La Asociación Madres de Plaza de Mayo reclamó medidas urgentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ante la violación de derechos humanos en Bolivia. Las Madres presentaron una denuncia ante la CIDH que contó con el apoyo de juristas internacionales, incluyendo la brasileña Carol Proner (foto), parlamentarios del Mercosur y curas de la opción por los pobres. Los firmantes pidieron una serie de medidas provisionales y urgentes contra el gobierno ilegitimo de Jeanine Áñez. Sostienen que hubo más de 35 personas masacradas y que se está llevando adelante un proceso de persecución política.
El documento presentado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini fue acompañado por pruebas exclusivas (videos, testimonios y documentos) que acreditan las masacres llevadas a cabo por el accionar de las fuerzas del estado. El material fue aportado por una comitiva que viajó recientemente a Bolivia. Allí se constató que al menos 35 personas fueron asesinadas, cientos sufrieron heridas de gravedad y algunas están desaparecidas. Además se verificaron más de 1500 detenciones y una gran cantidad de procesos judiciales arbitrarios abiertos contra miembros del partido de Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS). “Estos fueron impulsados por las agencias judiciales en coordinación con los medios hegemónicos, con el objetivo de controlar el próximo proceso electoral”, sostiene la denuncia.
Ante las violentas represiones llevadas a cabo por el gobierno de Áñez el documento pide que se prohíba a las fuerzas del Estado el uso de armas de fuego o letales. “Deben iniciarse investigaciones objetivas e imparciales sobre las masacres para impedir la reiteración latente de nuevos crímenes”, sostiene el texto. Además piden que el Estado asegure el acceso completo a la salud de heridos y familiares.
Respecto a las violaciones a la libertad reclamaron que se auditen las detenciones y procesos de acusación de manera independiente, recurriendo a expertos independientes. “En ese marco se le exige al Estado el aseguramiento de las condiciones de restricción de la libertad, además de cumplir con la garantías judiciales de los detenidos, asilados y exiliados, quienes testimoniaron sobre la arbitraria e ilegal represión que viven, además de las condiciones inhumanas y de crueldad que padecen”, sostiene la denuncia.
A su vez el documento pidió que la Corte IDH exija al Estado el cumplimiento de la libertad de expresión, manifestación pública, acceso a la información y el derecho Humano a la comunicación. “El pedido ante el Máximo Tribunal de la Región busca que se asegure la participación libre y completa de las y los ciudadanos garantizando el derecho humano al sufragio activo y pasivo, con el irrestricto respeto al estado de inocencia y las garantías judiciales de los tratados internacionales”, requirieron las Madres de Plaza de Mayo. También exigen que organismos internacionales independientes realicen la auditoría del proceso electoral. “Es el único camino para restituir la soberanía a su titular, el pueblo, y reestablecer el sistema democrático y el Estado de Derecho en Bolivia”, sostiene la denuncia.
