Comenzó esta semana el juicio contra Jorge Ricardo Bejarano, de 57 años y pasó a cuarto intermedio hasta el martes siguiente. El hombre está acusado de estupro y corrupción de menores en concurso real, en perjuicio de una niña desde que tenía 13 años hasta los 15 años. 

Desprotegida, vulnerable por su edad, género y condición social el acusado la volvió “su pareja” y víctima de todo tipo de violencias. El caso ocurrió en el departamento Anta en Salta.

La causa se inició por la denuncia de la madre de la menor en la Asesoría, que fue ratificada en Circuito Cerrado de Televisión por la víctima. Bejarano no declaró en la primera audiencia de juicio. Sí lo hizo la madre y profesionales de psicología que la asistieron en el Centro de Inclusión de Niñez y con su tratamiento después. También brindaron testimonio testigos de las partes. 

La licenciada en psicología del Poder Judicial, Marta Avellaneda, hizo un diagnóstico presuntivo de Bejarano: "posee rasgos psicopáticos, carece de empatía, puede llegar a hacer sufrir a otras personas por su egocentrismo, para buscar satisfacer lo suyo”.

Luego de denunciar a Bejarano a mediados de 2017, la madre fue presa dos meses, la acusaron de prostituir a la hija y la tuvieron en un hospital porque estaba embarazada, le dieron la domiciliaria en agosto, después quedó en libertad. 

La mujer desconoce en qué quedó esa causa, porque no le informaron y dijo que el defensor oficial Manuel Salinas no hablaba con ella ni la defendía. 

Según contaría después la niña, en el Centro de Inclusión de Niñez había sido obligada a mentir por Bejarano y su primer abogado Luis Pablo Ibañez la preparó para declarar en la primera la Cámara Gesell. En la tercera recién pudo hablar de todas las violencias a las que era sometida. 

Madre e hija amenazadas

Según consta en un informe del Centro de Inclusión la niña relató que “(Bejarano) me mentía y me pegaba injustamente. Él tenía su mujer y chicas de 15 y 16 años con las que se encamaba y les daba plata, las grababa para no tener problemas, para decir después que él les pagaba". 

El informe dice que la víctima sufría encierro y aislamiento afectivo, “no me dejaba ir a mi mamá ni hacer nada”. La obligó a abortar “la había amenazado con que si ella tenía al bebé cuando crezca lo iba a matar”, dice el informe. También la chica manifestó que Bejarano la hizo mentir en la primera Cámara Gesell para inculpar a la madre y contrató al abogado Ibañez quien la preparó en la declaración: “el abogado no sabía que yo estaba mintiendo, él creía que mi mamá me prostituía”, sostuvo.

“(Bejarano) decía que puede ir preso dos o tres meses pero va a salir, que yo no le puedo hacer daño pero él sí. Me dijo que iba a matar a mi mamá, yo tenía que aguantar (…) me quedaba también por los perros, él los quería matar. Vigilaba mi casa y a mí me dijo que iba a incendiar mi casa, a matar a mi mamá o a mí”, sostuvo la víctima.

La chica declaró que Bejarano pretendía que tuviera sexo con otros hombres, pero no accedió.

La madre de la víctima dijo a Salta/ 12 que espera justicia por su hija y todas las niñas que fueron sometidas por Bejarano. También contó que fue amenazada por él desde antes de denunciarlo: "Dijo que si llega a salir va a ir a matarme a mí y después va a ir a buscar a mi hija", manifestó.

La mujer recordó: “cuando le dije (a Bejarano) que lo iba a denunciar porque andaba con mi hija que es menor de edad, me dijo que él iba a estar unos días, pero que iba a salir porque tenía abogados, plata, gente conocida y que la que iba a ir presa después iba ser yo y así fue”, relató la mamá. Y efectivamente, en menos de una semana la detenida fue ella y Bejarano siguió libre.

También la madre dijo que Bejarano la amenazó con llevar a la hija a Bolivia, “ella tenía documento de 8 años, el verde. Si tenía el documento nuevo se la llevaba, él se daba maña para hacer lo que quería, decía que tenía gente, plata y que ya había hecho cruzar a otras chicas a Bolivia. En Coronel Mollinedo (donde tenía su casa este hombre) se aprovechaba de chicas pobres, que estaban con él". 

La mujer sostuvo que en la zona a Bejarano le tienen miedo y nadie quiere decir nada en su contra, ni siquiera los padres y madres de otras niñas víctimas.

Funcionarios apartados

Este caso tiene un largo recorrido antes de llegar a juicio con acusaciones de corrupción en el medio y malos procedimientos judiciales. 

A fines del 2017 los funcionarios de la Fiscalía Penal de Anta: Gonzalo Gomez Amado (fiscal), Marcela Elías (auxiliar) y Oscar Lopez Ibarra (subrogante) junto con el juez de garantías, Héctor Sebastián Guzmán, fueron apartados de este caso por resolución de Sala IV del Tribunal de Impugnación y los votos de los jueces Antonio Omar Silisque y Félix Costas. 

El Tribunal dio la razón a un recurso en queja presentado por la asesora de Incapaces. Gómez y Guzmán habían puesto en libertad al acusado. El fiscal había bajado la calificación legal del acusado a estupro, accediendo a un pedido de la abogada defensora Dana Segovia.

El máximo Tribunal determinó que hubo un mal desempeño en la actuación de los funcionarios en el proceso y que vulneraron los derechos de la niña a ser oída e incluso al resguardo de su identidad porque el nombre figuraba en los legajos de la Fiscalía y en los expedientes de Garantías. 

También dictaminó la nulidad de un acta del primer cuerpo del legajo de investigación “y de todos los actos consecutivos que de ella dependen”.

Antes, en agosto de 2017, el ex abogado de Bejarano, Luis Pablo Ibañez, había denunciado al fiscal Gomez por “cohecho y tráfico de influencias” en esta causa, pero esa denuncia que pasó al fiscal Castellanos al parecer fue archivada. 

Allí el abogado denunciaba que en la fiscalía influenciaban para que Bejarano le revoque el poder y se lo otorgue a Segovia. 

"Le dieron una oficina a Segovia, dentro de la dependencia de la fiscalía de Las Lajitas, cuando la auxiliar fiscal Elías estaba de licencia, y quedaba a cargo la entonces abogada auxiliar Laura Moyano", sostuvo Ibañez. El abogado dijo que escuchó a Segovia decir que "estaba todo arreglado con Gonzalo (sería el fiscal)". 

Cuando expuso el caso en una radio de Joaquín V. González, fue golpeado a la salida por el empresario Carlos Ferro Podestá, esposo de Segovia y primo del fiscal Gómez. 

Con el apartamiento del Guzmán, la causa pasó, luego de la inhibición de todos los jueces de Metán, a la jueza de garantías Patricia Rahmer desde enero de 2018. La funcionaria ya venía interviniendo antes como jueza de Familia. Ella ordenó la detención de Bejarano y así llegó al juicio.

Actualmente Componen la Sala Il del Tribunal de Juicio de Metán, el juez de Garantías 2, Mario Dilascio, a cargo de la presidencia. Además, dos jueces de Garantías del Distrito Centro: Ada Zunino e Ignacio Colombo, que actuarán como vocales interinos, esta integración se hizo a partir de la inhibición de los otros jueces de Metán, situación sin precedentes en la zona.

En representación de la víctima actúa la asesora de Menores e Incapaces de Joaquín Víctor González, María Susana Zenzano. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal penal de Metán, Sergio Castellanos, desde enero de 2018. 

Antecedentes de Bejarano

Jorge Bejarano no sabe leer ni escribir y es hermano del concejal de Jujuy,  José Luis Bejarano. 

Fuentes judiciales aseguraron que les advirtieron que se vincularía con organizaciones de narcotráfico aunque no tiene ninguna causa relacionada. 

En 2015 había sido denunciado por violencia familiar por su esposa quien le retiró la denuncia pero había dicho que Bejarano tenía muchas armas.

Una familia vulnerable

La madre es el único sostén del hogar, se separó por violencia de género del padre de la víctima. Nunca recibieron ningún tipo de asistencia económica. La víctima de Bejarano, a los 12 había sufrido otra violación de parte de un cuñado y no se dispusieron medidas para evitar que volvieran a violentar su integridad sexual, física y psicológica.