Boris Johnson le envió un mensaje de felicitación a Alberto Fernández, pero su suerte y su ideología lo acercan al derrotado Mauricio Macri. Desde su asunción a fines de julio Johnson juró que el 31 de octubre el Reino Unido saldría de la Unión Europea (UE) “do or die” (hacer o morir). No hubo "sí se puede" para el primer ministro: este 1 de noviembre los británicos amanecerán siendo parte del bloque europeo.

Johnson solo consiguió hacer (“do”) lo mismo que su predecesora Theresa May hizo dos veces este año: pedir una prórroga. En su caso hasta el 31 de enero de 2020, nueva fecha para el Brexit. La única victoria que obtuvo el primer ministro en medio de una seguidilla de derrotas parlamentarias fue lograr el adelantamiento de las elecciones al 12 de diciembre.

No hay garantías de que esta apuesta del primer ministro – que tenía mandato hasta 2022 – vaya a salir bien. Theresa May hizo lo mismo en 2017 y perdió su mayoría parlamentaria, comienzo del fin de su mandato que terminó durando poco más de dos años.

El único encuestador y politólogo británico que anticipó el resultado del referendo de 2016 y el de las elecciones de 2015 y 2017, John Curtice, predice un fuerte golpe al bipartidismo. “Lo más prudente que se puede decir hoy por hoy, es que se elegirá a un record de parlamentarios que no pertenecen ni al Partido Conservador ni al Laborista. Esto es importante porque Johnson tiene que ganar de manera convincente. Si no obtiene una mayoría no podrá formar gobierno porque no tiene con quien aliarse. Corbyn tiene más chances de formar una coalición”, señaló Curtice este jueves a la Radio LBC.

La ventaja de Johnson es que parte en “pole position”. Es nuevo en el cargo y en los sondeos le lleva una ventaja promedio de 10 puntos al líder de los laboristas, Jeremy Corbyn. Su doble mensaje sobre el Brexit es claro y pegadizo. Con el argumento de que “va a hacer cumplir la voluntad popular del referendo”, Johnson se proyecta como el líder de “la lucha del pueblo contra la élite y el establishment”.

En comparación Corbyn galopa varias cabezas detrás, pero en las elecciones de 2017, su punto de partido fue peor: Theresa May le llevaba 20 puntos en las encuestas. La campaña que llevó adelante en base a una audaz plataforma programática cambió todo. No le alcanzó para una mayoría parlamentaria, pero el laborismo tuvo una de sus mejores elecciones en décadas en términos de porcentaje del voto y recuperación de escaños.

Este jueves, en el lanzamiento informal de la campaña, Corbyn salió con todo contra la imagen de “man of the people” de este típico producto de la élite británica que es Boris Johnson. “Esta elección es una oportunidad única para transformar nuestro país, para atacar intereses creados y asegurar que nadie sea excluido, para sacar a los conservadores que creen tener un derecho innato a gobernar y proteger los privilegios de la minoría”, dijo. En su discurso Corbyn dejó en claro que no era cuestión de figuras o candidatos: su programa apuntará contra la élite económica amante de la flexibilidad laboral y los paraísos fiscales. “¿Saben a qué le tiene miedo realmente la élite? A pagar impuestos. Así que van a pelear sucio, más que nunca porque tienen miedo de nuestro triunfo y el fin de sus privilegios”, dijo.

El líder laborista tiene un exitoso rodaje en campañas electorales, pero también tiene una montaña delante con dos picos difíciles de remontar: la estimación pública y el Brexit. En términos de encuestas Corbyn tiene el porcentaje más bajo de satisfacción de un líder opositor en las últimas cuatro décadas: solo un 16% cree que está cumpliendo “satisfactoriamente” con su rol.

Más complicada aún es su posición respecto al Brexit. El laborismo propone renegociar el acuerdo alcanzado por Boris Johnson con la UE el 17 de octubre y después someterlo a un referendo que incluya dos opciones: su nuevo acuerdo o permanecer en la UE. Cuando le preguntan por cuál de estas dos opciones votará, Corbyn contesta que es una posición que deberá definir el partido.

Al calor de una campaña electoral y con la polarización que ha creado el Brexit, es un mensaje demasiado complejo, ambiguo e incierto para calar en algunos sectores del electorado hastiados de la eterna negociación con la UE y con necesidad de definiciones sencillas y contundentes.

La estrategia laborista es desplazar el acento hacia su plataforma programática que incluirá la nacionalización de los servicios públicos, eliminación de aranceles universitarios y una agenda anti-austeridad. El problema es que luego de tres años de intenso debate, los británicos están convencidos de que el Brexit es el desafío nacional más importante en décadas. Solo el 10% de la población pone en el tope de sus prioridades al Servicio Nacional de Salud que históricamente ha sido uno de los temas más importantes para el electorado.

Los Nacionalistas Escoceses y los Liberal-demócratas tienen una posición más clara respecto al Brexit: se necesita otro referendo. En Escocia una amplia mayoría votó a favor de permanecer en la UE. Los nacionalistas (SNP) subrayan que Inglaterra definió la votación a favor de una salida que ellos consideran “catastrófica”, terreno fértil para promover una nueva consulta popular sobre su independencia y la partición del Reino Unido. Si el SNP barre a los conservadores de Escocia y si los liberal-demócratas les birlan circunscripciones en el sudoeste inglés, Johnson tendrá que compensar estas pérdidas con triunfos en áreas laboristas anti-brexit. El voto táctico será fundamental.

        El resultado de la contienda decidirá los próximos pasos del Brexit. Si Johnson consigue una mayoría absoluta, podrá aprobar en el parlamento el acuerdo que alcanzó con la UE y el 31 de enero el Reino Unido saldrá del bloque. Si no lo consigue, todo dependerá de la diferencia que tenga con Jeremy Corbyn y del pragmatismo del conjunto de la oposición para formar una alianza con el laborismo. En caso de que haya un acuerdo, tendríamos una nueva extensión del Brexit que, si se cumple el plan de Corbyn, referendo incluido, llegaría como mínimo a mediados del año próximo porque convocar a una consulta popular exige por ley un mínimo de seis meses.