Panorama Económico: Con los tapones de punta
Los trucos de las empresas eléctricas para aumentar las facturas
La dura pelea que le espera al próximo gobierno y cómo la puede dar. La política de tarifas y subsidios es determinante para lograr que cada vez más personas tengan garantizado el derecho a la energía o, por el contrario, que sea un servicio exclusivo para el que lo pueda pagar

La saga de abusos de las compañías eléctricas en la facturación a sus clientes suma nuevas denuncias. En este caso contra la distribuidora Edenor. La nueva modalidad para aumentar la recaudación, que será denunciada ante la justicia por entidades de consumidores, consiste en el cobro compulsivo de supuestas tareas de mantenimiento de los medidores de luz, que los usuarios nunca habían pedido. Les ha ocurrido a miles de clientes de esa compañía en el conurbano bonaerense. En particular en barrios de José C. Paz y La Matanza. Edenor les envió a sus casas una carta o los llamó por teléfono desde un call center para notificarles una deuda de 4000 a 6000 pesos por trabajos realizados en los medidores. Allí mismo estableció un plan de pagos y les avisó que empezarían a recibir el cargo en la siguiente factura. La irregularidad, dicen los denunciantes, es total. Y niegan que sean familias colgadas o enganchadas al servicio, que de pronto fueron descubiertas por la empresa, como alega la distribuidora. “Son usuarios regulares que vienen pagando sus facturas. Eso incluye el cargo fijo, que sirve justamente para cubrir costos como el mantenimiento de los medidores. La realidad es que hay una política de facturación a mansalva de las compañías eléctricas con todo tipo de atropellos, aprovechando la pasividad del Gobierno que las deja hacer”, reprocha Andrea Manzi, de la Red Nacional de Multisectoriales, que agrupa a entidades de consumidores de distintos puntos del país.

El gobierno de Alberto Fernández deberá dar respuesta en distintos planos a la aguda problemática que se ha planteado en relación al servicio eléctrico privatizado. Es un eje de disputa clave con el capital concentrado que obtuvo ganancias extraordinarias durante la gestión de Mauricio Macri, mientras los usuarios no apreciaron mejoras sensibles en la calidad del servicio, deben pagar tarifas exorbitantes y en miles de casos sufren los “errores” o abusos de facturación de las distribuidoras, por lo que han sido sucesivamente sancionadas y perdonadas en el pago de esas multas.

La política de tarifas y subsidios es determinante para lograr que cada vez más personas tengan garantizado el derecho a la energía o, por el contrario, que sea un servicio exclusivo para el que lo pueda pagar. Las diferentes orientaciones pudieron apreciarse en los gobiernos kirchneristas y en el de Cambiemos, con resultados opuestos. También es central para el sector productivo, ya que tarifas bajas generan ventajas competitivas frente a otros países y tarifas prohibitivas influyen en el cierre de fábricas. Una tercera cuestión esencial es el impacto de las tarifas en la inflación, como se ha comprobado dolorosamente los últimos cuatro años.

En materia de abusos, al menos 2000 vecinos del centro de José C. Paz y de los barrios Primavera, Favaloro y Calcuta, todos de ese partido popular del conurbano bonaerense, y otros de La Matanza entienden que los están sufriendo porque Edenor les quiere cobrar entre 4000 y 6000 pesos por “anomalías” detectadas en los medidores y tareas de mantenimiento sobre los mismos. Los usuarios están siendo notificados con cartas firmadas por el Departamento Negociación de la empresa. Allí dice lo siguiente, en uno de los casos denunciados: “Nos dirigimos a usted para informarle que hemos realizado una inspección al punto de suministro de energía eléctrica correspondiente al domicilio de su consumo. En dicha inspección comprobamos la existencia de anomalías que impidieron registrar normalmente sus consumos. La evaluación del perjuicio ha sido estimada en 4865 pesos más los impuestos correspondientes al momento de la emisión de la factura, disponiéndose la aplicación de seis cuotas mensuales sucesivas, a efectos de facilitar su pago. La no cancelación de la factura complementaria implicará la suspensión del servicio de energía eléctrica”. La amenaza del corte de la luz y la presión que ejerce la empresa con llamados telefónicos atemoriza a muchos usuarios, que terminan pagando una supuesta deuda de la que no tenían noticias.

“Es un escándalo y lo vamos a judicializar”, protesta Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Sostiene que las distribuidoras eléctricas no pueden cobrar cargos extra por el mantenimiento de los medidores, como pretende Edenor, porque ese costo ya está contemplado en el cargo fijo de la factura. Además, aclara que la acción de la empresa recae sobre usuarios que están pagando las boletas. “Entregamos cientos de reclamos en la oficina comercial de Edenor en José C. Paz y el gerente nos dijo claramente que no eran medidas de recupero de energía, que es lo que se hace cuando hay un usuario colgado o enganchado. Nos dijeron que era un costo por mantenimiento”, agrega Manzi, de la Red de Multisectoriales. Si fueran personas enganchadas de manera irregular, explica Boada, el procedimiento que debería seguir la distribuidora arranca con la redacción de un acta donde se denuncia esa situación. Para reemplazar el medidor o instalar uno nuevo debe estar presente un policía o escribano. Si hubiera dudas sobre medidores alterados para registrar un menor consumo, la empresa debería realizar un contraste de medidores, con la comparación simultánea del que tenía el usuario y uno nuevo aportado por la empresa, bajo la supervisión del INTI. Las deudas que en general reclaman las distribuidoras para el enganche legal no bajan de 50 mil pesos. Nada de eso está ocurriendo en los casos denunciados, dice Boada, frente a la versión de la empresa que atribuye el envío de las cartas y los llamados telefónicos a la “regularización” de clientes mayoritariamente colgados.

El comportamiento del ente de control del servicio eléctrico, hasta ahora concentrado en el ENRE, ha sido funcional a las maniobras de las empresas. El próximo gobierno deberá encarar una transformación profunda de esta institución clave para el resguardo de los derechos de los usuarios. El nuevo Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), en proceso de constitución por el traspaso de Edenor y Edesur a la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, ofrece una oportunidad única para avanzar en esta materia. Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta tendrán esa responsabilidad. La gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, concedió la presidencia del ente a la Ciudad de Buenos Aires, consciente de las mayores posibilidades electorales de Cambiemos en el distrito. Kicillof pondría esta decisión bajo revisión en la mesa de negociaciones que ha entablado con su par porteño.

A nivel nacional, es mucho lo que hay que hacer para superar la crisis de tarifas impagables y caída de la cobertura. En Tucumán, por ejemplo, la cobrabilidad del servicio eléctrico cayó del 97 al 80 por ciento, por lo cual la provincia resolvió elevar los subsidios para evitar que miles de familias se quedaran sin luz. En el área de concesión de Edenor, a su vez, la empresa empezó a instalar medidores prepagos para los clientes que no pueden afrontar la factura plena y solo consumen lo que consiguen pagar. Ya hay unos 160 mil que se pasaron forzadamente a ese sistema. En Edesur, en tanto, el nivel de morosidad llega a un impactante 20 por ciento. Entre las dos empresas se contabilizan más de 1,5 millones de clientes que registraron facturas impagas este año.

“En la nueva etapa el subsidio tiene que ser a la demanda, no a la oferta, a las empresas, como se hacía antes. En Tucumán definimos con información del Conicet y del Indec los cuadrantes con necesidades básicas insatisfechas y aplicamos subsidios generalizados. Después en un trabajo muy dedicado vamos incluyendo a usuarios de otras zonas que merecen el subsidio y excluyendo a quienes no lo merecen”, señala Santiago Yanotti, director del ente de control eléctrico de la provincia, quien viene aportando material al equipo del Frente de Todos que colabora con Alberto Fernández en esa tarea. Sergio Lanziani, ministro del área en Misiones, aparece como un candidato firme para pasar a ocupar el mismo cargo en el próximo gobierno nacional.

“Hay que retrotraer las tarifas al nivel de 2017 y definir muy claramente los costos de la generación eléctrica, que los últimos años se multiplicaron exponencialmente. Para eso también hay que definir con exactitud el valor del gas en boca de pozo, ya que buena parte de la generación eléctrica es con gas”, indica Boada. Las ideas para pasar de los abusos de las privatizadas a una cobertura cada vez más inclusiva son varias. El próximo gobierno deberá mostrar una fuerte voluntad política para ponerlas en marcha.

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