Casi una década después de su elevadción a juicio oral, los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes aún esperan que la Justicia le ponga fecha de inicio al debate. Con la expectativa de que finalmente esto suceda pronto, las querellas, las defensas y la Fiscalía se reunirán el viernes para intentar acordar una fecha con el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, integrado por tres jueces subrogantes. Además, las partes acusadoras exigirán a los jueces que el debate se lleve a cabo en La Plata y que cuente con un plan de audiencias semanales que agilice el proceso, tan esperado por las familias de las víctimas y sobrevivientes de estos, dos de los centros clandestinos de detención más grandes de la provincia. La audiencia preliminar será pública. 

El Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes son dos centros clandestinos de detención que integraron el llamado Circuito Camps, desde el que la Policía Bonaerense y el Ejército organizaron la represión ilegal en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura. Por la cantidad de hombres, mujeres y jóvenes que pasaron por ambos (se calcula que más de 400), pero también por las temáticas que los atravesaron en la lógica organizativa del plan sistemático de represión, desaparición y exterminio desplegado entre 1976 y 1983 en el país, son dos de los más importantes en la provincia: fueron maternidades clandestinas, alojaron a los jóvenes estudiantes secundarios secuestrados durante la Noche de los Lápices, fueron encierros de las víctimas del Plan Cóndor.

Los acusados en ambas causas son 18, entre ex policías, ex funcionarios públicos de la última dictadura e integrantes del Ejército. Solo dos llegarán al debate sin ninguna condena -- Juan Miguel Wolk, máximo responsable del Pozo de Banfield, y José María Torino, secretario de Gobierno de Jaime Smart cuando éste fue ministro de Gobierno bonaerense--. El resto recibió condenas en diferentes juicios, entre ellos el que se desarrolló por los crímenes del Circuito Camps. Las condenas de aquel debate, que culminó en diciembre de 2012, aún no están firmes.

“La expectativa respecto de la llegada de este juicio, de los más grandes de lesa humanidad que quedan en la jurisdicción, es muy grande en La Plata, sin embargo fueron pasando los años y quedó una y otra vez postergado”, comentó a este diario Juan Martín Nogueira, fiscal de La Plata. La fecha de inicio del debate, de hecho, es uno de los tantos puntos en torno de los que la Fiscalía, las querellas y las defensas intentarán acordar este viernes con los jueces subrogantes que, en representación del TOF 1 platense, citaron a una audiencia preliminar para las 11 en el primer piso de los Tribunales Federales de La Plata. Como la audiencia será pública, las partes convocaron a "acompañar" la jornada. “Este es un juicio muy esperado, consideramos importante informar a la población de todas las cosas que se terminarán definiendo la mañana del viernes”, explicó Nogueira.

“Lo urgente es lograr una fecha de debate”, apuntaron desde la Fiscalía. La causa por los hechos que tuvieron lugar en el Pozo de Banfield fue elevada a juicio por primera vez en 2012 y una segunda parte, que sumó acusados y víctimas, en 2015. En el mismo año, la parte acusadora solicitó debate público para Pozo de Quilmes. Por lo menos tres acusados fallecieron desde entonces --uno de ellos, Ignacio García, sin haber sido enjuiciado ni condenado-- así como varios testigos, entre sobrevivientes y familiares de víctimas.

Además de esta urgencia, establecieron con las querellas un acuerdo en relación a otros dos puntos: el lugar en donde se llevará a cabo el debate y el establecimiento de un cronograma “adecuado” para la envergadura del juicio. Fue el propio tribunal el que sembró la duda en relación al escenario del futuro debate. Los jueces que lo subrogan --Walter Venditti, Eduardo Farah y Esteban Rodríguez Eggers-- son titulares del fuero de San Martín. En la cédula a través de la que comunicaron la realización de la audiencia apuntaron que se reunirían en La Plata “sin perjuicio del lugar físico en donde habrá de desarrollarse en definitiva el debate” y encendieron la alarma. “Costó muchos años de pelea, mucha discusión para los sobrevivientes que estos delitos sean tratados por la Justicia en La Plata. No pueden ahora cambiarlo así como así”, apuntaron fuentes vinculadas a la causa.

La otra preocupación general a las partes acusadoras tiene que ver con los escasos recursos que la Justicia le está dedicando a los juicios de lesa humanidad, que implican una extensión temporal de los procesos que los hechos ya no están preparados para resistir y que reflejan que esta clase de debates --los dedicados a causas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura-- “han dejado de ser una prioridad”, advirtieron desde la acusación.

“No queremos que el juicio se haga con una audiencia cada 15 días de dos horas . Queremos que el tribunal garantice las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo como corresponde: con imputados presentes, con publicidad”, remarcó Guadalupe Godoy, una de las abogadas querellantes.

Para contextualizar la falta de atención a estas causas hay que recordar lo que sucede con los tribunales orales del fuero federal platense: solo una plaza de las nueve que existen en los tres tribunales cuenta con un juez titular; el resto está vacante a la espera de que se resuelvan concursos para nombramientos, frenados en el Poder Legislativo. El Tribunal Oral federal número 1, que concentra entre el 80 y el 90 por ciento de las causas de lesa humanidad cuenta con 15 jueces subrogantes, convocados para diversos juicios. El Tribunal Oral Federal número 3, que fue creado para descomprimir el cuello de botella que se generaba con los debates orales, nunca fue integrado, por ende, nunca funcionó.

Así, con magistrados de otras jurisdicciones que se hacen cargo de debates platenses, los juicios toman un ritmo cansino que refuerza la impunidad que envolvió a esta clase de delitos durante décadas. El juicio por los crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en la Brigada de San Justo, que cuenta con 90 testigos, va por su segundo año de audiencias y aún no llegó a su etapa de alegatos. El debate por los hechos sucedidos en Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes prevé entre 300 y 400 testigos.