Eduardo Murúa es el nuevo director de Empresas Recuperadas, área recién creada por el Ministerio de Desarrollo Social para generar políticas destinadas al sector. Integrante de la metalúrgica y centro cultural IMPA, referente histórico de la autogestión, Murúa lleva veinte años militando en un movimiento que hoy reúne 420 fábricas recuperadas y cerca de 20 mil trabajadores. Dice que la Argentina 2020 no puede darse el lujo de perder “el bien social que es una empresa”, ni derrochar otro tan escaso como el empleo. Asegura que las cooperativas tendrán el apoyo del gobierno para no sufrir cortes en los servicios públicos por las deudas que les dejó la sucesión de tarifazos del macrismo. Y adelanta que, en acuerdo con la gobernación bonaerense, trabajará para que el Estado intervenga ante los pedidos de desalojo.
--¿Qué aspira a hacer desde esta dirección?
--Fortalecer a cada una de las empresas con los recursos que nos destine el Estado. Estamos pidiendo 5 mil millones de pesos para armar un fideicomiso destinado a ocho líneas de trabajo: cuatro de crédito y cuatro de subsidios. Las líneas de crédito son necesarias porque las recuperadas están afuera del sistema financiero; vamos a poner el fideicomiso como garantía para que puedan acceder, también a todas las herramientas que el Estado creó para las PyMEs. Por otro lado, los subsidios van a estar destinados a que los trabajadores tengan un capital para arrancar a producir, o volver a empezar.
--¿Cómo definiría los puestos de trabajo de una recuperada? ¿Son similares a los de una PyME o más cercanos a la economía social?
--Tienen la misma problemática que una PyME, la única diferencia es la autogestión de los trabajadores. Pero tenemos una gran relación con la economía popular.
--La Dirección fue creada en Desarrollo Social. ¿Hay una mirada que los pone más cercanos a la asistencia que a la Producción?
--No sólo las PyMEs sino los grandes monopolios han tenido históricamente mayor asistencia, pero de parte de los Ministerios de Economía. Hay una asimetría de recursos del Estado en favor de las grandes empresas. Los que menos asistencia tienen son los sectores que están en el ministerio de Desarrollo Social. En estos días descubrimos que esa mirada del Estado hacia el sector de los pobres abarca todos los aspectos; por ejemplo, el Estado le paga el doble a un trabajador del Ministerio de Economía que a uno de Desarrollo Social.
--La semana pasada la recuperada Cueroflex ocupó el Ministerio de Producción porque Naturgy le estaba por cortar el gas. Hay muchas otras cooperativas noqueadas por los tarifazos.
--Estamos hablando con la Secretaría de Energía. Cortes no va a haber; lo que se está discutiendo para adelante es qué tarifas vamos a tener y cómo recomponemos la situación con la deuda atrasada. Lo estamos discutiendo, hay una comprensión enorme de parte de la Secretaría sobre lo que nos pasó. Como integrante de una empresa recuperada, mi convicción es que esto es producto de la situación económica. Una vez que la demanda se recupere, que los salarios se recuperen, la energía no va a ser un problema. Mientras tanto hay una salida concreta: la suspensión de todos los cortes.
--¿Por cuánto tiempo?
-El que sea necesario. Estamos hablando de que la economía empiece a funcionar, que permita que las empresas recompongan su capital y puedan pagar.
--Habló de acceso al crédito. ¿Va a haber compre estatal a las recuperadas?
--Lo estamos pidiendo. En la secretaría de Economia Social que conduce Emilio (Pérsico) hay una subsecretaría de Alimentos, a cargo de Gabriel Osatinsky, que se está encargando de ver la producción de la economía popular y de las recuperadas para pensar cómo implementamos el compre social. También para desarrollar mercados.
--¿Cuáles es la principal traba? ¿Están en condiciones de conveniar?
--Muchas sí, y a muchas les faltan requisitos, porque hay que cumplir con reglamentaciones. Nosotros vamos a plantear, ya lo hablamos con los diputados, la necesidad de una ley que fije la obligación de los estados de hacer parte de sus compras a la economía popular. Sin esa obligación va a ser muy difícil...
--Hubo una amenaza de desalojo del Bauen. ¿Qué pasará con los casos de expropiaciones caídas?
--Vamos a estar atentos a cualquier situación y a sentarnos con quien haga falta para que no actúen ahora porque hay una política clara del gobierno nacional y del provincial de no afectar la continuidad de las empresas.
--¿Durante el macrismo cómo fueron afectados los derechos de las recuperadas?
--Los puestos de trabajo están; en nuestro movimiento, el MNER, no hubo despidos ni cerró ninguna recuperada, porque los compañeros las defienden contra todo. Sí hubo una fuerte baja en nuestra capacidad de compra, en los retiros, un ajuste tremendo; habremos perdido cerca de un 50 por ciento o más... Llegamos a niveles que nunca habíamos sufrido, de un sacrificio enorme.
--Se reunió con el diputado Leonardo Grosso para redactar un proyecto de ley.
--Es una ley nacional de expropiación de unidades productivas. Contempla que cuando una empresa cierre, quiebre, deje de pagar los salarios, entre en cesación de pagos, el Estado pueda expropiarla si los trabajadores, organizados en cooperativa, lo solicitan. Eso daría una herramienta para que la empresa no cierre. La sociedad no perdería ese bien social que es una empresa, y un bien tan escaso como es el empleo... escaso no solamente en la Argentina sino en el mundo. En esa ley planteamos que una vez expropiado, el Estado le ceda a la cooperativa ese bien para continuar la producción. Si la cooperativa resulta fallida, el Estado puede recuperarlo para darle fines de vivienda, educación o trabajo. Esto no implicaría casi gastos para el Estado, porque el Estado junto con los trabajadores y los bancos oficiales pueden compensar los créditos que tienen en una quiebra para comprar los inmuebles y maquinarias. En las quiebras la mayoría de los créditos los tienen el Estado y los trabajadores.
--¿No fue modificada la ley de quiebras? ¿No funciona para permitir la recuperación de empresas?
--La ley de quiebras deja en manos del juez, y en muchos casos del síndico la decisión sobre si se puede o no. Los requisitos para acceder son altos, porque tienen que reunirse el 66 por ciento de los trabajadores, y los procesos de recuperación son muy complejos. A veces empiezan antes de que esté dictada una quiebra, los trabajadores ya iniciaron juicios, no es fácil que se convenzan de desechar esas demandas. También depende de que el síndico considere que el plan de recuperación presentado es viable, pero al síndico siempre le conviene rematar para cobrar.
--Sería otro ejemplo de un Estado diseñado para que no haya cambios.
--Es una ley de los 90, que pese a su modificación mantiene el espíritu con el que se sancionó. Nosotros queremos que el Estado argentino tenga claro que una expropiación es de utilidad pública porque el trabajo hoy, en cualquier parte del mundo, pero en Argentina en especial, es de utilidad pública.
--¿Ese debate está dado?
--Lo dimos y ganamos. En la provincia de Buenos Aires tenemos casi 84 expropiaciones, algunas con gobiernos de derecha. Cuando dimos el debate con la clase política, lo tuvo que aceptar. La verdad es que no tiene ningún sentido no hacerlo… lo que sí concedo es que la dirigencia política no comprende el ahorro que hace el Estado en cada recuperación. Hoy generar un puesto de trabajo en nuestra patria significa una inversión de entre 20 y 24 millones de pesos... ¡para un solo puesto de trabajo! Se puede tomar cualquier caso de creación de una empresa y hacer la cuenta: si para crear un puesto de trabajo hay que invertir menos de 20 millones, es un puesto de trabajo que no va a generar plusvalía. En Estados Unidos sale 450 mil dólares, en Europa 500 mil euros. Hablamos de comprar una empresa, instalar la maquinaria, incorporar un trabajador, todo lo que significa la creación de un empleo serio. Nosotros lo recuperamos casi sin un peso del Estado. Lo hicimos en todas las etapas y lo vimos en estos cuatro años: sostuvimos todos los empleos.
