En el marco de la andanada que desde hace poco más de un año se desató contra las empresas recuperadas, alrededor de mil policías bonaerenses rodearon y cerraron “sin aviso previo” el ingreso a la Cooperativa Acoplados del Oeste (ex Petinari), una metalúrgica recuperada por sus trabajadores, y cuya ley de expropiación aprobada hace un año fue vetada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Los trabajadores se congregaron alrededor de la planta ubicada en la localidad de Merlo y harán un acampe. “Dijeron que si cortamos la ruta nos van a reprimir, pero a esta altura no le tenemos miedo a nada”, advirtió Jorge Gutiérrez, el presidente de la cooperativa.

Esta mañana ningún obrero pudo ingresar a la fábrica, salvo los ex dueños que hace tres años echaron sin pagar indemnización a 180 personas. Actualmente la cooperativa está integrada por 120 trabajadores, 65 de los cuales son activos. Los otros 40 que fueron cesados tras el cierre, en febrero de 2015, iniciaron juicios contra quienes eran los  propietarios de la entonces Acoplados Petinari.

El predio está ubicado sobre la ruta 200 y tiene 16 hectáreas. El perímetro fue rodeado en su totalidad por policías y custodiado adentro por miembros de la Infantería. “El operativo es impresionante por donde se lo vea”, definió Gutiérrez a Página/12.

El desalojo ordenado por el juez de garantías Ricardo Fraga había sido dictado en mayo del año pasado. Luego, los cooperativistas presentaron amparos que lo suspendieron hasta ahora.

Durante los dos años que funcionó la cooperativa, los ex dueños iniciaron un lobby que llegó hasta la Legislatura bonaerense, los despachos de jueces y funcionarios y hasta programas de televisión, en los que expusieron sus argumentos para que el gobierno de Vidal vetara la ley de expropiación. Finalmente lo consiguieron.

La expropiación había sido aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores en marzo del año pasado, pero pocas semanas después la gobernadora hizo lo mismo que el presidente Mauricio Macri con la cooperativa del Hotel Bauen (que desde ayer tiene fecha de desalojo): vetó la ley con el argumento de que el Estado “no tiene dinero” para sostener una empresa recuperada.

“Nosotros no le pedimos plata (al gobierno). A la plata la ponemos nosotros”, subrayó Nahuel, miembro de la cooperativa, en diálogo con Radio Gráfica. “Ya sabemos que esto que nos pasa ahora a nosotros es parte de algo más amplio y es que parte de un gobierno que resguarda al empresario y no al trabajador”, agregó Gutiérrez.

La propuesta del juez que lleva la causa fue que si los dueños originales pagaban las indemnizaciones, podrían quedarse nuevamente con la planta. “Pero (desde la familia Petinari) dijeron que no nos iban a pagar la totalidad de la deuda, sino el 50 por ciento y sin los intereses”, contó Gutiérrez. El tema fue discutido en asamblea. “No soy ladrón, soy un laburante –añadió Nahuel-. No le robo nada a nadie. Si ellos quieren su predio, bueno, que lo tengan. Pero yo quiero la plata que me gané laburando.”

Desde su conformación, tras una resistencia de nueve meses en la puerta de la fábrica, la cooperativa se volvió uno de los íconos de las empresas recuperadas durante los últimos años, cuyo prestigio le permitió aumentar su producción. Mientras tanto, el concurso de quiebra solicitado por los cooperativistas siguió su curso.

El año pasado, la planta fue visitada por funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien, según Gutiérrez, cuando aún pesaba la orden de desalojo “nos dio su palabra de que no iba a efectuarse”. “Ahora vamos a acampar otra vez. Vamos a volver a estar en la ruta hasta que el Ministerio de Trabajo intervenga, porque acá hay trabajadores que tienen 40 años de antigüedad y que no van a poder conseguir trabajo en otro lugar”, advirtió. Y concluyó: “La policía no nos deja acercar. Les dijimos que íbamos a cortar la ruta, y nos respondieron que si lo hacíamos nos iban a reprimir. Pero a esta altura, no le tenemos miedo a nada”.