Lo escuchaban en una causa que se tramitaba en Comodoro Py

El empresario Pedro Etchebest tenía el teléfono pinchado antes del apriete de D'Alessio

Así se lo informó la oficina de escuchas al juez federal Ramos Padilla, que por otro lado rechazó la designación del abogado Juan Martín Cerolini como abogado defensor de Carlos Stornelli. 

La oficina de escuchas (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) le informó al juez Alejo Ramos Padilla que el empresario Pedro Etchebest tenía el teléfono pinchado en una causa que tramita desde antes de que estallara el escándalo de espionaje que se investiga en Dolores. Etchebest es el hombre que, a partir del apriete del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, hizo la denuncia que inauguró la causa que reveló la existencia de una red que espiaba, extorsionaba y participaba del armado de causas. El dato aparece en una resolución firmada este martes por Ramos Padilla. En otra, resolvió rechazar la designación del abogado Juan Martín Cerolini como defensor del fiscal federal Carlos Stornelli, ya que venía representando a otro imputado, Carlos Liñani, y entre ambos hay “intereses contrapuestos”, al menos aparentes. Stornelli de hecho había querellado a Liñani por invocar su nombre al presionar a un ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner. Como ya preveía este desenlace, la semana pasada el fiscal rebelde nombró a otra abogada.

El informe que entregó la DaJuDeCo dice que Etchebest fue escuchado en una causa por estafa a cargo del juez federal Claudio Bonadío, quien fue denunciado por el empresario y es investigado en el expediente de Dolores. Ramos Padilla resolvió enviarle un oficio a su par de Comodoro Py en el que le pide el expediente “ad effectum videndi”, es decir para analizarlo. Según surge en el texto, los ex policías Ricardo Bogoliuk (también ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia) y Aníbal Degastaldi, que están presos en esta causa, habrían dado alguna pista sobre esta situación. En sus indagatorias contaron que D’Alessio les había dicho: “Tengan cuidado con el viejo (por Etchebest) porque tiene el teléfono intervenido”. “Todo hace pensar que seguían a Pedro Etchebest desde antes. Él nunca fue citado en relación a esa causa. Tendremos que ver si D’Alessio usó esto para la extorsión”, dijo Natalia Salvo, la abogada del empresario, a Página/12.

La vinculación de D’Alessio con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el papel de sus autoridades y segundas líneas es un aspecto que aún está en plena investigación. De hecho, hay cierta expectativa de que al pedir declarar como arrepentido el falso abogado, que además se presentaba como agente de la DEA, hable del tema. Ya dijo, en otras causas, que Bogoliuk le prometía un cargo en la AFI. D’Alessio está citado ante el fiscal Juan Pablo Curi para el 3 de diciembre.

Quien debe presentarse unos días antes, el 29 de noviembre, es el fiscal Carlos Stornelli, que anunció que irá a la indagatoria después de haber faltado a seis citaciones y haber sido declarado en rebeldía desde el 28 de marzo. Ramos Padilla lo había convocado para el viernes pasado, pero sorpresivamente el fiscal cambió de abogado y reemplazó a Roberto Ribas por Juan Martín Cerolini, y ahí logró una nueva postergación. Cerolini fue abogado del ex barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo, cuando Stornelli era jefe de Seguridad de Boca; también defendió a la banda de Los Horneros, condenados por el asesinato de José Luis Cabezas; fue abogado del capellán Christian Von Wernich, condenado por crímenes de lesa humanidad. Defendió policías y militares.

Pero la decisión de Ramos Padilla de no aceptar su nombramiento para representar a Stornelli tiene que ver otra cuestión: Cerolini era hasta hace pocos días defensor de Carlos Liñani, quien está procesado en la causa de Dolores por asociación ilícita, extorsión y tráfico de influencias en perjuicio de Pablo Barreiro, un ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner a quien le pedían dinero para evitarle un mal trago en la causa de los cuadernos, donde su padre estaba preso. Liñani invocaba a D’Alessio y a Stornelli. Barreiro incluso llegó a declarar ante el fiscal, frente a quien dijo que estaba siendo extorsionado, lo que quedó en la nada.

Liñani a su vez fue denunciado por otro fiscal del caso cuadernos, Carlos Rívolo, y tramita una causa ante Sebastián Casanello en Comodoro Py, donde Stornelli también denunció y pidió ser querellante. Casanello le mandó la causa a Ramos Padilla. Lo curioso fue que Liñani había pedido en un comienzo que fuera a Dolores, pero cuando esto fue resuelto –con la defensa de Cerolini—se opuso y llamativamente Stornelli se sumó a esa postura. La Cámara dijo que debía seguir en los tribunales de Retiro.

Este último punto aparece subrayado en la resolución de Ramos Padilla, porque abre dudas sobre una presunta coordinación de actuaciones. Sin embargo, desde el punto de vista objetivo, señala, “se advierten como manifiestos los intereses contrapuestos entre las defensas de los imputados Carlos Stornelli y Carlos Liñani y, en consecuencia, deviene incompatible la designación” de Cerolini. Agrega que podría perjudicar a la defensa de Liñani, denunciado a la vez por Stornelli. La “incompatibilidad” es “notoria”, dijo. “La existencia de posibles intereses contrapuestos debe ser advertida no solo en el ejercicio simultáneo” de las defensas “sino también en su ejercicio sucesivo”, dijo Ramos Padilla.

Prevenido, el fiscal ya había designado la semana pasada a otra abogada, Raquel Pérez Iglesias, quien estaría vinculada al abogado Ribas. Fue abogada, por ejemplo, de Nicolás Pachelo, acusado en el homicidio de María Marta García Belsunce, pero en una causa por venta de drogas; también representó a Jorge Moreira en la causa donde se lo acusaba en el doble crimen de Unicenter.

 

La resolución de Ramos Padilla también revela que Bonadio le reclamó que se inhiba de seguir investigando maniobras vinculadas a la causa sobre Gas Natural Licuado (GNL), así como los aportes de D’Alessio en ese expediente. En rigor, el juez de Dolores investiga a su colega por ese caso. Es una de las causas donde fueron detenidos Julio De Vido y Roberto Baratta, a quienes en un comienzo se les imputaron sobreprecios millonarios, pero luego se supo que el informe pericial en que se basaba aquella decisión, firmado por David Cohen, era trucho. Usaba una tesis de estudiantes chilenos y un parámetro estadounidense de cálculo completamente ajeno a la Argentina. Cohen está procesado por falso testimonio. Después de aquel golpe al expediente, apareció D’Alessio con otro enfoque y con datos que se llevó de su paso por Enarsa. Ramos Padilla, en respuesta, le dijo que todavía espera las copias de expediente, que le serán necesarias para resolver su nuevo planteo. 

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