Como ocurre con cualquier mandatario, el mensaje al Congreso es una pieza clave de la estrategia política. Y no porque la realidad vaya a cambiar al minuto siguiente para bien o para mal. Es clave por lo que enfatiza y por lo que disimula.
Mauricio Macri fue enfático cuando buscó confrontar y definir un perfil de guerra contra el sindicalismo combativo y a favor del aumento de tarifas.
Su ironía sobre que Roberto Baradel, el dirigente de los docentes públicos de la provincia de Buenos Aires, no necesita que nadie lo cuide, mostró a un Macri despiadado. En casos de amenaza contra la vida de un dirigente o de su familia como en este caso, incluso para cuidar las formas el poder político suele interesarse en lugar de recurrir al humor negro. Los sindicalistas suelen preferir aparecer, más bien, como gente dura capaz de aguantarse todo. Mostrarse vulnerables no es su negocio político. Que Macri no haya cuidado ni las formas con un sector que no acostumbra victimizarse debe interpretarse como la elección de un frente de combate. Es una decisión congruente con el anuncio de la gobernadora de Buenos Aires, a quien apodaban Heidi hasta que miró las inundaciones desde México, de amenazar con la convocatoria a voluntarios para el sector educativo cuando está claro que ni siquiera hay un cuadro legal que lo permita.
En tarifas, el énfasis fue tan explícito que consistió en que Macri repitiera el mismo párrafo primero en su tono monocorde y después casi a los gritos. Primera vez: “Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético para que los argentinos, en sus casas...”. Segunda vez: “Repito, después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético”.
El disimulo correspondió a lo que genéricamente el Presidente describió como “dos decretos sobre juicios y contrataciones para gestión de conflicto de intereses”. Bien lo pudo haber hecho antes. Hay un proyecto de reforma en la Etica Pública presentado por el diputado Guillermo Carmona en noviembre de 2016 luego de una comprobación a cargo de la Universidad Nacional de San Martín: el 31 por ciento de los funcionarios actuales ocupó puestos de alta o media gerencia en el sector privado y el 11 por ciento del gabinete tuvo cargos ejecutivos en las principales empresas que operan en la Argentina.
Que el Presidente hable a esta altura de conflicto de intereses es la disimulada aceptación de que escándalos como el del Correo lastiman la imagen presidencial. Faltan menos de ocho meses para las elecciones de octubre.
El tramo de la seguridad también fue escenario de las ambigüedades. Dijo el Presidente: “Si queremos resolver el problema de la inseguridad, tenemos que dar un debate serio sobre un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil”. No explicó qué relación hay entre la inseguridad y las cifras que muestran a los menores de 16 mucho más como víctimas que como victimarios. Y tampoco, es cierto, anunció que buscaría bajar la edad de imputabilidad. Si efectivamente deja de perseguir ese objetivo habrá sido una victoria de las organizaciones del Estado, como la Defensoría General, y de la sociedad civil. Demostraron en la comisión habilitada dentro del Ministerio de Justicia la falacia, la inutilidad y la injusticia de bajar la punibilidad de 16 a 14 años.
No es ensayo y error. Es forcejeo.
