Desde España

La sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español tuvo dos protagonistas inesperados: una diputada catalana de Podemos que sufre un cáncer agresivo que la obligó a ausentarse en la sesión anterior y que esta vez se sobrepuso a los dolores y el único diputado de la pequeña agrupación de electores Teruel Existe, que tuvo que dormir la noche anterior en paradero desconocido para evitar presiones. Ambos fueron decisivos. La votación salió adelante con 167 votos a favor y 165 en contra.

El proceso para que España tuviera por primera vez desde que recuperó la democracia un gobierno de coalición no fue un camino sencillo. No se trató sólo de esos dos votos decisivos. El pacto entre el PSOE y Unidas Podemos firmado apenas dos días después de las elecciones generales del pasado 28 de noviembre necesitaba para salir adelante de más apoyos parlamentarios y sólo dio sus frutos después de un paciente y discretísimo proceso de negociación con varias formaciones menores, entre ellas el Partido Nacionalista Vasco, que acabaron comprometiendo su voto afirmativo.

Para conseguir la investidura, Sánchez también necesitaba al menos la abstención de dos formaciones independentistas de izquierda, la catalana Esquerra Republicana de Catalunya, una de las que encabezó el frustrado proceso por el que se impulsó la independencia de esa región y que acabó con los principales líderes presos o huidos, y la vasca Bildu, que comparte espacio político con las fuerzas que en el pasado respaldaron a la desaparecida ETA.

Lo consiguió, y ello fue demasiado como para que la derecha española no viera resurgir sus peores fantasmas e identificara al líder socialista como la personificación del mal. Traidor, estafador, villano o amigo de los terroristas fueron algunos de los epítetos que le dedicaron. Las tres sesiones parlamentarias que concluyeron con la votación definitiva de este martes fueron un festival de insultos, agravios y desplantes como nunca antes se había visto en el consolidado sistema parlamentario español.

Lo ajustado de la votación, la propia composición variopinta del arco parlamentario que dio su confianza a Sánchez, la complejidad de los problemas a resolver, con la crisis catalana en primer lugar, y la virulencia con la que las fuerzas de derecha han recibido esta alianza -la extrema derecha es la tercera fuerza parlamentaria y su discurso apocalíptico parece haber contagiado al resto de los grupos de ese espacio ideológico- invitan a vaticinar que al presidente socialista le quedan por delante cuatro años sin margen para el error. No será fácil. La portavoz de ERC, Montserrat Bassa, con una hermana cumpliendo pena de prisión tras ser condenada por el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña, lo advirtió durante su intervención: “La gobernabilidad de este país me importa un comino”, dijo. Aviso a navegantes. Sin el respaldo pasivo de los republicanos catalanes, el gobierno de Sánchez tendrá casi imposible aprobar leyes o presupuestos.

El gobierno de coalición, que por primera vez desde los años de la República tendrá un ministro comunista -el secretario general del PCE, Alberto Garzón, estará al frente de la cartera de Consumo-, nace con el doble desafío de distender el conflicto catalán y de poner en marcha una ambiciosa agenda social para la que tampoco hay mucho margen de acción. Sánchez conformará un equipo con tres vicepresidencias y ya se sabe que la del área económica será la socialista Nadia Calviño, que con toda seguridad actuará como guardiana del rigor presupuestario que impone la Unión Europea. De su buena convivencia con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que será vicepresidente a cargo del área social, dependerá en gran medida el futuro de este gobierno y con él, de buena parte de las esperanzas de la izquierda europea.

Héctor Barbotta es periodista