La justicia tucumana condenó a 18 años de prisión al hombre de 67 años que violó a Lucía, la niña que como resultado de ese abuso terminó embarazada y debió sortear semanas de obstáculos que el Estado tucumano y activistas antiderechos pergeñaron para impedirle acceder al aborto legal que era su derecho. Eliseo Víctor Amaya, que era pareja de la abuela de la pequeña, aceptó un juicio abreviado que se sustanció en una audiencia durante la mañana del viernes, y tras el cual se dio a conocer la sentencia de “abuso sexual doblemente agravado por el grave daño a la salud mental y física de la niña aprovechando la situación de convivencia”.

“El acusado se declaró culpable pero no pidió disculpas por el daño ocasionado” , señalaron en un comunicado las organizaciones de derechos humanos Andhes y Cladem, que acompañaron a la niña y su familia en todo el proceso.

La Sala V de debate oral penal resolvió que los 18 años serán de cumplimiento efectivo, algo para lo cual Amaya, que tenía 66 al momento de cometer el delito, será alojado en el penal tucumano de Villa Urquiza.

La sentencia contó con la conformidad de la Fiscal de Cámara Penal de la V Nominación Estela Giffoniello y de la defensa técnica.

Durante la audiencia, “Sol”, el nombre de fantasía con el que la madre de Lucía protege su identidad, pidió a las juezas María Balcazar, Juana Francisca Juárez y su par Fabián Fradejas que Amaya recibiera el máximo de la pena establecida. “Causó un daño tremendo y le arruinó la vida y dejó marcada a mi hija y a toda mi familia”, aseguró la mujer, que luego de conocido el veredicto logró salir del tribunal sin enfrentar cámaras, porque la divulgación de su imagen podría revictimizar a su hija. La niña, por cuyo derecho a no parir el producto de una violación su cuerpo se convirtió en botín de activistas antiderechos -que llegaron a denunciar penalmente a los médicos que, finalmente, garantizaron su derecho a no gestar y le practicaron una microcesárea-, terminó la escuela primaria a fines de 2019.

El juicio abreviado y su resultado fueron “la mejor opción para proteger a la niña que no deberá pasar por un proceso que puede ser revictimizante y estigmatizante en un momento en el que está logrando rearmar su vida y sus vínculos”, señalaron los abogados Emilio Guagnini, de Andhes, y Celia Debono, de Cladem. Los letrados destacaron también que la justicia actuó con rapidez, y que “en menos de un año, el abusador de Lucía fue sentenciado”.

Las organizaciones también reclamaron que la justicia realice un seguimiento de la condena “con la premisa de cuidar a Lucía”, algo que el Tribunal concedió. La sentencia también incluyó medidas de reparación para la niña, para quien, además, solicitó que el Poder Ejecutivo disponga de asistencia psicológica gratuita, una beca para que pueda estudiar y asistencia social que la considere en conjunto con su grupo familiar.

Los jueces también indicaron al Poder Ejecutivo que realice relevamientos sobre abuso sexual infantil y desarrolle campañas contra la violencia hacia los mujeres, con perspectiva de derechos humanos y de género.