Diciembre 2010, Ciudad de Buenos Aires. Miles de familias ocupan el Parque Indoamericano. Provienen de zonas aledañas, del Bajo Flores, Lugano, Pompeya, Villa Oculta, Los Piletones. Reclaman el derecho a una vivienda digna. El 7 de diciembre un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Metropolitana irrumpe en el predio. Se desata una feroz represión. Utilizan balas de goma adulteradas con plomo. Grupos de choque participan del desalojo. El desenlace: 3 muertos. Nueve años después, la crisis habitacional persiste y afecta en mayor medida a 4 millones de personas que viven en villas o asentamiento informales de todo el país. Alberto Fernández anticipó que éste será uno de los aspectos centrales de su gobierno y que para abordarlo creará un Ministerio de Habitat y Vivienda.
“El Indoamericano era un terreno casi baldío. En esos años la población en las villas había aumentado más de un 50% y eso impulsó el negocio del alquiler informal”, señala Jaime Sorín, arquitecto e investigador de la UBA. “La situación era explosiva y la gente no tuvo más remedio que salir a tomar tierras para conseguir un lugar donde vivir”, agrega. Si se comparan los censos de 2001 y 2010, la cantidad de hogares deficitarios en la ciudad de Buenos Aires había crecido en esa época un 40% y la población en las villas aumentado un 51,7%, según registros de la Dirección de Estadísticas del GCBA.
“Ninguna de las personas que estuvieron en el conflicto del Parque Indoamericano resolvió, al día de hoy, su situación”, le cuenta a Página/12 Alejandro “Pitu” Salvatierra, quien en ese momento fue la cara visible de la lucha por la tierra en la Ciudad. “Es más, todas ellas viven peor por el solo hecho del paso del tiempo. Estaban hacinadas en el 2010 y ahora, llegando a 2020, su situación es igual o peor”, sentencia.
La toma del Indoamericano puso a flote un conjunto de cuestiones que permanecían subyacentes. Por un lado, el profundo déficit habitacional y la dificultad de acceder a la tierra, pero también expuso los altos niveles de discriminación y xenofobia por parte de un sector de la sociedad. “Fueron momentos duros, vi un desprecio por la vida humana que pocas veces pensé que iba a ver. No sabía que existía tanto odio en la sociedad”, afirma Salvatierra al recordar el enfrentamiento que existió entre quienes ocuparon el Parque y los vecinos de barrio. “Me gritaban `llevate a vivir a los bolivianos con vos, planero, vago`. En televisión decían que éramos narcotraficantes”.
Ese discurso se reproducía en los medios de comunicación y bajaba directamente desde lo más alto de la esfera política. En conferencia de prensa, el por entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri, responsabilizó de la situación a “una inmigración descontrolada” que importaba de países limítrofes “organizaciones delictivas, narcotráfico y mafias”. A su lado, el vicejefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta asentía con la cabeza. La ministra de Desarrollo Social era María Eugenia Vidal, quien años más tarde, pese a los asesinatos de Bernardo Salgueiro, Rossemary Chura Puña y Emiliano Canaviri Álvarez, destacó que el conflicto se había resuelto “bien y en un semana”. Quedaba en evidencia que la exclusión que sufrían no se remitía únicamente al problema del acceso al hábitat.
Casi una década después, la emergencia habitacional perdura. “No se resolvió ninguno de los grandes problemas, al contrario la situación empeoró”, afirma el arquitecto Carlos Levinton, director del Centro Experimental de la Producción de la FADU-UBA. Pero no solo en la Ciudad de Buenos Aires: a nivel nacional las cifras siguen indicando que hay más de 3 millones y medio de viviendas alcanzadas por esta problemática. “Hay un déficit creciente de 150 mil viviendas por año que hacen falta para paliar el crecimiento demográfico y que no se construyen”, plantea Levinton.
Si bien durante el kirchnerismo hubo avances significativos, los esfuerzos por recomponer el tejido social no lograron traducirse en el desarrollo de un plan integral que garantice viviendas para todos los argentinos. Este déficit, que encontró sus límites en el acceso a la tierra, se agravó considerablemente durante la gestión de Mauricio Macri, a partir de la mercantilización del acceso al hábitat. "Hoy en Argentina viven en villas y asentamientos 800 mil familias, alrededor de 4 millones de personas. Dentro de esa población tenés una gran variedad de precariedad y vulnerabilidad", sostiene Levinton.
La aglomeración en las periferias de grandes centros urbanos puede ser explicada, en una primera mirada, por la tendencia a la concentración de la tierra, las innovaciones en la producción agraria y las migraciones de personas obligadas a trasladarse hacia grandes ciudades, pero que por los elevados precios de las viviendas terminan instaladas en sus conurbanos. El campo expulsa, la ciudad no contiene, las periferias aglomeran.
Aunque el proceso de urbanización en Argentina fue aumentando progresivamente desde mitad del siglo XIX hasta la actualidad, en las últimas dos décadas este fenómeno se aceleró, principalmente, por dos motivos conexos: el primero, un modelo agroexportador que vio acrecentar exponencialmente el valor de la tierra, consecuencia de los altos precios internacionales de los commodities, esencialmente la soja durante los primeros años del kirchnerismo; y el segundo, el auge de los emprendimientos inmobiliarios que resultaron sumamente rentables en términos de inversión y especulación, una mercantilización que se profundizó durante el gobierno de Mauricio Macri. Si en la década del 60 un 73% de la población se concentraba en centros urbanos, en la actualidad ronda el 92%, según estimaciones de la CEPAL.
“No hay viviendas sin tierra”, señala Jaime Sorín quien rescata las más de un millón de soluciones habitacionales que se lograron entre 2003 y 2015, aunque también señala sus limitaciones. “El Plan Procrear tuvo un impacto muy importante en la clase media, pero también problemas con el acceso a la tierra. Porque cuando se empezaron a entregar los créditos, los lotes pasaron a valer entre un 50% y un 80% más. Es decir, era muy difícil comprarlos”. El ex decano de Arquitectura de la UBA considera que el problema principal es que la tierra está concentrada en manos privadas. “Hay que aprovechar los terrenos públicos para dedicarlos a la construcción de viviendas para los sectores más necesitados y desarrollar una política de crédito estatal. El mercado no va a solucionar el déficit habitacional, las grandes empresas solo hacen negocios con la vivienda”, asegura.
El conflicto del Parque Indoamericano visibilizó la emergencia habitacional en el distrito más rico del país. A nueve años de la toma y la represión aún falta un plan nacional integral abocado a la construcción de viviendas sociales que desincentiven la ocupación de terrenos públicos y privados deshabitados; episodios que, según las circunstancias, derivan en violentos desalojos ejecutados por las fuerzas de seguridad como sucede habitualmente en los barrios de La Boca y Constitución en la Ciudad de Buenos Aires. En estas “dimensiones espaciales de la pobreza”, el hacinamiento y la precariedad habitacional conviven en un mercado inmobiliario informal. Resolver esta situación es, sin dudas, uno de los grandes desafíos que tendrá el gobierno de Alberto Fernández.
