El 27 de agosto pasado, a través del decreto 591/2019, el entonces presidente Mauricio Macri autorizó la importación de basura y encendió la alarma de los sectores ambientalistas y de los recicladores urbanos. Con la firma del mandatario, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el titular de la cartera de Producción, Dante Sica, el decreto modificó la Ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de “sustancias y objetos” procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica. A pesar de las críticas de las organizaciones ambientales, de las cooperativas de cartoneros por las consecuencias sociales aparejadas y de sectores de la oposición, tres meses después, y a menos de un mes del traspaso de gobierno, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Ambiente sacaron una resolución conjunta para reglamentar la importación de residuos y el tránsito hacia terceros países.

La normativa, aún vigente, asegura que "únicamente se autorizará el ingreso de sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos cuando la finalidad específica sea su uso como insumo para un proceso productivo o como producto de uso directo". Además, establece que "no se autorizará la entrada para disposición final o valorización energética", entiéndase entierro o incineración.

 

Uno de los puntos más críticos de la norma, según los especialistas, es que se eliminó el certificado de inocuidad sanitaria y ambiental que debía emitir la autoridad competente del país vendedor. La eliminación de esta declaración jurada, aseguraron en su momento los ambientalistas, implicó una regresión en materia ambiental. 

Este argumento habilitó una catarata de reclamos judiciales por contravenir el artículo 41 de la Constitución Nacional, según el cual: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Además, establece de forma categórica : “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. Al mismo tiempo se viola el principio de progresividad que fija la Ley Nacional de Gestión Ambiental (N° 25675).

En este sentido, Greenpeace, la Federación de Cartoneros y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron un recurso de revocatoria del decreto fundamentado en que el Ejecutivo no puede dictar medidas que reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado.

Además, las cooperativas de recicladores rechazaron el decreto por las consecuencias sociales que implican para los recolectores urbanos. Desde la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), aseguraban tras la salida del decreto que se "excluye y niega la realidad social que atraviesan más de 150.000 cartoneros que trabajan en las calles y desplaza a las cooperativas de reciclado y sus asociados". El titular de la Confederación, Ramiro Martínez, afirmaba: "Nos parece un despropósito que se traigan residuos de otras naciones, que incluso pueden venir mezclados con otros que acá no podemos tratar, como las pilas. Expresamos nuestra extrema preocupación por la seguridad ambiental del país, así como también por la exclusión de los sectores más vulnerables”.

 

En la misma línea, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) alertaba sobre la situación “en lugar de potenciar la recolección y reciclado de los residuos que tiramos los argentinos, se facilita la importación de los residuos de los europeos. Esto perjudica a los cartoneros que trabajamos de esa recolección y de la venta de ese material. Y en el medio de una crisis social y económica, significa que nos llevan al hambre”.