Productores agropecuarios de la provincia de Santa Fe hicieron punta en manifestarse en contra del nuevo esquema de retenciones al campo que dispuso el sábado el gobierno nacional, por el cual en algunos productos se vuelve al derecho de exportación vigente en septiembre de 2018 y en otros los baja. En ese marco, sectores del campo de la región decidieron manifestarse ayer mediante asambleas a la par de la ruta (sin cortes) en las localidades de Armstrong y Venado Tuerto, dos de los puntos estratégicos de las protestas por la resolución 125 en 2008. A esto se sumó un comunicado de la Sociedad Rural de Rosario titulado “Más retenciones, más pobreza para el interior”.

En el caso de Armstrong, los ruralistas se concentraron al costado del cruce entre la RN178 y la RN9 con autos y camionetas. De acuerdo al sitio web Con La Gente Noticias, la convocatoria sumó cerca de mil personas (entre los que se encontraba el intendente de la ciudad, Pablo Horacio Verdecchia) en rechazó a la medida dispuesta por el presidente Alberto Fernández. “Las retenciones son un robo”, “recorte a la clase política” y “los oligarcas son ustedes” fueron las frases que se repetían entre los manifestantes y se leían en los carteles. Como en su mayoría se trataba de productores autoconvocados, se resolvió esperar a lo que ocurra hoy en el encuentro que mantendrá la Mesa de Enlace en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas en Buenos Aires para definir los pasos a seguir.

Un escenario similar se dio en Venado Tuerto. Según testimonios que pudo recabar Rosario/12, en este caso se trató de una movilización menos concurrida en la que estuvieron presentes poco más de un centenar de personas en la rotonda de las rutas nacionales 8 y 33, que fueron con banderas argentinas luego de convocarse por medio de una cadena de WhatsApp. Previo a esto, el sábado por la noche en esa misma localidad, se hizo la cena de fin de año de la Sociedad Rural en la que estuvo presente Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, procesado recientemente por el juez Federal Villafuerte Ruzo por haber entorpecido el normal funcionamiento del tránsito el 19 de marzo de 2008 en San Pedro, en el marco de las movilizaciones de productores rurales en contra de la Resolución 125.

 

Por su parte, la Sociedad Rural de Rosario también se expresó sobre el tema mediante un comunicado en el que consideraron que la medida del Ejecutivo nacional implica “penalizar al campo con un incremento impositivo”. En ese sentido, consideraron que el gobierno “vuelve a incrementar el peso del estado sobre la producción primaria, desconociendo la situación que atraviesa el sector”, argumentando que “la rentabilidad rural es mínima; el sector no maneja el precio final de los alimentos que consumen los argentinos; el campo es el sector menos concentrado de la economía argentina”, entre otros puntos. Para finalizar, desde la entidad le reclamaron al presidente Alberto Fernández que “no desaliente la producción agropecuaria sustentable y el desarrollo de los pueblos y ciudades del interior”.

La postal que se vio ayer en Armstrong y Venado remitía directamente a lo que fueron las manifestaciones en rechazo a la resolución 125 en los comienzos del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sólo que en esta oportunidad no hubo cortes de rutas.

Por las dudas, la provincia dispuso el control en esas zonas de personal de la Policía de Seguridad Vial para evitar inconvenientes.

El nuevo esquema de retenciones es bastante más complejo de lo que muchos productores creen. Los autoconvocados no esperaron el estudio detallado del impacto que generará, cosa que sí hicieron las dirigencias de las principales entidades rurales, que recién hoy se reunirán en Buenos Aires y comenzarán a tomar posición y evaluar los pasos a seguir.

El apuro por volver a las rutas parece más vinculado al rechazo explícito a la orientación política e ideológica del actual gobierno nacional que a un análisis detallado y preciso del impacto que el esquema de retenciones provoca. De hecho, desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero afirmó que la medida no hace otra cosa que reponer el esquema decretado por el ex presidente Mauricio Macri en septiembre de 2018. En ese caso se impuso una retención fija de 4 pesos por tonelada. Ocurre que con la devaluación de la moneda a lo largo del último año, esa cifra fue perdiendo peso, lo que se subsana ahora.