Unos 41 abortos por hora, 985 por día, 29 mil por mes. Son 487.695 abortos, según datos oficiales, desde que el Senado rechazó la Ley por su despenalización y legalización el 8 de agosto de 2018, y serán 98.500 al finalizar los primeros 100 días del nuevo gobierno. Las cifras se desprenden de la última plenaria federal de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el 7 y 8 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, donde volvió a dejarse planteado que el aborto legal es una emergencia social y una cuestión de salud pública y justicia.

“El aborto legal es una deuda de la democracia. Una oportunidad histórica para extender la ciudadanía reconociendo un derecho que ya conquistamos quienes representamos más de la mitad de la población de este territorio”, expresa el parte oficial de la Campaña. “El acuerdo social es con nosotras, con nosotres. Nuestro Proyecto es un texto legal que fue apoyado por millones de personas en manifestaciones que forman parte de nuestra historia. El Proyecto ya está en las calles.”

En el comunicado se remarca la necesidad urgente de un Estado dispuesto a poner la escucha en acción. “Los poderes de un Estado no pueden ser neutrales ante la injusticia que significa que una persona vulnerabilizada vaya presa o muera en una cárcel por decidir sobre su futuro. No somos parte de una grieta, somos les que protagonizamos las trasformaciones de este tiempo y los que vienen. Sin embargo, por esto somos perseguidas y amenazadas producto de los abusos de autoridad y el machismo explícito en los territorios más conservadores.”

Con el empuje de la marea imparable que se expresó el 13 de junio de 2018 y el 8 de agosto de ese año, pese al voto de 38 senadores que rechazaron la legalización del aborto e impidieron que mujeres y personas con capacidad de gestar pudieran decidir sobre sus cuerpos y su autonomía, la Campaña vuelve a plantear políticas que tengan en cuenta el acceso a una salud emancipadora. “Nuestra lucha y deseo es que se nos escuche ante lo evitable; traemos una propuesta de vida digna. Exigimos políticas ante opiniones seudo religiosas; acceso a la salud ante campañas de desprestigio; paradigmas emancipadores ante intentos conservadores de secuestrar los mecanismos de democracia participativa”, advierte. “Mientras que el Estado no asuma la responsabilidad sobre una cuestión de salud pública y justicia social, la reacción conservadora intenta avanzar contra derechos conquistados, poniéndose por encima de leyes nacionales y tratados internacionales. Con esto consiguen poner en evidencia quiénes son las más desprotegidas de nuestras sociedades: niñes, adolescentes y mujeres jóvenes.”

El aborto legal es emergencia social. Es el gran debe de la política sanitaria en la Argentina, que abarca reclamos transfronterizos: en América Latina, el Caribe y el mundo, la Campaña manifiesta su latido al ritmo de los movimientos de mujeres y feministas en lucha por la libertad. Y a la libertad se la celebra, pero también se exige el derecho a poder respirarla a cada segundo. “Exigimos cumplimiento de las leyes nacionales de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y Procreación Responsable. Exigimos con carácter urgente la Resolución ministerial y la garantía de cumplimiento del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, concluye el comunicado. “Exigimos producción estatal y distribución pública de misoprostol y mifepristona para el acceso a la salud. Proponemos una amnistía para las presas y una reparación para ellas y para las familias de las que murieron por abortos inseguros producto de la criminalización que sostiene el Estado.”