El bloque de diputados del Frente de Todos llevará el próximo jueves al recinto, más allá de los cuestionamientos vertidos por el ala dura de Juntos por el Cambio, la discusión por la modificación de los regímenes especiales del Poder Judicial y el cuerpo diplomático.
Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, le confirmó a PáginaI 12 que la reunión de Comisión se llevará a cabo el próximo miércoles y que el jueves está prevista la convocatoria a sesión para tratar el tema.
El oficialismo no sólo contará en este caso con el acompañamiento de los pequeños bloques que viven por fuera de la grieta parlamentaria, el interbloque Federal y el interbloque Unidad para el Desarrollo, sino también podría contar el apoyo del sector peronista del PRO, que se referencia en Emilio Monzó, y que sostiene que "más allá de la letra del proyecto hay que dar un debate moral de cara a la sociedad".
El ala dura del PRO, permeable siempre a la corporación judicial, hizo propia la visión expresada tanto desde la asociación de Magistrados como de la que reune a los fiscales y la plasmó en una gacetilla. En el texto señaló que la reforma implica una ataque a la independencia de los jueces. Bajo esos argumentos y la necesidad de más tiempo para estudiar el proyecto reclamó la postergación del debate.
Sin ningún pudor y sin consideración por la independencia de los poderes representantes de jueces y fiscales desfilaron por los pasillos del Palacio Legislativo y predicaron la "inconstitucional" de la norma. De hecho, esta semana el titular del bloque del PRO, Cristián Ritondo, y el de la UCR, Mario Negri, recibieron al vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo. Los representantes del Poder Judicial también lograron entrevistarse con el presidente del Interbloque Unidad para el Desarrollo, José Luis Ramón.
Ante los cuestionamiento del ala dura de Juntos por el Cambio, Heller recordó que "cuando se trató la emergencia económica desde la oposición se cuestionó intensamente que no se tratara con la misma vara a todos los regímenes especiales. Al día siguiente el Presidente anunció el envío de un proyecto y aclaró que no era voluntad extender este tipo de regímenes sino que la intención era que fueran tratados por separado", y sentenció: "No sé por qué los que reclamaban antes ahora piden más tiempo para su tratamiento".
En cuanto al texto, el diputado enfatizó que "se trata de un proyecto moderado, que no afecta derechos adquiridos y plantea cambios hacia adelante".
Por su parte, el diputado por la provincia de Neuquén Darío Martínez explicó: "En los últimos cuatro años se hizo más profundo el desequilibrio entre unos sectores y otros. Desequilibrios entre pequeños sectores que fueron privilegiados y grandes sectores que fueron perjudicados. El sistema judicial representa el 3% de la cantidad de los jubilados pero se llevan el 13% de los recursos. Hay algo que no cierra. Nos parece que hay que poner estas cosas en su lugar y volver a generar los equilibrios que se han perdido en Argentina".
Algunas horas antes de que el Frente de Todos oficializara su decisión de avanzar el interbloque de Juntos por el Cambio expuso su intención de ponerle freno al tratamiento del proyecto para terminar con los regímenes especiales. Las espadas más duras de Cambiemos argumentaron que necesitan "más tiempo para trabajar con el texto", y advirtieron que no le van a "dar un tratamiento exprés" al tema. Si bien hasta el momento el principal bloque opositor no se opondría a la hora de la votación, lo cierto es que la responsabilidad de conseguir quórum quedará en manos del oficialismo.
El punto que más ruido generó en la bancada amarilla es el aumento del 11 al 18 por ciento de los aportes de los magistrados. "Si van a hacer un aporte especial, deberían tener una jubilación que corresponda a un régimen especial", señaló a este diario el representante del PRO en el Consejo de la Magistratura y diputado nacional Pablo Tonelli. Otro de los privilegios que el PRO buscará defender en el recinto es que sólo se tome para calcular la jubilación el promedio salarial del último año. El texto enviado por el Poder Ejecutivo propone equipar el régimen de los judiciales al resto de los trabajadores y que el calculo se realice sobre el promedio salarial de los últimos diez años.
Informe: Antonio Riccobene
