento que se había filtrado a los medios, Torra aseguró que nadie podía darle “lecciones de condenar y luchar contra la violencia”, y agregó que Sánchez buscaba excusas para no asumir su “responsabilidad de hacer política de forma democrática”.
El documento filtrado por el Gobierno socialista hacía referencias al diálogo, “un diálogo dentro de la ley”, pero una vez que Torra condenara la violencia y llevara calma a la sociedad catalana. Una condición que el PSOE puede arrogarse con cierta credibilidad. A diferencia del expresidente Mariano Rajoy, que respondió siempre al pulso soberanista con indiferencia y gestiones en los tribunales, el mandatario socialista se animó a iniciar un diálogo con los independentistas en febrero de este año.
Sin embargo, su iniciativa desató la ira de la oposición, que lo acusó de traidor, y Sánchez decidió congelar el diálogo y convocar elecciones generales. Ahora que se conoció la sentencia a los independentistas, el conflicto se trasladó a la calle, y las elecciones generales se celebran el 10 de noviembre, el contexto no es ni mucho menos propicio para nuevas iniciativas. Ningún partido ofrecerá soluciones reales. Solo marketing electoral y medidas de impacto, como intervenir la comunidad con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Un recurso que reclaman con insistencia el Partido Popular y Ciudadanos.
Incluso una dirigente como Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona que revalidó su cargo tras las elecciones de mayo pasado, se ha manifestado este sábado con una cuidada combinación de declaraciones. Por un lado, criticó la violencia minoritaria y, por otro, ponderó el espíritu democrático de las manifestaciones pacíficas. Pero al referirse a la cuestión política que plantea el desafío soberanista, rechazó una reunión a la que fue convocada por Torra por “precipitada”, y afirmó que debía producirse una convocatoria amplia y unitaria de instituciones y sociedad civil.
Con este antecedente, parece poco probable que el resto de los políticos vaya a hacer grandes apuestas cuando, en menos de un mes, buscará asegurar su futuro político.