Un conflicto en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego reabrió el debate sobre la autonomía universitaria y la injerencia de la Justicia Federal. El proceso electoral que definirá la conducción de la casa de estudios por los próximos cuatro años fue suspendido por un recurso de amparo, a raíz de la presentación de la oposición a la actual gestión de la universidad por presuntas "irregularidades" de la Junta Electoral. Desde el sector que responde al actual rector, Juan José Catelucci, señalan que con la "intervención de la Justicia se estaría vulnerando la autonomía".

Daniel Fernández, candidato a rector por el espacio Hacer Plural, recurrió a la Justicia Federal para denunciar presuntas maniobras "arbitrarias" que impedirían la participación y representación de varias listas de candidatos que responden a dicho sector opositor. "Interpusimos el recurso de amparo porque nos parece grave que un montón de graduados, docentes y alumnos no puedan participar de la elección por un error en las listas que consideramos que se puede subsanar", aseguró a este diario Fernández.

En las elecciones, que debían realizarse los días 5 y 6 de noviembre, tienen que elegirse todas las autoridades. La universidad tiene cuatro institutos y primero se eligen los consejeros de los institutos, que son los representantes de los distintos claustros. Son cuatro profesores, un asistente por cada instituto, dos estudiantes, un graduado y un no docente. Esos nueve después eligen el director del instituto. En total son diez miembros por cada consejo, es decir, cuarenta representantes que van a elegir al rector en la asamblea universitaria. Fernández preside actualmente uno de los cuatro institutos, el de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales.

Durante el proceso de presentación de listas, se habían presentado cerca de 40 y alrededor de 8 no se oficializaron por votación dividida de la Junta Electoral, que consideró que no estaban bien conformadas. "Las listas estaban bien pero la Junta decía que había un apoderado general y no uno de cada uno de los claustros", señaló Fernández. 

"A 101 años de la Reforma Universitaria consideramos que la presente intervención judicial en el proceso eleccionario de nuestra Universidad por parte del juez federal de Ushuaia es un avasallamiento a la autonomía universitaria que luego de la reforma de nuestra carta magna de 1994 adquirió jerarquía constitucional, siendo consagrada en el Artículo N° 75 inciso 19", señalaron desde la actual gestión de la universidad.

"Hay cosas que no comparto. Soy respetuoso de los órganos de gobierno universitario en base a la autonomía. Nosotros pensamos que la gravedad radica en el hecho de que la decisión de una Junta Electoral elegida democráticamente puesta por el Consejo Superior sea desconocida por un sector", consideró el rector Castelucci, quien convocó a una asamblea universitaria para el próximo viernes 15 de noviembre para resolver dentro de la autonomía el proceso eleccionario, proponiendo un nuevo cronograma electoral. 

"Hasta que el juez no levante la medida no puede seguir el proceso electoral. No creemos que haya tiempo para que antes del 17 de diciembre se pueda hacer el cambio de autoridades. Por eso, creo que hay que hacer un nuevo cronograma electoral pero todo depende de cuando el juez levante la medida", señaló Castelucci, quien se adscribe en el peronismo.

"Nosotros vamos a participar de la asamblea, es una instancia válida. Pero creemos que está la intención de armar otra Junta, otro cronograma y consideramos que se pueden acortar los plazos si el juez falla pronto", aseguró Fernández, quien se define como peronista y encabeza una alianza integrada por distintas agrupaciones.