El gobierno provincial también debe dar un empleo público a la madre de la niña

La Justicia ordenó que el Estado tucumano brinde una casa a Lucía y su familia

Lo dictaminó la jueza Valeria Brand luego de escuchar a la niña violada a quien el sistema de salud de Tucumán había obstaculizado el acceso a un aborto legal.

Lucía, sin dudas, fue uno de los nombres del año que termina. Así se la llamó, para proteger su identidad, a la niña tucumana, de 11 años, que imploró en febrero “que me saquen esto que me puso adentro el viejo” para exigir un aborto legal, tras quedar embarazada como consecuencia de los abusos a los que la sometió la pareja de su abuela. El sistema de salud provincial le puso trabas, pero finalmente accedió a la ILE. Su historia tuvo eco en los principales medios del mundo, luego de que este diario la contara. Hoy Lucía se encuentra “muy bien”, confió a Página/12 una fuente que está al tanto de su evolución. Hace pocas semanas terminó la primaria. Quiere volver a vivir con su mamá y sus hermanas. Las extraña. Se lo dijo a la jueza en lo Civil en Familia y Sucesiones V, Valeria Judith Brand, que escuchó su voz y sus deseos en cumplimiento del artículo 12 de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Su guarda provisoria la tienen sus tíos.

Por esa razón, la magistrada ordenó al gobierno de Tucumán, a cargo de Juan Manzur, que en un plazo de 30 días hábiles le entregue a la mamá de Lucía una casa, equipada con muebles y enseres, para que pueda vivir con sus hijes. Debe estar ubicada en otro barrio que no sea el 7 de Abril –de donde es oriundo el grupo familiar y donde ocurrieron los abusos--, para evitar la estigmatización que podría sufrir la niña dado la repercusión pública que tuvo el caso—y sobre todo, porque el 28 de febrero vence la prisión preventiva impuesta al acusado, Eliseo Víctor Amaya, y correría el riesgo de cruzárselo, hasta que se disponga el juicio oral en su contra. El Poder Ejecutivo provincial también debe darle a la madre un empleo público.

En un fallo al que tuvo acceso Página/12, la jueza ordenó que le garantice “no sólo la cuestión habitacional del grupo familiar, sino además la escolarización de las tres menores de edad, dentro de la jurisdicción de su nueva vivienda, la continuidad de tratamiento de salud mental por parte del Sistema Provincial de Salud y la inserción laboral de la progenitora de las niñas, lo que sin dudas le permitirá reasumir de modo pleno sus funciones de rol materno como única jefa de familia”. La madre de Lucía tiene un cuarto hijo, ya mayor de edad. La sentencia tiene fecha 16 de diciembre.

¿Por qué es importante el fallo?

La abogada Soledad Deza, de la ONG Mujeres X Mujeres destacó la trascendencia del fallo. “Es muy importante que el Poder Judicial se haga cargo de reparar en la medida de lo posible la situación de Lucía. Si bien no son daños lo que reconoce, se ocupa de la protección integral de una niña a quien el Estado a través de sus agentes públicos violó derechos y sometió a múltiples violencias”, señaló Deza a Página/12.

La abogada recordó que en el caso LMR, una adolescente con discapacidad mental a quien se le obstruyó su derecho a un aborto legal en 2006 en la provincia de Buenos Aires, el Estado argentino asumió el compromiso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de no repetir los obstáculos para garantizar la ILE. “Ojalá el Ministerio de Salud de Tucumán tome nota”, agregó Deza. 

De todas formas, la trama antiderechos en el gobierno de Tucumán sigue intacta: es el mismo gobernador, y al frente de la cartera, sigue la ministra Roxana Chahla, quien estaba a cargo cuando se dilató arbitrariamente el acceso a la interrupción del embarazo a Lucía. Como titular del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Manzur nombró ahora --en su nueva gestión como gobernador-- a Luis Medina Ruiz, quien fuera director del hospital Avellaneda, de Tucumán, cuando en marzo de 2014 maltrataron y denunciaron a la joven “Belén” en la justicia, luego de sufrir un aborto espontáneo. Belén terminó condenada a 8 años de cárcel, sin pruebas, por el delito de “homicidio calificado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación” y pasó casi tres años presa, hasta que la corte provincial revisó la sentencia y la absolvió en 2017. Medina Ruiz defendió siempre el accionar de los médicos que denunciaron a Belén e incluso llegó a organizar un abrazo al hospital para defenderlos.

Las razones de la sentencia

Antes de firmar el fallo, la jueza Brand escuchó a Lucía. La niña le expresó que quiere regresar a vivir junto a su mamá y a sus hermanas, que extraña a su mamá y tiene el deseo de “poder ir a vivir junto a ella a una nueva casa”, según consta en la sentencia.

La magistrada también escuchó a los progenitores de Lucía y a sus guardadores. La mamá le advirtió sobre la situación problemática que podría ser para Lucía regresar al barrio 7 de Abril, de donde son oriundos el grupo familiar y también Amaya, acusado de los abusos que le provocaron el embarazo. El 28 de febrero próximo se vence el plazo de 12 meses por el cual el juez de Instrucción de III Nominación, Juan Francisco Piso, le impuso prisión preventiva. Si recupera la libertad hasta que se lo someta a juicio, seguramente vuelva a vivir en la misma comunidad. La niña se lo podría encontrar en la calle.

Brand tuvo en cuenta, además, el dictamen de la defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la 1º Nominación que remarcó “la necesidad de la articulación de políticas públicas que faciliten el acceso a la niña de condiciones de vida que garanticen la plenitud de sus derechos y los estándares mínimos para su desarrollo integral”.

En su momento, la guarda de Lucía fue otorgada provisoriamente a una tía y un tío porque la justicia consideró que no estaban dadas las condiciones para que viviera con su mamá. Las dos hermanas mayores que ella pero menores de edad, estuvieron viviendo con la abuela materna y hace un par de meses volvieron con su mamá. Habían padecido situaciones de abuso de parte de una pareja anterior de la madre.

En su resolución, la jueza destacó que “la situación actual de contexto socio-familiar y económico de la progenitora de la niña no ha variado a través del tiempo, habiéndose visto aún más agravada en tanto se trata de una mujer desempleada, con instrucción incompleta y sin acceso a una vivienda digna ni a un empleo que le posibilite procurarse su propio sustento y la manutención de sus hijas”. En ese sentido, consideró que la progenitora de Lucía, “en su condición de mujer, desempleada, y sin vivienda, reviste la condición de sujeto vulnerable en esas tres condiciones, lo que obliga al Estado a acudir en procura de brindarle apoyo y contención a fin de superar las asimetrías antes señaladas”.

También la magistrada valoró en su decisión “la intención constante puesta de manifiesto” por la madre de la niña “en tanto recuperar el cuidado y custodia personal de su hija, habiéndose manifestado en tal sentido desde el momento mismo de acaecidos los sucesos que dieron origen a ésta intervención jurisdiccional, intención que pone de resalto la necesidad y urgencia en la articulación de políticas públicas que le faciliten a la progenitora el logro de tal anhelo”.

Por tal motivo consideró que el Estado provincial está obligado a adoptar “medidas tendientes a la superación de las barreras que actualmente le impiden” a la mamá de Lucía “el pleno goce de sus derechos de mujer y madre a la hora de reasumir el cuidado y custodia personal no sólo de su hija más pequeña sino además de sus otras dos hijas, también menores de edad; barreras que desde lo social le resultan hoy de insalvable superación, y las que deben ser removidas a partir del diseño de un plan de acción estadual que le permita recrear un ámbito de vida familiar y otro de reinserción social y laboral, a partir del cual pueda verse realizada y criar y cuidar de sus hijas de modo digno”.

La historia de Lucía

“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, dijo Lucía ante una psicóloga y quedó escrito en su historia clínica. Pero su pedido de un aborto fue desoído. Finalmente fue sometida a una interrupción legal de embarazo, a través de una cesárea, el 26 de febrero en el Hospital del Este “Eva Perón”, de Tucumán. El Siprosa demoró alrededor de un mes la decisión. El gobierno tucumano no cumplió con el protocolo para casos de violación . La interrupción del embarazo se dilató al punto de llegar casi a las 24 semanas, a pesar de que hacía un mes que la niña había expresado su voluntad de abortar.

En el hospital "a la madre le dijeron que si le hacían la ILE la iban a vaciar, le iban a quitar todo el útero y no iba a poder tener más hijos", según en su momento reveló a Página/12 la abogada de la organización de derechos humanos Andhes, Florencia Vallino, el amedrentamiento que recibió la mamá. Incluso, contó que la mujer tenía firmado el consentimiento informado de la práctica hacía días pero nadie le explicó dónde tenía que entregarlo. Una perversa y cruel trama institucional antiderechos sometió a la niña a tratos crueles y convirtió su cuerpo infantil --que no llegaba a 50 kilos-- en envase, incubadora, para forzarla a parir una criatura de alrededor de 600 gramos, con pocas probabilidades de sobrevida, que quedó internada en el servicio de Neonatología y luego murió.

El horror que dio la vuelta al mundo

El caso tuvo repercusión mundial. Los principales diarios lo contaron espantados. En marzo, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), con sede en Colombia, y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres (Mesecvi), cuya oficina está en Washington, condenaron el trato que recibió la niña en el sistema de salud de Tucumán y los obstáculos arbitrarios que enfrentó en su reclamo de un aborto no punible.

Manzur, aliado político del presidente Alberto Fernández, tiene ahora la oportunidad de demostrar que no va a dudar en garantizar, esta vez, los derechos de Lucía. 

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