Mujeres en las Fuerzas de Seguridad
Una suboficial agredida sexualmente y despedida
Una suboficial del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe denunció haber sido violada por dos superiores en la cárcel donde trabajaba, y amenazada para no denunciar. En octubre pasado fue cesanteada. Una encuesta de la Red de Mujeres Policías de Santa Fe develó que más de la mitad sufrió violencia, y en el 86 por ciento de los casos, no hubo sanciones ni reparación institucional a las víctimas.
Imagen: Andres Macera

“Acá las cosas son así”. La secretaria del director de la cárcel de Coronda fue contundente cuando F. le contó que había sufrido una agresión sexual en su lugar de trabajo, de parte de los directores del penal. La suboficial del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe fue cesanteada dos años después. Recién en octubre de este año logró denunciar en la Comisaría de la Mujer la violación sufrida cuando cumplía sus tareas. Los directores del penal –antiguos compañeros y entonces superiores- llegaron hasta el espacio donde F. cumplía la guardia. ¿Cómo son las cosas? En las fuerzas de seguridad provinciales de Santa Fe revisten unas 4.000 mujeres. Una encuesta realizada por la Red de Mujeres Policías entre 300 efectivas relevó que el 52 % había sufrido violencia. En el 56 % de esos casos, fue de índole psicológica, pero también simbólica (25,8 %), sexual (8,1 %), económica (4,4 %) y física (5,6 %). En su mayoría (69 %) el agresor fue un jefe. En el 86 % de esas situaciones no fue sancionado ni resuelto por parte de la institución.

En junio de 2017, F. había retornado al trabajo luego de una licencia psiquiátrica por estrés. La enviaron a un pequeño espacio apartado, sin calefacción, agua ni sanitarios. Desde el primer momento reclamó mejores condiciones laborales. La falta de respuesta a sus pedidos derivó en una improcedente visita de sus superiores. Le sacaron la ropa y la agredieron. Ella logró salir corriendo y decirles que los iba a denunciar. Los agresores la amenazaron. También le advirtieron que podría pasarle algo a su marido, que trabaja en la cocina de la misma cárcel, “donde hay cuchillos y presos”, le dijeron. Poco tiempo después, F. fue separada preventivamente de su cargo por una supuesta ausencia laboral injustificada. F. continúa sin trabajo, mientras los superiores siguen en funciones, aunque no en el mismo lugar.

La denuncia por violación la investigará la fiscal Alejandra del Río Ayala. En tanto, para que el marido de F. reciba atención psicológica, debió mediar la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados provincial, que preside Alicia Gutiérrez. En esta trama, el abogado de la denunciante, Martín Mazzeo, relató esta semana que faltaron libros de guardia de la fecha en la que ocurrió la agresión. Rápidamente, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe emitió una desmentida: “Son falsas las afirmaciones que se vertieron en algunos medios, acerca de que los libros de guardia de esas fechas estén desaparecidos. Fueron secuestrados en el marco del sumario administrativo por Asuntos Internos Penitenciarios y están a disposición de la autoridad que los requiera”, afirmaron.

Mazzeo retrucó que en realidad, los libros que encontraron en el penal corresponden a sectores donde no estaba la víctima. “Son lugares por los cuales nunca ha pasado F., ni debía pasar”, aseguró.

La situación de los acusados fue también objeto de una aclaración oficial. “Desde la Secretaría de Asuntos Penitenciarios aclararon además que vienen cursando notas a la fiscalía para pedir instrucciones por la situación suscitada. Nos anoticiamos por los medios de la denuncia e inmediatamente abrimos un sumario y enviamos una comunicación a la fiscalía para ponernos a disposición y solicitar instrucciones”, afirmaron, y también indicaron que aguardan “definiciones sobre la situación procesal de los denunciados para adoptar medidas internamente. Independientemente de eso, el sumario administrativo para esclarecer la situación y establecer responsabilidades, sigue adelante.”

Tras recibir a F. en la Comisión de Derechos y Garantías, la Cámara de Diputados provincial aprobó la semana pasada por unanimidad un pedido para que el gobernador deje sin efecto la cesantía, al tiempo que insta al Poder Ejecutivo a que tome las medidas precautorias y disciplinarias pertinentes con los probables autores del delito, active los mecanismos de acompañamiento y protección a la víctima.

Mientras tanto, Mazzeo presentó un pedido a la Justicia laboral para que restituyan el puesto de trabajo a la víctima. También la Cámara de Diputados le pidió al gobernador que revea la cesantía, en la que –según denuncia F.- no le dieron derecho a la defensa ante la acusación de faltar injustificadamente.

“Desde el Ministerio de Seguridad y el gobierno nadie se comunicó con nosotros”, afirmó Mazzeo, el abogado de F., que continúa sin cobrar su salario y con dificultades para salir de su casa por la situación traumática.

“El Estado debía protegerla y la despidió. Por eso reclamamos la conformación del Centro Integral con Perspectiva de Género para Mujeres Policías (Cipgen), para evitar la revictimización de la mujer. Queremos que las mujeres policías y las penitenciarias puedan denunciar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se les ofrezca asesoramiento y acompañamiento”, expresó la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja provincial, quien consideró que estos casos de discriminación y violencia de género son cotidianos en estas instituciones y, muchas veces, las trabajadoras no los denuncian por temor a represalias por parte de sus compañeros varones o superiores.

La legisladora lo sabe de primera mano: ante la reiteración de situaciones de mujeres integrantes de la policía provincial y el Servicio Penitenciario que se acercaban a pedir ayuda por la violencia sufrida, Gutiérrez presentó en junio pasado un proyecto para crear el Cipgen. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara Baja pero está varada en Senadores, que aún no la trató. La intención fue crear un organismo para “garantizar la asistencia y acompañamiento integral a las mujeres que se desempeñan en la Policía de la provincia y en la Dirección General del Servicio Penitenciario de la Provincia, que resulten víctimas de discriminación y violencia de género en el ámbito laboral”. Pero es más amplio: también deberá intervenir cuando la violencia sea en el ámbito doméstico, si quien la ejerce también es parte de las fuerzas de seguridad.

La diputada argumentó la obligación del Estado de garantizar para “las mujeres que revisten como agentes en las fuerzas de seguridad los derechos amparados en diversos instrumentos legales que propenden a eliminar la discriminación contra la mujer y la violencia de género”. Recordó que “en los últimos tiempos, las mujeres policías han visibilizado las situaciones que padecen cotidianamente dentro de las fuerzas de seguridad”. Y recordó que en muchas provincias se autoconvocaron en redes de “autoprotección ante las conductas patriarcales y machistas que padecen en estas instituciones”.

Justamente, en la encuesta realizada por la Red de Mujeres Policías, las agentes dejaron al descubierto que más del 60 por ciento tiene entre 5 y 15 años de antigüedad, pero sólo 2 de cada 10 pudieron acceder a cargos jerárquicos. El 45 % de las agentes respondió que sí ha tomado licencias por patologías psicológicas o psiquiátricas. En el 82 % de esos casos, se motivó a una situación de acoso laboral de un jefe o compañero, y el 18 % por acoso sexual.

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