El presidente, Alberto Fernández, explicó la posición del Gobierno frente a los pedidos de los hipotecados UVA, que plantean salir del sistema de indexación. "Son créditos entre particulares que aceptaron una cláusula y un contrato", afirmó en una entrevista por Radio Continental. Además, aseguró que el Estado salió al rescate de los hipotecados cuando congeló las cuotas entre agosto 2019 y enero de este año. Las cuotas se mantuvieron fijas pero aumentaban, dado que se actualizan por inflación, y la diferencia la puso el Estado, que pagó 600 millones de pesos.
Por otro lado, para que la cuota no salte de un mes a otro, el Banco Central y el Ministerio de Hábitat acordaron con los bancos un mecanismo de convergencia para que esos aumentos retrasados se distribuyan durante un año. La financiación le cuesta a los bancos 1.400 millones y se enmarca en la teoría de "esfuerzo compartido" que fue establecida en la ley de solidaridad social. "Cuando escucho quejarse tan agriamente a los que han sacado créditos, hay que aclarar que son alrededor de 90 mil personas, no son millones. Los quiero llamar a la reflexión, porque entre lo que aportó el Estado y los bancos fueron 2.000 millones para aliviar su situación", agregó el presidente.
Ante las declaraciones, el colectivo de hipotecados UVA publicó un comunicado en el asegura que Fernández cambió el discurso que tenía en la campaña. "No se refería a los créditos como una cuestión entre privados, decían que eran una pesada carga para los deudores y que los bancos eran los grandes beneficiarios", dice el texto. Critica que el Estado fue quien impulsó los créditos desde 2016 como una política pública de vivienda. "No son viables créditos indexados a 30 años con una inflación por encima del 50 por ciento anual y con ingresos que se ajustan por debajo del nivel de precios", agrega. Sobre la fórmula de convergencia que resolvió el Gobierno, concluye: "La asistencia del Estado se redujo a eso, suena a poco, más bien a nada".
