Seis policías bonaerenses, entre ellos un ex comisario, fueron condenados a penas de entre 6 y 15 años de prisión por la Masacre de Pergamino, ocurrida en marzo de 2017 en la comisaría primera de esa ciudad, y en la que murieron siete jóvenes que estaban allí detenidos. Las muertes se produjeron durante un incendio y los policías fueron condenados por “abandono de persona agravado”, debido a que “no dieron órdenes ni realizaron acciones para salvaguardar la vida” de las víctimas, que estaban encerrados en una celda. Los policías no hicieron nada para apagar el incendio y además, obstaculizaron la labor de los bomberos.
Los jueces del Tribunal Oral 1 de Pergamino señalaron como agravante de las penas aplicadas “los daños físicos y psicológicos” sufridos por los sobrevivientes que presenciaron los hechos desde sus lugares de detención, y también por los familiares de todas las víctimas. El daño sufrido por los sobrevivientes del incendio quedó probado cuando algunos de ellos declararon en el juicio oral, mientras que tres --que siguen privados de su libertad-- se negaron a hacerlo por temor a represalias y porque no querían exponerse cara a cara con los seis imputados.
La pena de 15 años recayó sobre el entonces jefe de la seccional, Alberto Donza; 14 años le correspondieron al ex ayudante de servicio Alexis Miguel Eva; 11 al ex imaginaria Brian Carrizo y al ex oficial de refuerzo de imaginaria Matías Giulietti; 8 años al ex teniente primero Sergio Ramón Rodas; y 6 años para la ex oficial Carolina Denise Guevara.
Luego de escuchar la sentencia, uno de los policías condenados, Brian Carrizo, arrojó una silla de plástico hacia el sector de la sala donde se encontraban los familiares de las víctimas. Carrizo tuvo que ser sujetado por los guardias de seguridad, que se habían instalado desde temprano en el recinto y sus alrededores. Eran más de cuarenta los uniformados. De los seis condenados, sólo Donza y Eva continuarán presos en la Unidad Penitenciaria de Junín, mientras que los otros cuatro seguirán beneficiados con el régimen de prisión domiciliaria, decisión que será apelada por la parte querellante.
Los jueces Guillermo Burrone, Miguel Angel Gaspari y Danilo Cuestas argumentaron que "no se han verificado incumplimientos" por parte de los beneficiarios y que "el peligro procesal se encuentra neutralizado de forma suficiente y debe mantenerse la medida dispuesta en su momento por el Juzgado de Garantías". La lectura de la sentencia se produjo a sala llena, por la masiva presencia de familiares, acompañados por referentes de los organismos de derechos humanos, entre ellos Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora.
El fallo coincidió sólo en parte con lo que había solicitado el fiscal Néstor Mastorchio. Aplicaron las penas que pidió para Donza y Eva, pero le dieron condenas menores a las solicitadas para el resto de los imputados. La sentencia para todos fue mucho menor a la que habían reclamado las distintas querellas, entre ellas la de los abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Ellos calificaron el hecho como “homicidio simple” y solicitaron condenas de entre 21 y 25 años para todos.
El hecho ocurrió el 2 de marzo de 2017 en la seccional situada en Dorrego 654, en pleno centro de Pergamino, donde había 19 presos alojados en los calabozos. Tras una discusión entre dos internos, cuatro policías encerraron a los reclusos con candados, en las celdas, y luego cerraron todas las rejas cercanas.
En el incendio, por la desidia de los policías, murieron Sergio Filiberto (27), Federico Perrota (22), Alan Córdoba (18), Franco Pizarro (27), John Mario Chillito Claros (25), Juan José Cabrera (23) y Fernando Emanuel Latorre (24). Todos fallecieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación.
Los familiares y los abogados querellantes cuestionaron la decisión del tribunal de prolongar la vigencia de las prisiones domiciliarias. Cristina Gramajo, la mamá de Sergio Filiberto, dijo que “la lucha continúa” porque ellos tienen conciencia de que están luchando desde hace años “contra una corporación“. De todos modos, dijo que no esperaban una decisión así y por lo tanto, afirmó que “seguiremos pidiendo cárcel común para los asesinos de nuestros hijos”. Por su parte, Nora Cortiñas dijo que se sentía “avergonzada de una justicia tan indiferente y avenida a condenar siempre a los más pobres, estos pibes estuvieron condenados desde el primer día por ser pobres”.
La CPM, que representó en el juicio a familiares de cinco de las víctimas, dijo que los jueces, al morigerar la detención de cuatro de los policías, tuvieron en cuenta una resolución de la Suprema Corte bonaerense. Esa medida tiene relación con la búsqueda de penas alternativas de prisión para no incidir más en la sobrepoblación carcelaria en la provincia. En este punto, el organismo de DDHH recordó que la de ahora es “una decisión que el mismo Poder Judicial no tiene en cuenta al momento de perseguir y encarcelar a jóvenes de los sectores más pobres, detenidos sin condena y por delitos de pena de expectativa baja”. Por eso subrayó su crítica a “la doble vara o selectividad de la justicia que resulta aún más caprichosa en esta causa, ya que con ese mismo criterio, ninguno de los jóvenes que murieron el 2 de marzo de 2017 debería haber estado alojado en esa dependencia” policial de Pergamino.
