Con relatos de tormentos en el ex Batallón de Ingenieros de Combate 141 a fines de 1975 comenzaron las audiencias testimoniales de la denominada “Megacausa IV” de Santiago del Estero, en la que se juzga al ex jefe de inteligencia de la policía provincial Antonio Musa Azar y a otros siete imputados por delitos de lesa humanidad antes y durante la última dictadura cívico--militar. “Durante varias semanas nos tuvieron tirados en el piso, con esposas y los ojos vendados. Ni agua nos daban”, coincidieron los hermanos Julio y Pablo Arias, que militaban en la Juventud Peronista, en su declaración ante el Tribunal Oral Federal santiagueño.

Los hermanos Arias, junto con un cuñado, fueron detenidos en la madrugada del 19 de noviembre de 1975 por una patota de militares y policías, que los arrancaron de su casa de La Banda y los llevaron al batallón. Julio Arias, de 77 años, recordó ante los jueces que el entonces sargento Ramón Marchant, uno de los acusados, “le apuntó con un arma a un bebé de pecho, que era mi sobrino, para que nos calláramos”. Entre los secuestrados a quienes vio en cautiverio mencionó a María Mrad, aún desaparecida, y a su amiga Graciela Lescano, que estaban “atadas en las manos, amordazadas y con los ojos vendados”. El testigo contó que en la cuadra de la sección “destinos” del batallón llegó a contabilizar entre 15 y 19 personas tiradas en el piso que “lloraban y pedían agua”. “Dormí esposado a la cama durante seis meses”, relató, y entre las torturas mencionó que les tiraban baldazos de agua y les pegaban con una goma. La segunda etapa del calvario fue en el hospital militar de Campo de Mayo, al que lo trasladaron alegando “problemas mentales”. En 1978 lo llevaron al penal de Magdalena. “No nos abrían la puerta del calabozo ni para ir al baño. Orinaba en una botella y lo sólido lo ponía en un papel”, señaló y consignó el portal Nuevo Diario. Fue liberado en mayo de 1981. Entre las secuelas del terrorismo de Estado, todavía tiene problemas auditivos.

Musa Azar y el ex mayor Jorge D’Amico, ambos acusados, ya suman tres condenas a prisión perpetua por su actuación en la dictadura. El ex comisario fue condenado además por el “doble crimen de La Dársena”, los femicidios de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba en 2003, cuando era secretario de Seguridad de la gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez. Pese a los reclamos de los organismos de derechos humanos, ambos gozan de arresto domiciliario desde hace dos años. Los otros acusados son los militares retirados Marchant, Humberto Colinos, José Arce, Ramón Bautista Cisterna y Carlos Alfredo Pithod, y el ex policía Eduardo Bautista Baudano.