Presentaciones judiciales de las entidades del cine

Más denuncias contra el Incaa macrista

Nuevos elementos de prueba incorporados a las causas iniciales apuntan a develar si existió “un sistema de corrupción” al que se desviaron fondos que debieron haber sido utilizados en el fomento del cine. 
La subejecución de los fondos de fomento rondó los 800 millones de pesos.La subejecución de los fondos de fomento rondó los 800 millones de pesos.La subejecución de los fondos de fomento rondó los 800 millones de pesos.La subejecución de los fondos de fomento rondó los 800 millones de pesos.La subejecución de los fondos de fomento rondó los 800 millones de pesos.
La subejecución de los fondos de fomento rondó los 800 millones de pesos. 
Imagen: Arnaldo Pampillon

Nuevos elementos de prueba sobre el destino de los fondos que manejó en Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) durante la administración de Mauricio Macri fueron incorporados en los últimos días a los expedientes ya abiertos en la Justicia, donde se reúnen distintas acusaciones presentadas en contra la gestión que encabezó Ralph Haiek, presidente del organismo entre abril de 2017 y diciembre de 2019. Se trata de cuatro denuncias promovidas el año pasado por distintas asociaciones vinculadas a la industria del cine, como Documentalistas Argentinos (DOCA), la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI) y Directores Independientes de Cine (DIC). Las mismas señalan diversos incumplimientos a la Ley de Cine y marcan como responsables al propio Haiek y a sugerente general, Juan Francisco García Aramburu.

A partir de las mencionadas presentaciones judiciales, oportunamente fueron abiertos cuatro expedientes en los juzgados federales a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello, Rodolfo Canicoba Corral y Ariel Lijo. Aunque fuentes de Comodoro Py consultadas por Télam observaron que, "más tarde o más temprano, las investigaciones derivarán en una causa integral que las acumule a todas". En diálogo con la agencia nacional de noticias, Juan Mascaró, presidente de DOCA, sostuvo que los nuevos elementos de prueba incorporados a las causas apuntan a develar si existió o no “un sistema de corrupción” al que se desviaron fondos que debieron haber sido utilizados en el fomento del cine. Los denunciantes afirman que además de la “malversación de fondos”, hay elementosque permiten acreditar “un sistema doloso de corrupción y propaganda”.

En ese sentido Mascaró consideró que "hay pruebas suficientes en contra de Haiek” como para que “se lo llame a declaración indagatoria”. “Estamos seguros de que durante el desarrollo del proceso se seguirán encontrando pruebas a través del relevamiento que tiene que hacer la propia Justicia”, agregó el titular de DOCA. Si bien los denunciantes señalan múltiples hechos que representan en sí mismos incumplimientos de la Ley de Cine, en todos los casos están relacionados con la subejecución de los fondos de fomento que, según afirman, ronda los 800 millones de pesos.

Tanto Haiek como Aramburu son el blanco principal de las denuncias, señalados como responsables del incumplimiento de la ley que obliga a destinar el 50 por ciento de los fondos de fomento del cine al subsidio de películas nacionales. También se los hace responsables de la negativa del Incaa a otorgar créditos en sus dos últimos años de gestión y del abandono del control sobre las salas de exhibición, obligadas a cumplir con una cuota de pantalla mínima de películas nacionales. Según las entidades, estos hechos alcanzan para acusar a ambos por los delitos de “incumplimiento de los deberes del funcionario público” y “malversación de fondos”, que tienen penas de hasta dos años de prisión.

Tanto para DOCA como para APRI y DIC, durante la gestión anterior “se organizó y perfeccionó un sistema doloso de corrupción”. Según consta en las denuncias esto incluyó el pago de “sobreprecios en contrataciones y en obras innecesarias, especialmente las del cine Gaumont y en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica)”. Como ejemplo citan el pago de 300 mil pesos por un pato inflable para colocar sobre el lobo marino de la Rambla de Mar del Plata, en la edición 2017 del Festival de Cine de esa Ciudad, o el gasto de 2 millones de pesos en cajas de Navidad en una cantidad que duplica el número de trabajadores del Instituto.

Para el presidente de DOCA, el Incaa fue "históricamente un territorio de impunidad". Y afirmó sobre ese punto: "Pareciera que las cosas se pueden hacer sin demasiado control por la autarquía y autonomía que tiene. Cada vez que cambia la gestión hay un borrón y cuenta nueva, no se audita ni se controla lo que hizo la anterior y eso para nosotros es inaceptable". En ese sentido, uno de los primeros anuncios realizados por el nuevo presidente de la entidad, el cineasta y productor Luis Puenzo, estuvo justamente dirigido a la promoción de una auditoría interna, dejando en claro que además la actual gestión brindará su colaboración a los citados procesos judiciales.

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