En las últimas semanas, el suplemento económico Cash ha publicado tres notas, escritas por especialistas de distintas disciplinas, que plantean perspectivas discrepantes sobre el desarrollo de la megaminería en Argentina. En un artículo firmado por Anabel Marin , se formula la pregunta de si es posible una minería sustentable, interrogante que responde afirmativamente. Posteriormente le responden Gabriel Liceaga, Lucrecia Wagner y Nicolás Parise Schneide r, quienes polemizan concluyendo que "El acuerdo social para desarrollar la minería no existe". Mientras que, a la semana siguiente, Marin ofrece una explicación más detallada y matizada de su posición.

Durante 2018 y 2019, científicos y científicas del CCT Conicet-Cenpat de Puerto Madryn conformamos una Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera, integrada por profesionales de distintas disciplinas: Agronomía, Biología, Ecología, Geología, Historia y Sociología. La Mesa surgió como resultado de inquietudes particulares de algunos investigadores e investigadoras y en parte para dar respuesta a consultas presentadas desde diferentes sectores de la ciudadanía al Cenpat, entre ellos la Defensoría del Pueblo de Chubut y asambleas vecinales. En este marco se realizaron plenarios y talleres con todo el personal científico, en los que se analizaron en detalle los proyectos de modificación de ley propuestos en la Legislatura Provincial de Chubut para habilitar la explotación minera metalífera a cielo abierto. Algunas de las conclusiones a las que se arribó fueron:

* Que en las zonas de potencial interés minero dentro de la cuenca hídrica del Rio Chubut que podrían quedar habilitadas para su explotación, cualquier mala praxis o error humano en el proceso podría poner en riesgo la calidad de agua del río, fuente de agua que abastece en forma permanente a la mitad de la población de la provincia. La protección de este sistema hídrico debería ocupar altísima prioridad en las agendas gubernamentales, primando en ellas un sentido general de cautela y anteposición de los intereses sociales, sanitarios y ambientales por sobre los puramente económicos. En especial, cuando estudios realizados en el Cenpat alertan sobre una reducción de las reservas hídricas en menos de 50 años para la región.

* Que los interlocutores que deben tomar parte en un debate sobre el tema deben incluir genuinamente a todos los actores involucrados, es decir a las propias asambleas, las organizaciones de la vida civil, el sector científico y académico, el Estado en sus distintos niveles y agencias, municipal, provincial y nacional, así como a otras instancias de participación ciudadana. En un contexto de asimetrías de poder económico y mediático de las empresas mineras contra los actores de la sociedad civil, es el Estado quien debe erigirse como el garante del desarrollo integral de la población. Ya que puede disentir con los intereses y expectativas de rentabilidad de los grupos económicos que invierten y promueven al desarrollo minero. Prueba de ello son las acciones de propaganda en las escuelas de enseñanza media chubutenses sobre las ventajas de un proyecto minero específico, o la recepción masiva de currículums por parte de un gremio minero aprovechando la necesidad de trabajo en la provincia para una actividad que está prohibida por ley.

* Que en la provincia no existen organismos y agencias de control, supervisión ambiental y respuesta ante catástrofes que cuenten con la suficiente capacidad técnica, económica y de fiscalización, ni reconocimiento social, que brinde tranquilidad a la población ante un cambio en la normativa.

* Que la pregunta por la sustentabilidad minera, o la “zonificación”, vale decir el intento de modificar la ley “ex 5001” para hacer excepción a las prohibiciones en zonas de la Provincia del Chubut, debe estar precedida por un debate profundo y entre múltiples actores sobre qué modelos de desarrollo son socialmente deseables y de qué manera se usan los recursos.

La preocupación relacionada con el desarraigo y desocupación de la región central de la provincia conocida como “la Meseta”, zona principal de interés minero, podría estar garantizada por una sólida matriz productiva de pequeña escala y diversa. En ese sentido, consideramos que es fundamental el rol del Estado promoviendo actividades socialmente deseables y con fuerte agregado de valor local, para lo cual será fundamental el acompañamiento de los distintos organismos de CyT.

Como agravante, en Chubut la discusión en torno a la minería metalífera se da en un contexto vulnerable y desigual. Se trata de una provincia envuelta en una crisis social, económica y política, fuertemente endeudada, que debe salarios a los empleados estatales que cobran de forma escalonada hace ya más de dos años. 

En este escenario, es recurrente escuchar que la perspectiva minera se plantea como una solución de los problemas económicos inmediatos y que existe “licencia social” de las poblaciones cercanas. A nuestro entender, la “licencia social” no debe confundirse con el consentimiento dudoso y a regañadientes por parte de una población fragmentada y urgida a la que se busca enfrentar contraponiéndole promesas de fuentes de trabajo que van en contra de la salud ambiental. La “licencia social” es mucho más que un “permiso de las comunidades para operar”, como planteaba Marin en su primer artículo. 

Antes que el guiño para la intervención de actores externos, o visiones paternalistas de la participación, debería ser el empoderamiento de los actores locales para decidir qué hacer con sus propios recursos, cómo gestionarlos y valorarlos.

* Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT Conicet-Cenpat.