Pese a los elevados casos de delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes que se registran en la provincia, en Salta no existe un abordaje integral para acompañar a las víctimas, según la visión de abogadas, un psicólogo y una sobreviviente.

Otro aspecto señalado es referido a la actuación de la justicia, donde los consultados consideran que hay una la falta de comprensión de esta situación y se incurre en revictimizaciones. Además, la prescripción de las acciones penales contra personas acusadas por abuso sexual opera como una traba para quienes se atreven a denunciar estos hechos. Y resaltaron que debe haber acompañamiento psicológico en todas las instancias.

La asesora general de Incapaces Mirta Lapad sostuvo que en ocho meses de 2018 registraron 17.100 causas en las que están involucrados menores de 18 años. Cinco mil correspondían a violencia familiar y un 20% a delitos contra la integridad sexual. Los datos son estimativos y corresponden solo al Distrito Centro, que comprende a Capital, Valles de Lerma y Calchaquí.

La abogada especializada en género Patricia Aguirre sostuvo que en Salta el sistema judicial no está funcionando a los fines de proteger el interés superior de niños, niñas y adolescentes, ni “en la parte de los (juzgados de) familia ni en la persecución penal del delito”. La letrada manifestó que falta contención integral para las víctimas y sus familias, y que el estado las está dejando “al azar”.

“El tema de los abusos sexuales es un grave flagelo social. Nos azota desde todo punto de vista, es transversal ya que atraviesa a todas las clases sociales”, manifestó Aguirre. Señaló que la problemática se da en un 90% dentro de las familias. Por lo general los victimarios son abuelos, tíos, padrastros, personas del núcleo más cercano del niño, niña o adolescente y “cuando se dan estos casos se produce una ruptura familiar muy grande”, explicó. Además en la mayoría de casos los victimarios son hombres.

En condiciones de vulnerabilidad económica la situación empeora, “no hay ayuda económica, para casos donde el padre es el abusador” y es además el proveedor de la familia. La abogada señaló que cuando niños, niñas y adolescentes logran llegar a juicio “las penas que les están dando a los imputados son mínimas, o les dan la libertad” . Indicó que hay demoras “enormes para la Cámara Gesell", que los psicólogos o las psicólogas evalúan si las víctimas están en condiciones de declarar, y que hay chicos y chicas de dos años que no pueden hacerlo por la edad.

Aguirre sostuvo que en los procesos se investiga a la víctima para saber si lo que dice es verdad. “No queremos decir con esto que estamos en contra de la investigación. Se tienen que tomar las medidas necesarias para impedir la continuidad de los abusos que a veces siguen ocurriendo a pesar de las denuncias”. En el fuero de familia, Aguirre planteó que hay juezas ordenando la re vinculación con agresores sexuales, “con padres denunciados por abuso sexual sin que se dilucide si se produjo”.

Tiempo para denunciar 

Otro de los problemas tiene que ver con el plazo para la prescripción de la acusación, que corre desde que los chicos y chicas cumplen la mayoría de edad. La defensora oficial de Violencia Familiar y de Género, Liza Medrano, dijo a Salta/12 que a su área llegan sobrevivientes que han denunciado o quieren denunciar en la adultez, y habiendo pasado muchos años, abusos sexuales ocurridos en la niñez. Y cuando lo hacen “los imputados plantean la prescripción”. Por esto esperan la resolución de la Corte de Justicia de Salta sobre dos casos de abuso sexual eclesiástico, porque sentará un precedente sobre la prescripción en estos delitos.

“Es muy difícil para las víctimas hablar, necesitan un proceso de empoderamiento, de superación, necesitan dar su verdad. Tenemos casos de hijas que han pasado 12 años desde que cumplieron la mayoría de edad. Muchos casos no han prosperado por el transcurso del tiempo”, relató la defensora.

Para el empoderamiento es fundamental la asistencia psicológica. Medrano detalló la importancia de declarar sin la presencia del acusado, del respeto a la integridad de la víctima, que no se hagan preguntas que impliquen una re victimización y que no haya palabras de hostigamiento. “Relatar lo que les sucedió suele ser duro y angustiante”.

Relató que asistió casos en los que las víctimas debieron declarar “acompañadas con psicólogas del equipo técnico a la par, agarrándoles la mano para que no se sientan solas porque es difícil sentarse en una sala y que todas las miradas estén dirigidas hacia ellas”.

Casos no judicializados  

El licenciado en psicología Matías Arroz explicó que el tema de los abusos sexuales en la infancia es complejo “trae muchas complicaciones en la conformación de la personalidad en el futuro”. Detalló que en psicología infieren que por cada denuncia que existe “hay tres casos que no se denunciaron”. La característica principal es que los abusos no suelen llegar a una denuncia penal porque producen “una situación culposa grave en las víctimas. Se genera un bloqueo, no lo pueden contar. La confianza ya está trocada”.

El psicólogo dijo que los niños y las niñas cuando sufren abuso “no llegan a comprender; algo intuyen que estuvo mal” y solo lo pueden hacer en la medida que transcurre el tiempo.

La recomendación para adultos y adultas al cuidado de los chicos y chicas es que "presten especial atención sobre los lugares a donde van los niños;  no deben quedarse a solos con adultos en otras casas; tampoco dormir en la misma cama de los adultos (aunque sean sus padres o madres); No es recomendable ningún tipo de beso en la boca con los hijos; tampoco que los bañen cuando ya lo pueden hacer solos; ni que se queden solos con otros niños demasiado tiempo”.

Arroz explicó que hay muchas condenas de la Justicia que son laxas y no van en relación con los daños que ocasionan en las personas. Consideró que “jueces, abogados y fiscales” requieren mayor “formación  en delitos contra la integridad sexual”.

Una sobreviviente

Carla Morales Ríos, tiene 38 años, pudo denunciar en 2018 al cura Emilio Lamas por un abuso sexual que sufrió cuando tenía 13. Ella pudo reconocer que fue víctima de violación recién a los 25 años. Explicó que en su caso se denominan sobrevivientes porque ya no se encuentran en esa situación.

Para Morales Ríos, una herramienta fundamental para prevenir los abusos sexuales y para que los niños y las niñas puedan advertir y contar si están siendo víctimas es la Educación Sexual Integral. 

Contó que cuando denunció la mandaron a hacerse una revisación física donde la hacían abrir las piernas después de casi 30 años de haberse producido la violación, y con esto graficó la revictimización que sigue existiendo por parte de la justicia  “machista, binaria, sin perspectiva de género”.

La joven dijo que la justicia es parte de la sociedad y debe comprender las problemáticas de las personas que han sufrido abusos “como persona trans en la pericia me tratan como una mujer cis”.

Carla espera también conocer si su denuncia prescribirá o llegará a juicio. Adelantó que en caso de prescribir seguirá luchando para que haya una reforma en la legislación si fuera preciso.