El caso de las facturas truchas 

Para la AFIP, varios proveedores de la Municipalidad eran apócrifos

De la investigación de AFIP se desprende que varias contratistas no poseerían capacidad económica y financiera para la actividad prestada al municipio. El monto total facturado supera los 100 millones de pesos.

Muchas de las empresas contratistas de la Municipalidad de Salta durante 2017 y la primera mitad de 2018 no habrían contado con la “capacidad económica y financiera para prestar la actividad facturada”. Así surge de la investigación que realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y cuyos resultados fueron presentados ante la Justicia Federal a fines de 2018, dando origen al célebre caso de las “facturas apócrifas” que terminó en la detención del empresario Matías Huergo.

Las presentaciones realizadas por el organismo fiscal nacional fueron distribuidas ayer a la prensa por el diputado nacional y candidato a gobernador Sergio “Oso” Leavy en una conferencia de prensa (https://www.pagina12.com.ar/227904-leavy-denuncio-a-saenz-por-corrupcion-y-dijo-que-hay-trolls- ) en la que le exigió a la Justicia provincial que investigue el caso, en medio de una disputa de competencias con la Justicia Federal. En la documentación a la que tuvo acceso Salta/12 no se aportan pruebas que permitan realizar una ampliación de la denuncia por supuestas irregularidades, pero sí se describen con mucho detalle las irregularidades detectadas por la AFIP.

La principal empresa investigada, como ya es de público conocimiento, es SEC SA, una compañía que supuestamente pertenece a Gerardo Rubén Romero y a Camila Muñoz, y cuyos apoderados eran los hermanos Anibal y Álvaro Anaquín, pero que la AFIP entiende que era manejada por Huergo.

Luego de inspeccionarla, el organismo fiscal concluyó que se trataba de una empresa “apócrifa” que no contaba con la capacidad operativa para la instalación de 1.290 farolas, que es uno de los motivos por los que fue contratada por la gestión del intendente Gustavo Sáenz y para lo que facturó 8.632.540 pesos.

Para llegar a esa conclusión, la AFIP se basó, en primer lugar, en que SEC SA sólo había declarado tener un empleado, lo que no sería compatible con la tarea para lo que fue contratada. Pero además, uno de los proveedores mencionados por la contratista, Gustavo Ramón Vargas, se dedicaba a la “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados”, actividades que obviamente no eran compatibles con la colocación de farolas. Al ser consultado por la AFIP, Vargas negó haber efectuado operaciones de compra o venta con SEC SA y la comparación entre los comprobantes emitidos por Vargas y los presentadas por la contratista municipal mostraron que se trababa de facturas apócrifas. Joaquin Soria, otro de los proveedores, sí se dedicaba la venta de artículos de iluminación pero de las bases de datos se detectó que existían facturas duplicadas. Cuando le preguntaron a Soria, también negó haber sido proveedor de la empresa de Romero.

Finalmente, la AFIP analizó la capacidad patrimonial de sus accionistas, y concluyó que “no exterirorizan bienes que permitan determinar el origen de los fondos con que adquirieron el paquete accionario de SEC SA” en enero de 2017. Camila Muñoz directamente no está inscripta en la AFIP y Gerardo Rubén Romero no tiene bienes a su nombre. La empresa tampoco.

Flojas de papeles

Pero SEC SA no es la única contratista de la Municipalidad de Salta sospechada de ser apócrifa. De la presentación ante la Justicia Federal se desprende que la AFIP investigó la situación de 26 empresas proveedoras de la comuna capitalina que eligió por integrar la lista de las compañías que le facturaron al municipio salteño desde una computadora ubicada en el propio Centro Cívico Municipal.

En esa dirección IP (como se conoce a la identificación de un dispositivo) se loguearon durante el período analizado por la AFIP 178 CUITs diferentes. 26 de ellos pertenecían a empresas que le habían facturado a la Municipalidad de Salta un total de 121.645.342 pesos entre enero de 2017 y junio de 2018. La totalidad de la facturación de esas empresas a la Municipalidad en ese período, incluyendo los comprobantes emitidos desde otros IPs, ascendía a los 422.238.276 pesos.

Entre ellas, aparece Norte Áridos, perteneciente a la familia Dal Borgo, que es mencionada en una la escucha telefónica de la conversación entre Matías Huergo y su empleado Juan Llanos, como la utilizada para una operación de facturación apócrifa que tendría como beneficiario al entonces secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta, Pablo Gauffin. Según la AFIP, la empresa de los Dal Borgo carecería de capacidad operativa para las tareas para las que fue contratada. Con solo 4 empleados declarados, facturó en 2017 un total de 27,5 millones de pesos.

Durante el período analizado por la AFIP, tanto Norte Áridos como Dal Borgo Construcciones SRL, ambas empresas de la misma familia, sólo le facturaron a la Municipalidad de Salta, salvo la contratación de una contratista a la otra compañía familiar.

En su investigación, el organismo nacional analiza uno por uno los proveedores que emitieron sus facturas desde la dirección IP ubicada en la Municipalidad, y llega a la conclusión de que, si bien algunas tienen los papeles en regla, otra decena de empresas dedicadas a la obra pública “no poseerían capacidad económica y financiera para prestar la actividad facturada”:

Héctor Joaquín Paz no tiene bienes registrables a su nombre, tiene dos empleados, y tiene compras por más de 18 millones de pesos, superando a sus ventas.

Conpac SRL facturó 19 millones de pesos, y realizó compras por 4,5 millones “las cuales son poco significativas en relación a las ventas declaradas”.

Lilian Estela Subia le prestó servicios a la Municipalidad de Salta por 7.840.857 pesos, y no posee empleados, ni bienes, ni acreditaciones bancarias, y “sus compras no son consistentes con sus ingresos”

Luis Nelson Cañizares fue contratada por la comuna capitalina por 7.352.194 de pesos. Sólo posee en su patrimonio dos motocicletas y un inmueble cuyo valor fiscal asciende a 6.089 pesos. Declaró acreditaciones bancarias por solo 856.857 pesos en 2017 y compras por 772.462 pesos que no son consistentes con las ventas facturadas.

La Cooperativa de Trabajo Sudeste Construcciones Limitada le facturó a la Municipalidad de Salta 6.293.880 pesos y tiene solo a dos personas vinculadas con la empresa.

Joaquín Durand Cornejo le emitió comprobantes al municipio salteño por un total de 5.822.098 pesos. No declara empleados, no posee bienes, no poseería capacidad económica.

Lo mismo ocurre con Gonzalo Emanuel David Olarte, que le facturó al organismo 4.270.197 pesos. En la misma situación están Adriana Avelina Morales (2.019.496 pesos de facturación), Luis Ángel Elial (1.222.900 pesos) y Angel Gerónimo Quipildor (1.330.600 pesos), que además presentó declaraciones juradas de IVA sin movimiento. No posee ni bienes ni empleados.

Además, la AFIP detectó otras IP que eran utilizadas indistintamente por varias de estas empresas, y que al momento de la presentación no habían sido identificadas. “Resulta altamente llamativo el ingreso de distintos contribuyentes que registran como factor común el ser proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y emitan desde la misma dirección de IP facturas electrónicas a dicho organismo”, concluye el organismo en su presentación ante la Justicia.

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