El nuevo capítulo de la saga Vicentín tiene como hilo conductor la disputa por la jurisdicción donde se tramitará la multimillonaria convocatoria de acreedores. En Reconquista, el juez Fabián Lorenzini aceptó la competencia en razón de que el domicilio legal de la empresa está en Avellaneda. Por el contrario, el grueso de la actividad económica del grupo se realizaba en Rosario y la región, por lo que se levantan voces pidiendo que la causa se traiga a los Tribunales de esta ciudad.

El tema tendrá que ser resuelto por la Corte Suprema de la provincia si en los próximos días algún acreedor recusa al juez de Reconquista. Además de ser el superior común a los tribunales de ambas jurisdicciones, la Corte cumple un rol político que va más allá de lo estrictamente legal.

Como su intervención es un escenario probable, en el Poder Judicial, esta semana fueron comentario recurrente los antecedentes en torno a concursos y quiebras en los que tribunales superiores debieron resolver conflictos de jurisdicción.

El caso más reciente y resonante es el del Grupo Oil de Cristóbal López y Fabián de Souza. En ese caso la empresa presentó el concurso en los tribunales provinciales de Comodoro Rivadavia, pero cuando las apelaciones pusieron el tema en manos de la Corte nacional, ésta ordenó llevarlo a la Justicia Nacional en lo Comercial de Ciudad de Buenos Aires. En el caso del Banco Integrado Departamental (BID), suspendido en 1995, la quiebra se tramitó en Venado Tuerto: allí coincidía el domicilio legal y la actividad económica.

Competencias

El proceso concursal de Vicentin ya sobrevuela la Corte santafesina. Días atrás rechazó in limine un recurso de per saltum presentado por los abogados de la firma Gagliardo Agrícola Ganadera, perteneciente al grupo RJG o grupo Obring. Es la misma empresa que en los primeros días de febrero pidió la quiebra de Vicentin en los Tribunales de Rosario. Si bien el juez civil y comercial 14 de Rosario, Marcelo Quaglia, se declaró incompetente, era muy probable que otros acreedores intentaran lo mismo en otros juzgados hasta que alguno aceptase abrir la convocatoria aquí.

Eso motivó a Vicentin a pedir su propia convocatoria en Reconquista, a pesar de que poco antes había dicho a sus acreedores que no buscaba esa salida. En paralelo, sigue adelante con su intento por cerrar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial con los acreedores comerciales. Una salida rápida con ellos es necesaria para reestablecer el flujo de mercadería y reactivar la empresa; de lo contrario, paralizada, crece la presión y pierde valor.

En esa carrera contrarreloj, la semana pasada mejoró la oferta inicial que le había hecho a los acreedores comerciales. La “buena noticia” va asociada a otra polémica. “Si mejora la oferta quiere decir que el dinero está. O tiene algún socio que aporta y después se va a quedar con la empresa, o la tiene afuera, pero hay más de lo que dijo inicialmente”, razonó un operador de granos.

El lobby de los profesionales

La disputa de jurisdicción divide opiniones entre empresa y operadores del mercado de granos damnificados por el default. Empresas como Gagliardo pretenden traer la convocatoria a Rosario. Otros, en cambio, “les vendría bien por comodidad pero no más que eso. Un papel es un papel, aquí o en Reconquista”, explicó una voz muy representativa del sector.

Otra veta que entra a tallar con la convocatoria es el de los honorarios millonarios que supone un concurso donde se estima que se verificarán deudas por U$S 1.800 millones. Eso motivó que la Caja Forense de la Segunda Circunscripción se sumara al coro de pedidos a favor de los Tribunales de Rosario.

“Desde lo sectorial no escondemos el interés que tenemos, que es que el trabajo profesional de nuestros abogados y procuradores se respete y que a Caja Forense ingrese el aporte por honorarios”, asumió el presidente Juan Costantini.

Al mismo tiempo argumentó que “el 80% de los negocios de Vicentin están en Rosario y la región. Si bien el juez (de Reconquista) tuvo en cuenta el artículo 3 de la ley de concursos y quiebras que dice que tiene que tener en cuenta el domicilio legal, todos sabemos que hay un domicilio legal y otro donde se ejecuta la actividad económica".

El directivo de la entidad gremial de abogados y procuradores dijo que si queda en Reconquista “la gran mayoría de los acreedores se tendrá que trasladar” 600 kilómetros, y que “hay posibilidad concreta de la influencia del poder económico sobre ese juzgado. Es una realidad. Yo no puedo decir que el juez sea parcial o no se desempeñe bien, pero yo tengo que dudar del poder económico de Vicentin en esas localidades. Por la magnitud y por la cantidad de actores comprometidos en esto, Rosario le puede dar más transparencia y seguridad jurídica a todos los acreedores”, alegó Costantini.

La hora de los papeles

La convocatoria de Vicentin es la más grande de la historia de la provincia en cuanto a monto, con acreencias por 1.800 millones de dólares, aunque no en número de acreedores. Se estima que son entre 2.000 y 3.000, muy lejos de los más de 19 mil que involucró la quiebra del BID por 1.000 millones de pesos/dólares.

Un aspecto no decisivo pero importante, como lo muestra la fotografía de tapa de hoy, es la imposibilidad material de cualquier juzgado civil y comercial de la provincia para tener en depósito, procesar y verificar una convocatoria de esta dimensión. Según opiniones que recabó Rosario/12 en el Poder Judicial, en cualquier caso será necesario dotar de personal auxiliar y disponer de un espacio especial para el almacenamiento de la documentación, o alquilar una empresa dedicada al archivo de documentos. 

Este diario se comunicó con el juez Lorenzini para conocer sobre estos aspectos, pero el magistrado declinó cualquier tipo de comentario sobre el caso y remitió a consultar en la oficina de prensa de la Corte Suprema provincial.