Resolución para que los Estados de las Américas implementen políticas públicas

Resolución de la CIDH para el abordaje integral de la memoria

"Los lineamientos apuntan a construir políticas que parten del reconocimiento de un pasado de violencia y manifiestan un compromiso de no repetir tales hechos", señaló a Página/12 la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, encargada del área de Memoria, Verdad y Justicia.
La participación de las víctimas en el proceso es uno de los ejes del documento.La participación de las víctimas en el proceso es uno de los ejes del documento.La participación de las víctimas en el proceso es uno de los ejes del documento.La participación de las víctimas en el proceso es uno de los ejes del documento.La participación de las víctimas en el proceso es uno de los ejes del documento.
La participación de las víctimas en el proceso es uno de los ejes del documento. 
Imagen: Guadalupe Lombardo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó una resolución con recomendaciones para que los Estados de las Américas implementen políticas públicas de memoria a partir de un abordaje integral. "Los lineamientos apuntan a construir políticas que parten del reconocimiento de un pasado de violencia y manifiestan un compromiso de no repetir tales hechos", señaló a Página/12 la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, encargada del área de Memoria, Verdad y Justicia. Los ejes temáticos son tres: educación, perfeccionamiento de todo lo relativo a los sitios de la memoria y un trabajo de cuidado del archivo histórico. El fin último el es "abordaje integral de la memoria".

El documento, que fue aprobado en el marco del 174 Período de Sesiones de la CIDH celebrado en Quito, Ecuador, el 9 de noviembre de 2019, contiene "recomendaciones que sirven de guía para el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas de memoria, que considere los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos y las experiencias nacionales y locales, a partir de un abordaje integral, con un enfoque de derechos humanos, género e intercultural, y que involucre a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y objeto de discriminación histórica afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos".

"Los lineamientos apuntan a involucrar a los Estados en la construcción de políticas institucionales que parten del reconocimiento de un pasado de violencia y manifiestan un compromiso de no repetir tales hechos", señaló la Comisionada Antonia Urrejola Noguera, encargada del área de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diálogo con Página/12.

La resolución se estructura en tres ejes temáticos principales: principios relativos a iniciativas de memoria de carácter educativo, cultural o de otra naturaleza –que se refiere prioritariamente a cuestiones sobre el diseño e implementación de esas iniciativas; principios relativos a los sitios de memoria –que se refiere a los procesos de identificación, señalización, construcción o recuperación y gestión sustentable; y los principios relativos a los archivos- lo que implica criterios de creación o recuperación, accesibilidad, derecho a la información y restriccones al acceso de información.

Por otro lado, uno de los principios generales que propone la resolución es un "abordaje integral de la memoria". "Ese concepto de abordaje integral es planteado considerando una mirada que es trabajada, especialmente, por la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y que defiende la coordinación entre los distintos mecanismos de justicia transicional", indicó Urrejola Noguera. Es decir, la obligación de adoptar políticas públicas de memoria debe ser asegurada en conjunto con procesos de justicia y rendición de cuentas, incluida la búsqueda de la verdad, el establecimiento de reparaciones y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.

La participación de las víctimas comprende otro de los principios que adopta la CIDH. "Los Estados tienen la obligación de garantizar que las víctimas y comunidades locales puedan participar en todas las etapas de las políticas públicas de memoria y que puedan impulsar y gestionar iniciativas autónomas de memoria", resalta el documento.

El involucramiento de la sociedad civil se constituye como otro de los lineamientos generales que propone el organismo internacional. "Los Estados deben llevar adelante estrategias activas de difusión y sensibilización dirigidas a la sociedad civil a los efectos de estimular su involucramiento en la formulación de políticas públicas de memoria", señala la resolución.

El resto de los fundamentos generales a los que adscribe el documento apuntan a la idoneidad de las personas a cargo de las políticas de memoria; a la integración de equipos interdisciplinarios de investigación y asistenciales, juristas; a un enfoque intercultural y de género; a la integración regional y a la obligación de los Estados de asegurar el financiamiento de las políticas públicas de memoria.

"No cabe duda que elaborar lineamientos para la construcción de una política de memoria es una demanda histórica de las víctimas y la sociedad civil. Recordar los hechos relacionados a las graves violaciones es una forma de honrar a las víctimas pero también de fortalecer los valores democráticos y respetuosos a los derechos humanos en la sociedad", destacó Urrejola Noguera.

La encargada del área de Memoria, Verdad y Justicia subrayó que la intención del organismo es que el documento "pueda ser apropiado como una herramienta en las estrategias de lucha contra el negacionismo y revisionismo y, sobre todo, como una guía a los Estados en la formulación e implementación de políticas públicas de memoria en las Américas".

Los principios son resultado de un proceso de consultas públicas iniciado en 2017, la primera realizada en Montevideo, en el 21 de octubre, por la entonces Unidad Temática sobre Memoria, Verdad y Justicia; la segunda realizada con el apoyo de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) y la Red Latinoamericana de Justicia de Transición (RLAJT) en Sucre el 14 de febrero de 2019; así como el diálogo con personas expertas el 23 de octubre en São Paulo.

"Es un marco que se fundamenta en buenas prácticas ya observadas en países de la región, en obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos, en las demandas de la sociedad civil y víctimas y en muchas otras fuentes", resaltó Urrejola Noguera.  

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