El DNU 20/2017 está cumpliendo tres años. Se refiere a inmigrantes y migraciones, constituye una pieza clásica de la política xenófoba del presidente Mauricio Macri. Fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Estado dedujo recurso extraordinario que la Corte Suprema debe resolver. Se toma demasiado tiempo, como siempre.

El DNU modificó sustancialmente la Ley de Migraciones dictada durante la presidencia de Néstor Kirchner inscripta en la mejor tradición nacional como país de acogida. Extiende derechos y garantías a todos los que quieran habitar el suelo argentino como establece el Preámbulo de la Constitución Nacional.

El nuevo sistema imita-calca los peores precedentes de la legislación norteamericana, sobrevinientes al atentado terrorista contra las Torres Gemelas. El núcleo ideológico es la criminalización de los migrantes a quienes el imaginario de derecha (ya no yanqui ni argentino, sino mundial) asocia al delito y al parasitismo sobre las prestaciones sociales.

Macri creó un mecanismo exprés de deportación que vulnera las reglas del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Los plazos concedidos para defenderse son exiguos, más propios (agrega uno) de la justicia militar en tiempos de guerra que de la civil, garantista.

Otro aporte macrista son las “retenciones preventivas”. En verdad, encarcelamientos por criterio o capricho policial, sin intervención de jueces. Otro disparate. La Cámara alertó sobre el riesgo de que se conviertan en detención arbitraria y atenten contra la unidad familiar.

El presidente Alberto Fernández cuestionó desde Israel los mecanismos de deportación, lo que fue difundido en varios medios. Página 12 se comunicó con fuentes de primer nivel de la Casa Rosada que redondearon el razonamiento. Citan al presidente: “siempre expresé mi opinión contraria a ese modo de persecución. Sos extranjero, te imputan y deportan. Un delirio. Ya existían (existen aún) leyes que autorizan la expulsión del extranjero si es condenado. Lo otro es inadmisible”.

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Las deportaciones exprés sin condena son la parte más salvaje del DNU, aplaudida por la Vulgata de derecha. Pero, de nuevo, la norma contiene otras privaciones de derechos, afrenta la tradición nacional y tendría que derogarse en su totalidad. Un decreto voltea a otro decreto, la movida es factible y deseable.

Las declaraciones del Presidente sobre la cuestión son valiosas, concordantes con reclamos de organismos de derechos humanos y abogados que vienen reuniéndose con integrantes del Gabinete nacional.

La lucha contra la xenofobia, el racismo, la discriminación y los abusos judiciales forman parte del proyecto nacional-popular. Los principios enunciados por Fernández en su discurso de asunción concuerdan con lo que venimos explicando. Dar vuelta otra página oscura del macrismo en materia de libertades públicas está al alcance de la mano.