“El sector está pagando muchísimo dinero en impuestos, probablemente más que en la época de Cristina Fernández de Kirchner. En el campo estamos mal, pero contentos. O pagamos mucho, pero contentos”, Gustavo Grobocopatel, marzo 2019.

El 7D fue la despedida de Mauricio Macri en Plaza de Mayo. La composición etaria, social y política (adultos mayores, clase media alta, derecha antiperonista) fue bastante homogénea. Los miles de asistentes proporcionaron un marco digno, aunque lejos de la masividad esperada por los organizadores “espontáneos”. El acto no sólo fue un mensaje hacia fuera, sino también hacia dentro de Juntos por el Cambio.

El macrismo duro avisó que no dará tregua al nuevo gobierno. Ese sector se envalentonó con la remontada electoral del 27 de octubre. En las PASO, el oficialismo se había impuesto solamente en Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. En las elecciones generales, el macrismo también ganó en Mendoza, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos.

Más de dos millones de votos sumados, luego de las PASO, tienen explicaciones multicausales. Sin perjuicio de eso, el voto “campo” aportó lo suyo. A pocos días de las elecciones, una encuesta reveló que apenas el 42 por ciento de los productores agropecuarios estaba conforme con el gobierno macrista. Aún así, el 80 por ciento manifestó que votarían por Juntos por el Cambio.

En ese contexto, la confrontativa reacción sectorial contra las primeras medidas del nuevo gobierno (actualización -y posible suba- de las alícuotas de los derechos de exportación) era más que esperable. Incluso antes de haber asumido, los autodenominados “Guardianes de la Republica” mostraron los dientes. 

En un spot donde se presentan como el Grupo Campo + Ciudad advirtieron que “nadie se equivoque: aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando, a lo largo y a lo ancho del país y al costado de las rutas, en cada ciudad y en cada pueblo. Estamos conectados y alertas para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva”. El viernes 27 de diciembre, los “Guardianes” organizaron protestas en Bell Ville, Rosario y Bragado.

Lo cierto es que una mayoría ciudadana respaldó en las urnas un cambio de rumbo político- económico. La hoja de ruta propuesta por el Frente de Todos fue muy clara: impulsar un modelo social-productivo inclusivo. Eso incluye políticas redistribucionistas que inevitablemente generarán tensiones. La única posibilidad de que eso no ocurra sería incumplir con el contrato electoral. Lo importante es diseñar una estrategia exitosa (apertura de canales de negociación/escucha, políticas segmentadas, evitar la pirotecnia verbal) que minimice los enfrentamientos.

El encuentro de Alberto Fernández con los representantes de las entidades agropecuarias apunta en esa dirección. Como se dijo, el diseño de políticas segmentadas será clave. Es preciso recordar que, luego del conflicto abierto por la 125, la presidenta CFK avanzó en ese terreno. 

En 2013, el gobierno implementó un reembolso de los derechos de exportación a los productores trigueros. En 2015, el kirchnerismo amplió el Programa de Estímulo para los Pequeños y Medianos productores con mayores porcentajes de devolución de los derechos de exportación para diferentes cultivos (trigo, soja, maíz y girasol) e incrementó la compensación por litro de leche para los tamberos más pequeños.

En ese momento, CFK planteó que “el Estado está para proteger a los más chicos, a los más débiles en todos los campos. En la agricultura también, tenemos la obligación de mirarnos a los ojos, de reencontrarnos, reconocer los errores, porque tal vez a los chacareros les contaron que yo era muy dura. Es cierto, a veces soy muy dura. Siempre he sido dura con los de arriba, jamás con los de abajo”. Alberto Fernández promete continuar por ese camino.

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